VALÈNCIA (EP).El presidente de la Confederació de Comerç d'Alacant, Castelló i València (Confecomerç), Rafael Torres, ha reclamado crear mesas sectoriales de trabajo para discutir sobre el anteproyecto de Ley de Comercio Sostenible en un proceso "consensuado y negociado con el sector", de lo contrario, avisa, "se puede convertir en la peor de las armas".
Torres ha lamentado que la Conselleria de Economia Sostenible que dirige Rafa Climent "no llamó al sector" antes de sacar el borrador de la futura norma "para ver qué aspectos debía recoger ni desde qué prisma se debía abordar" y aunque considera que el gobierno del Botànic "es de los más dialogantes", ha señalado en una entrevista a Europa Press que "no tiene sentido" dialogar 'a posteriori' y dar "un producto semicocinado para añadir un poco de sal o pimienta".
A su juicio, "el sector tiene que ser partícipe desde el principio" en las decisiones políticas que les afectan pero en este caso cree que han pesado más "han pesado más los compromisos políticos que la realidad del sector", dado que en el seminari de Consell en Montanejos, el pasado verano, se marcó como uno de sus objetivos impulsar esta ley antes de acabar el año.
Para Torres, "no tiene ningún sentido que nadie diga que está gobernando por el pueblo, ni para el pueblo si a quienes están afectados no se les pregunta en tiempo y forma" y así, "salen malas leyes y normativas".
Uno de los puntos sobre los que Confecomerç ha presentado alegaciones versa sobre las 'áreas de promoción económica urbana', los llamados APEU, un concepto que Confecomerç propone "sacar" de la Ley de Comercio Sostenible y sentarse a discutir sobre ellas para elaborar una "normativa específica", al igual que se está haciendo en Cataluña o Navarra, y que las convierta en un "elemento que ayude a modernizar y a potenciar el asociacionismo".
Tal y como está redactada la ley, ha alertado Torres, los APEU pueden ser como "pegarnos un tiro en el pie" y "poner en riesgo la supervivencia de las asociaciones del pequeño comercio, porque hay demasiadas puertas abiertas sobre quién puede formar parte, quién lo puede impulsar, quién lo debe controlar, dirigir, o gestionar y sobre controles de las mayorías", ha argumentado.
Por ejemplo, ha dicho, "la cámaras de comercio no se pueden meter a gestionar un APEU", siendo entidades públicas. "Deben estar gestionadas exclusivamente por entidades privadas, siempre teniendo en cuenta de manera prioritaria las asociaciones territoriales que se vean afectadas, las más representativas al menos".
Según ha explicado, una asociación territorial se basa en las cuotas voluntarias de los comercios que la integran "para conseguir cosas juntos" y abarca muchas cosas que se podrían hacer en un APEU. "Si ahora ese control lo pierden las asociaciones territoriales porque llega otro tipo de entidades que se ponen a generar APEU que obligan a los que están en su área de influencia a participar con una cuota/participación, el comercio va a optar por darse de baja de la asociación y meterse en el APEU", ha argumentado.
Además, cuando un 'área de promoción económica urbana' haya cumplido el objetivo por el que se creó, se puede deshacer y crear otra. Para el presidente de Confecomeç, "las ciudades y los barrios no se pueden desarrollar a trozos, tiene que haber una visión de conjunto y tener en cuenta a las asociaciones que llevan años en esas zonas y que saben perfectamente los problemas que hay".
Desde su punto de vista, "tiene que haber un sentido, una lógica y una programación de actividades, no que cualquiera que llegue y consiga una mayoría para desarrollar cualquier cosa".
Otra de las alegaciones de Confecomerç al anteproyecto de la Ley de Comercio Sostenible está en el punto que obliga a la Administración a revisar cada cuatro años si las zonas declaradas de gran afluencia turística (ZGAT) siguen cumpliendo los requisitos.
Al respecto, Torres ha argumentado que "la administración no tiene personal técnico suficiente" y de hecho, "ya hay cierto colapso en sacar ciertas leyes". "Si encima obligamos cada cuatro años a revisar zonas, el colapso administrativo puede ser tremendo" y se generará una "burocracia innecesaria".
A su entender, es el propio sector el que tiene que vigilar el cumplimento de los requisitos. "Cualquier asociación representativa afectada si ve que se dejan de cumplir las condiciones lo va a comunicar a la Administración para instar a iniciar el procedimiento de revisión, y si ahora una nueva zona que sí que las cumple y antes no, que lo solicite", ha sugerido.
