Cordón democrático

El 9 de enero de 2019, Partido Popular y Vox solemnizaban el “histórico” acuerdo que les permitía gobernar la Junta de Andalucía. Por primera vez en la historia democrática española, el PP le daba la llave de las instituciones y la manija de la gobernabilidad a la extrema derecha.

Desde el resto de los partidos ya advertimos del peligro que conllevaba dejar que la ultraderecha rigiera la vida de la ciudadanía.

En cualquier caso, todos estábamos avisados de lo que esto suponía. Durante la última década, el peligro de la extrema derecha había tomado forma en el resto de Europa. Hungría, Francia, Alemania, Grecia… habían dado sobradas muestras de la capacidad que tienen las ideas antidemocráticas, populistas y racistas de enraizarse en la sociedad europea. El discurso del odio ha ejercido y ejerce de canalizador de toda la frustración social latente con el proyecto europeo. 

Frente a este auge de la extrema derecha, la contestación de la derecha europea -y del resto de partidos- ha sido unánime y radicalmente democrática, propia de sistemas consolidados. Al otro lado de los Pirineos, todos los partidos franceses se unieron en segunda vuelta para combatir el peligro del Frente Nacional de los Le Pen. Por su parte, Merkel aniquiló el acuerdo de investidura en Turingia debido a que su partido alcanzaba el poder con la extrema derecha. Como decía, actitudes radicalmente democráticas que expulsaban las ideas xenófobas y totalitarias de los núcleos de poder.

Abrirle la puerta al fascismo entraña riesgos muy graves para la sociedad. El PP debería haberlo valorado más allá de sus intereses partidistas puntuales. No es lógico, desde una perspectiva democrática, gobernar con un partido que niega la existencia de la violencia de género, que defiende que durante el franquismo había elecciones y que criminaliza a los inmigrantes, cebándose especialmente con los menores no acompañados. Sin olvidar su afán por reescribir la historia a base de martillazos que intentan borrar de la memoria histórica figuras que dieron su vida por la Democracia, como es el caso de Indalecio Prieto y Largo Caballero. Cuando se gobierna con el fascismo, se es cómplice del fascismo.

Actualidad cobran las palabras de Albert Camus “toda forma de desprecio, si interviene en política, prepara o instaura el fascismo”. Una lección que debería haber aprendido Casado. Avisado estaba.

El populismo, la extrema derecha y el fascismo es un cóctel vírico muy peligroso. Una vez inoculado provoca sociedades enfermas. Las manifestaciones neozanis en Benimaclet, los actos vandálicos contra referentes y Casas del Pueblo socialistas o las “cacerías” a inmigrantes en el barrio de San Blas de Madrid dan fe de ello. Acabar con este virus se convierte en una ardua tarea que requiere de vacunas democráticas de largo alcance.

 La “patochada”, Aitor Esteban dixit, en forma de moción de censura presentada por la extrema derecha, ha vuelto a poner al Partido Popular frente al espejo. “Hasta aquí hemos llegado” sentenció Casado el pasado jueves. Ahora falta que, de las palabras, el Partido Popular pase a los hechos. Porque desligarse de la extrema derecha no es sólo hacer discursos grandilocuentes en el Parlamento. Romper con ellos es tomar decisiones audaces que aseguren el compromiso democrático del principal partido de la oposición. Es finiquitar gobiernos con los fascistas en Andalucía, Madrid y Murcia. Es asumir la obligación de instaurar un cordón democrático contra la extrema derecha de forma inaplazable.

En caso contrario, el discurso de Casado quedará en eso, en vana palabrería. Quedará para la Historia como el líder inane de un partido que contribuyó a hacer una España peor. En la que el odio se hizo presente en las instituciones y en las calles. Un pseudo líder para el olvido del que renegarán las futuras generaciones.

La mano tendida del PSOE para un acuerdo que refuerce la institucionalidad, la Democracia y la exclusión de la extrema derecha la tendrá siempre. En su última intervención en el Congreso, el presidente del Gobierno se ofreció a desbloquear la renovación del Consejo General del Poder Judicial, del Defensor del Pueblo y del Tribunal Constitucional; y, como prueba de buena fe, paralizará la reforma de la ley de elección del Consejo. No es una novedad. En todos los momentos históricos, el PSOE ha salido en defensa de la Democracia y, una vez más, no faltará a la cita.

 La incógnita por resolver es qué hará Casado y el Partido Popular. Si seguirán en los brazos de la extrema derecha o harán que España pase a formar parte de los países que han instaurado un cordón democrático al fascismo. Tiempo al tiempo.