VALÈNCIA. La Conselleria de Medio Ambiente aún no tiene claro qué hacer con la prueba de sonometría que los conductores pagan innecesariamente en la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) a pesar de que la Dirección General de Industria lleva años advirtiéndole de que debe eliminarla. El departamento que dirige Elena Cebrián acaba de abrir una consulta pública previa a la modificación del decreto que regula esa prueba, que no se realiza en ninguna otra comunidad autónoma.
En esa consulta propone la "revisión" del Decreto 19/2004, "con el objetivo de a fin de adecuar los requisitos de comprobación técnica requeridos para la circulación de los vehículos de manera homogénea con las restantes comunidades autónomas". Preguntada por el sentido de esa revisión, la Conselleria de Economía no aclara si el fin último es suprimir la prueba tal y como le insta a hacer la Dirección General de Industria.
Y ello a pesar de que, en el propio texto con el que inicia la consulta, la Conselleria de Medio Ambiente explica que el "problema" que se pretende resolver se basa en las conclusiones de un informe de emisión sonora realizado por el área de vehículos del Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE) en julio de 2016.
En ese estudio, este organismo, dirigido por Júlia Company, alerta de que la prueba de emisión sonora tiene mayor sentido en ciclomotores y motocicletas y, por ello, en este tipo de vehículos esos parámetros ya se miden en las inspecciones periódicas en las ITV de todas las comunidades.
Además, Industria llamaba la atención sobre el hecho de que se trata de un test redundante, ya que todos los casos de inspección sonora desfavorable con efectos mecánicos en el sistema de escape son ya detectados en la propia inspección de ITV, de manera que conductores pagan dos veces por lo mismo.
Esta prueba fue impuesta por el exconseller de Territorio y Vivienda Rafael Blasco mediante decreto en febrero de 2004 y se paga como un tramo aparte dentro de la revisión periódica. Hasta 2014, el coste de esta prueba superaba los 9 euros, un sobrecoste que solo los conductores de la Comunitat han tenido que asumir –y continúan haciéndolo– hasta hoy.
Precisamente este viernes, el Consell aprobó una revisión de las tarifas de dos tramos de la revisión periódica de vehículos, el de emisiones y el de esta prueba de ruido, que a partir de ahora costará 2,4 euros mientras la Conselleria de Medio Ambiente decide si la retira o no tal y como le pide la Conselleria de Economía, que es la que ha llevado a cabo la revisión a la baja de las tarifas para ajustarlas al coste real del servicio.
Desde 2016, fecha en la que la directora del Ivace pidió por escrito a Medio Ambiente que eliminase las diferencias entre la prueba de emisión sonora en las revisiones realizadas en la Comunitat y las del resto de comunidades, la Conselleria de Economía ha reiterado la petición en varias ocasiones y la Dirección General de Medio Ambiente que dirige Joan Piquer (Compromís) ha hecho caso omiso otras tantas, ya que ni siquiera ha respondido.
Paradójicamente, su propio partido lleva años denunciando el sinsetido de mantener esta prueba a costa de aumentar los ingresos de las empresas concesionarias de ITV. Compromís incluso ha denunciado, a través de su síndic en Les Corts, Fran Ferri, que este test habría servido desde que lo impuso Rafael Blasco para enriquecer a los familiares del exdirigente popular.
El mantenimiento de la prueba también contradice una resolución aprobada por Les Corts en la que se instaba al Consell a garantizar la "igualdad de los valencianos respecto al resto de ciudadanos del Estado", ya que esta prueba no se realiza en ninguna otra comunidad autónoma. La propia Unión Europea la considera voluntaria, pero en ningún caso obligatoria.
El pasado mes de noviembre, la consellera de Medio Ambiente incluso defendió la utilidad de la prueba de emisión de ruido en los vehículos a motor en la respuesta a una pregunta planteada por el diputado no adscrito David de Miguel, que quiso saber si el Ejecutivo valenciano tenía previsto eliminar este decreto aprobado en 2004 .
En la respuesta escrita en nombre del Consell, Cebrián argumentaba que la valoración de la aplicación de la mencionada normativa era "positiva" por parte del Gobierno valenciano y, por tanto, rechazaba que contemplaran suprimirla. Añadía, además, que en caso de plantearse cualquier modificación, esta tendría que quedar sujeta a la actualización de la legislación estatal que obligaba ya a los ciclomotores y motocicletas a someterse a esta prueba y que podría extenderse a otro tipo de vehículos como los coches.