Crimen de Polop: la Fiscalía señala el móvil de la ambición; las defensas, contra el testigo protegido

ALICANTE. El juicio por el asesinato del alcalde de Polop, Alejandro Ponsoda, se ha comenzado a dirimir este martes, trece años después de que un tiroteo a la puerta de su domicilio acabase con su vida. En esta primera sesión, se han sentado las bases de la dicotomía que se prevé plantear a lo largo del proceso, que se sigue ante el tribunal del jurado popular. En concreto, tanto la Fiscalía como la acusación particular han tratado de apuntalar la culpabilidad de los siete procesados tras subrayar la "ambición personal" que mantendría Juan Cano, el sucesor de Ponsoda en la Alcaldía, a quien se considera cabecilla de la trama que pudo haber urdido el crimen, en un reservado del club de alterne Mesalina, de Finestrat.

Las defensas de los siete procesados, por su parte, han negado las acusaciones y han descartado su respectiva participación en el asesinato de Ponsoda tras deslegitimar la que constituye una de las piezas cruciales en las que se sustenta la investigación: la declaración de un testigo protegido, portero de varios prostíbulos de la zona de Benidorm, quien señaló a los agentes de la Guardia Civil que había recibido una oferta para matar a Ponsoda y que la rechazó. A juicio de las defensas, todo el relato de ese testigo protegido se basa en mentiras, por lo que han solicitado la libre absolución de los siete procesados y el sobreseimiento de las actuaciones al considerar que no existen evidencias que les incriminen. 

Es más, los letrados defensores han tratado de deslegitimar la supuesta motivación apuntada por las acusaciones, en alusión al interés que Cano y el empresario Salvador García Ros podrían albergar para acabar con la vida de Ponsoda. Así, sus letrados han llegado a introducir otras posibles motivaciones diferentes, relacionadas con la vida personal del alcalde, como ya recogen en sus escritos de defensa, a los que se ha dado lectura durante la sesión. En concreto, varios de los letrados defensores han subrayado que el día del asesinato, Ponsoda había acudido a la sauna Adonis de Benidorm, que había asistido a una conferencia sobre el Sida, una enfermedad de la que -según inciden las defensas- el alcalde era portador desde el año 1994, y que, además, había contraído sífilis.

Por partes. En primer término, la fiscal del caso Lourdes Giménez-Pericás, ha señalado que la investigación se sostuvo a partir de dos años de investigación policial. Así, ha insistido en que se produjo una reunión en un reservado del club de alterne Mesalina en la que Juan Cano, Salvador García Ros, Pedro Hermosilla y Ariel Gatto, se conjuraron para contratar a tres sicarios para que acabasen con la vida de Ponsoda. Según la representante del ministerio público, el alcalde era una persona querida en el municipio que ganaba las elecciones por mayoría absoluta. En esta línea, ha señalado que en 2003, el acusado Juan Cano fue relegado de las listas y no se sintió apoyado por Ponsoda. 

A partir de ese momento, según la fiscal, comenzaron a circular rumores sobre la homosexualidad de Ponsoda. Y ha señalado que poco antes del crimen, el propio primer edil tuvo que escuchar por boca de Cano que "no iba a llegar en el cargo hasta las Navidades de ese año" y que tenía que dimitir. Así, ha incidido en la motivación que, a su juicio, pudo originar el crimen. Así, se ha referido "al ansia de poder" de Juan Cano al que le "molestaba" Ponsoda. Así, ha destacado que, tras el fallecimiento de Ponsoda, Cano fue investido alcalde. 

La fiscal ha reconocido la inexistencia de testigos directos sobre el tiroteo, pero ha subrayado que sí se dispone de una correlación de indicios que permiten sostener la acusación frente a los siete procesados. En este sentido, también ha subrayado las contradicciones en las que han venido incurriendo los siete acusados a lo largo de toda la investigación policial y la instrucción judicial posterior. 

Por último, ha incidido en que, desde el principio, las pesquisas policiales se dirigieron frente a Cano como responsable de inducir el crimen y, por ello, se intervinieron sus comunicaciones. Fruto de esa labor policial, según la fiscal, poco a poco se pudo ir armando el puzzle que habría permitido desentrañar tanto la autoría intelectual como material del asesinato. Así, ha defendido la profesionalidad y la independencia de los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que asumió la investigación. Y se ha referido al testigo protegido, para subrayar que su testimonio "es de vital importancia" en la medida en que "ha declarado que le ofrecieron" ejecutar el crimen y que "lo rechazó". La fiscal ha admitido que es cierto que "no se trata de una persona que haya tenido una trayectoria ejemplar", puesto que trabajaba como portero en locales de alterne de la zona, como en el propio Mesalina, y que se dedicaba a "cobrar deudas", pero ha defendido que ello no quita para que su testimonio no sea verdadero, como insisten en apuntar las defensas.

Además, se ha referido al argumento defendido por los letrados defensores, durante la fase de las cuestiones previas, para descartar que dicho testigo protegido haya resultado beneficiado por su declaración, ya que lo único que ha sucedido es que "se le ha aplicado la ley como a todas las personas que colaboran con la justicia". Es más, ha recalcado que "ha salido perjudicado por haber declarado, puesto que tuvo que abandonar el municipio de Benidorm y ha sufrido presiones", entre otros puntos. Así, ha solicitado un veredicto de culpabilidad para los siete acusados, para los que pide 25 años de prisión. Además, solicita otros dos años de cárcel para los tres presuntos sicarios por un delito de tenencia ilícita de armas. Por último, también pide una indemnización de 120.000 euros para cada una de las dos hijas del fallecido, así como el pago de 3.555,03 euros a la Agencia Valenciana de la Salud por los gastos de los 8 días que Ponsoda estuvo hospitalizado hasta que murió por las complicaciones del disparo recibido en la cabeza.

En segundo lugar, ha intervenido Vicente Guerri, letrado de la acusación particular, que ejerce la familia de Ponsoda. Guerri ha subrayado el relato de la Fiscalía y ha insistido en la "manía casi enfermiza" que los acusados considerados inductores del crimen, Juan Cano y Salvador García Ros, en colaboración con Pedro Hermosilla y Ariel Gatto (propietario y gerente del club de alterne) mantenían respecto al alcalde. Así, ha recalcado que "orquestaron" el asesinato tras ofrecer una cantidad económica a los tres autores materiales de los disparos.

Por parte de las defensas, el primero en intervenir ha sido el abogado José María Borja, letrado de oficio de Raúl Montero, quien ha negado la participación de su defendido en el crimen. Así, ha centrado su intervención en deslegitimar el testimonio del testigo protegido al sostener que era un delincuente habitual y un confidente de la policía al que se llegó a renunciar al considerar que mentía constantemente. En esta línea, ha apuntado que dicho testigo, declaró que le parecía haber escuchado el nombre de Raúl Montero como uno de los posibles contratados para perpetrar el crimen. Además, ha recalcado que el testigo protegido cuenta que él rechazó la oferta de perpetrar el crimen porque no le habían ofrecido lo suficiente y que, de manera sorpresiva, se le ocurrió contar a la policía dos años después del crimen lo que él sabía sobre el asesinato.

También ha remarcado que dicho testigo protegido sí obtuvo beneficios por su declaración, puesto que logró una nueva identidad, como también lo hizo su pareja, la considerada segunda testigo protegido, que finalmente no deberá declarar en el proceso. En esta línea, ha incidido en que no existen pruebas directas sobre la autoría del asesinato que puedan incriminar a Montero, sobre el que también ha apuntado que no es "un santo, sino que tiene antecedentes por penas que ya ha cumplido", pero eso "no implica que cometiese el asesinato". Así, ha recordado que el juzgado de instrucción de Villajoyosa "acordó el archivo de la causa" para Montero y los otros dos supuestos sicarios "por la falta de pruebas". Después, la acusación particular recurrió frente a esa decisión, y los tres volvieron a figurar como investigados. Y, a la postre, como acusados. Sobre las contradicciones en sus declaraciones, el letrado de Montero ha apuntado que su contenido se vio influenciado por las presiones" de la Guardia Civil y que después se retractó de ellas.

El defensor de Radim Rakowski, Sebastián Parrilla, ha abundado en argumentos parecidos para recalcar que el considerado presunto sicario no tiene nada que ver con los hechos.  "No existe ninguna prueba de que se haya reunido con el resto de los acusados; nadie les ha visto juntos en la vida y tampoco existen transcripciones telefónicas de conversaciones ni correos electrónicos", ha incidido. También ha incidido en que no se han encontrado las armas utilizadas por "los verdaderos autores" y ha insistido en que el único testimonio que apunta a la participación de su defendido es el del testigo protegido, a quien ha tildado de "embustero". Es más, ha insistido en que su propia versión había cambiado en varias ocasiones y que las acusaciones se basan "en meras conjeturas".

Además, el letrado de Rakowski ha apuntado que existían otras personas mantenían relaciones de enemistad con Ponsoda por cuestiones relacionadas con la gestión del urbanismo municipal o con la posibilidad de que él pudiese haber contagiado el virus del Sida a otra persona. "Es un buen motivo para que alguien pudiese decidir vengarse", ha señalado. Así, ha recalcado que existían otras posibles líneas de investigación sobre personas que podían creer que tenían motivos para acabar con la vida del alcalde y se ha lamentado de que no se haya aceptado la petición de declaración de la doctora que trató a Ponsoda de su enfermedad.

El letrado de uno de los presuntos sicarios apunta a un presunto contagio del Sida como posible motivo de venganza de alguien frente a Ponsoda

La letrada de Robert Franek, Marina Ivanova, ha reiterado parte de esos argumentos, como el archivo de la causa para su defendido, decretado por el juzgado de Villajoyosa. Así, también ha insistido en defender su inocencia y ha tratado de desacreditar también al testigo protegido para sostener que pudo haber delinquido al no haber informado sobre lo que sabía en relación al asesinato hasta dos años después. Igualmente, ha señalado que dicho testigo protegido "era un delincuente habitual".

El abogado de Ariel Gatto, Jaime Jesús Pérez, ha abundado en la tesis de que todo el relato de la acusación es una mera fábula. Y en parecidos términos se ha pronunciado Francisco González, el abogado de Pedro Hermosilla, propietario del club Mesalina, quien ha incidido en la indefensión a la que se habría sometido a los acusados durante los años en los que se ha prolongado la instrucción. Así, ha vuelto a subrayar la falta de confianza de la propia policía en el testigo protegido quien dejó de contar con él como confidente antes de que tuviese lugar el asesinato de Ponsoda.

También ha subrayado la falta de credibilidad del testigo protegido el letrado defensor de Salvador García, Jorge Martínez. "Le hemos cogido muchas mentiras durante la instrucción", ha incidido. Así, ha considerado que la versión de dicho testigo tuvo la utilidad de servir para dar una solución al proceso de investigación, sin llegar a explorar otras posibles hipótesis como origen del crimen como la vida familiar y sexual de Ponsoda, o su enfermedad. Además, ha negado el supuesto interés de su defendido en la muerte del alcalde, al señalar que fue quien autorizó los permisos necesarios para que Salvador García pudiese abrir su negocio en Polop.

Por último, el abogado de Juan Cano, Javier Boix, se ha ratificado en las posiciones de los defensores precedentes. Así, ha remarcado los que ha considerado como puntos débiles de la investigación el hecho de que hasta la Fiscalía llegase a admitir el sobreseimiento de la causa para los considerados tres supuestos sicarios, cuando el juzgado de Villajoyosa adoptó esa resolución. En esta línea, ha defendido que su representado, Cano, es inocente y que no indujo a nadie a hacer daño a Ponsoda. También ha insistido en que "no era rival político" del alcalde y que "tampoco le movían intereses urbanísticos". Así, ha remarcado que se pondrá de manifiesto en el juicio que Cano y Ponsoda "pertenecían a la misma facción" del Partido Popular (PP) y que "no entró en la lista electoral del PP, fue por decisión del partido, no de Ponsoda, después de que figurase una denuncia en el juzgado" sobre unos supuestos sobornos. "Cuando esa denuncia se archivó, volvió a figurar en la lista como número 2 por detrás de Ponsoda", incidió. Y sobre el supuesto interés de Cano en crear una gestora de Urbanismo cuando no era concejal, Boix ha señalado que esa propuesta fue de Ponsoda, no de Cano. 

También ha recalcado que la causa estuvo secreta durante dos años y que los investigadores se encontraron "en un serio problema" sin que se tuviese en cuenta la posibilidad de abrir otras hipótesis. Así, ha apuntado que, según el sumario, Ponsoda había recibido amenazas y que había manifestado su intención de acudir a Valencia "a solucionarlo". En su opinión, llegó un momento en que "la investigación se tenía que cerrar y se cerró mal". Así, ha reiterado las "mentiras" y "contradicciones" del testigo protegido, "los beneficios que obtuvo, junto a la otra testigo protegido", así como el propio relato de un agente de la Guardia Civil, que llegó a definir al testigo protegido como mentiroso. "No entendemos cómo se da valor a este testigo frente a otra serie de testimonios", ha incidido. Y, por último, ha destacado el hecho de que la propia Audiencia acordase la libertad provisional de los siete acusados, tras entender que "los indicios de la investigación eran muy débiles; si no, no los pone en la calle". Ahora, según ha insistido, "se habla de que valoremos esos indicios, que no prueba de cargo", porque "no hay prueba de cargo ni indicio de que el señor Cano convenciese a nadie para que matase al señor Ponsoda". "Apliquen el sentido común", ha apostillado, dirigiéndose al jurado: "¿Alguien encargaría matar a alguien por decisiones urbanísticas cuando el concejal era él?", ha añadido.

Los escritos de defensa

Al darse lectura de los respectivos escritos, ya se había puesto de manifiesto, a partir de la posición mantenida por el letrado de Cano que "no es cierto" que sintiera "animadversión o rencor" alguno hacia Ponsoda. En ese escrito se recalca que en los últimos años había colaborado con él tanto en el ayuntamiento, como su primer teniente de alcalde y concejal de Urbanismo, como en el PP local.

También se rechaza en ese escrito, tal y como sostiene la Fiscalía, que la supuesta enemistad de Cano con Ponsoda se hubiera fraguado en 2003 cuando quedó relegado en la lista electoral, con el argumento de que en aquella decisión no tuvo participación Ponsoda sino la dirección provincial del partido, y añade que el equívoco que le postergó en esa candidatura se subsanó en las elecciones de 2007 al situarle como número dos del alcalde. Del mismo modo, el escrito de defensa de Cano subraya que no tuvo relación con el resto de acusados y que solo conocía mínimamente al empresario Salvador García por ser vecino de la población. 

En el escrito de Salvador García, se acusa al testigo protegido de "fabulador" y de incurrir en "infinidad de contradicciones" antes de opinar que su testimonio llegó tras dos años de investigación policial sin resultados. En este "escenario inadmisible para quien resuelve un asesinato" este "conocido confidente de otros cuerpos de policía" quien, a su juicio, ofreció "una solución engañosa" que dio unos "cabezas de turco para justificar la investigación que no había sabido aclarar el asesinato de todo un alcalde".

El escrito del gerente del club de alterne Mesalina, donde supuestamente se gestó el crimen, Ariel Gatto, se señala que este testigo "con múltiples antecedentes" y "conocido por sus trapicheos" les había implicado falsamente pese a su "nula credibilidad" dentro de una "fábula bien inventada". Entre las falsedades que, según su visión, habría ofrecido se cita que dice que escuchó cómo se fraguaba el crimen en 2007 cuando, según se demuestra por su vida laboral, este testigo no empezó a trabajar en el Mesalina hasta julio de 2008.

El escrito de uno de los supuestos sicarios, Raúl Montero, se pone de manifiesto que el testigo protegido habría vertido "mentiras en su declaración a cambio de muchos beneficios" y ha destacado que la investigación no halló ni las armas utilizadas ni huellas dactilares que incriminen a los acusados.

Los escritos de los otros dos presuntos sicarios, los checos Robert Fanek y Radim Rakowski, también niegan su implicación y coinciden en que nunca dispararon ni estuvieron en el lugar de los hechos, la pedanía de Xirles donde vivía el alcalde de Polop.

El juicio por el procedimiento del tribunal del jurado ha arrancado finalmente este martes en la Audiencia de Alicante, casi 13 años después de que se produjese el tiroteo mortal que acabó con la vida de Ponsoda, el 19 de octubre de 2007. La vista está programada en 13 sesiones hasta el próximo 30 de enero, en las que se ha previsto la declaración de cerca de un centenar de testigos.