CASTELLÓ. El senador de Compromís, Carles Mulet, ha reclamado a la Dirección General de Tráfico que estudie la posibilidad de adaptar la normativa que obliga a los transportistas a acceder cuanto antes a la AP-7 con el objetivo de circular lo mínimo imprescindible por la N-340 para que puedan hacerlo en el lugar más próximo siguiendo el sentido de su ruta.
“Entendemos que se trata de tramos concretos y pequeños, que no implicaría ni un aumento de la peligrosidad ni una saturación de la carretera N-340, al tratarse estos casos puntuales de pequeños tramos de pocos kilómetros ya que, en la actualidad, se dan casos en los que los transportistas, una vez cargados o descargados deben retroceder para acceder al acceso de la autopista más próximo, cuando existe otro a pocos kilómetros, lo que conlleva un mayor consumo de combustible, emisiones a la atmósfera, menor competitividad y tiempo de llegada”, ha señalado Mulet.
El senador ha puesto como ejemplos la disyuntiva para algunos camioneros de tener que elegir entre peajes casi equidistantes unos 12 o 14 kilómetros, lo que implica tener que hacer y deshacer más de 20 kilómetros cuanto tenían un lugar de acceso más próximo y el hecho que “algunos afectados han sido multados con sanciones superiores a los 300 euros” o se les obligue a circular por carreteras alternativas a la N-340, “lo que está haciendo que el tráfico aumente de nuevo en carreteras de donde se había conseguido eliminar el paso de vehículos pesados”. La medida afecta a numerosos establecimientos de servicios que existen, puesto que para el acceso a ellos se está volviendo inviable al tener que realizar recorridos de hasta 20 kilómetros en contra de la dirección del viaje, asegura el senador de Compromís.
El senador territorial valencianista ha anunciado que reclamará clarificar esta situación a los vehículos en tránsito y ha recordado el esfuerzo que se ha realizado para reducir la peligrosidad de algunos tramos y los sobrecostes de peaje que están abonando los transportistas en ese sentido, por lo que reclamará estudiar esta posible modificación para evitar estas sanciones que no son deseadas por el sector de la logística ni tampoco por proveedores, clientes y comercios, que han iniciado una campaña de recogida de firmas en el Maestrat para reclamar actuaciones a la administración.