Los síndics de Compromís, Fran Ferri; Unides Podem, Naiara Davó; y PSPV, Manolo Mata. Foto: KIKE TABERNER VALÈNCIA. Después de Compromís y el PSPV, es el turno de Unides Podem. El grupo parlamentario que dirige Naiara Davó presentará este miércoles en rueda de prensa las enmiendas que quiere presentar a la Ley del Juego de la Comunitat Valenciana que actualmente se tramita en Les Corts. Un proyecto de ley que el pleno del Consell aprobó en octubre del año pasado para actualizar la norma de 1988 con la intención de prevenir y proteger a los menores ante el auge de la ludopatía en la autonomía.
A pesar de ser socios de Gobierno, socialistas, valenciansitas y morados han roto con esta ley una de sus costumbres. Y no una cualquiera: la de presentar las modificaciones a las leyes que parten del Consell de manera conjunta. Es decir, una de las prácticas más importantes que venía practicando el Botànic si se tiene en cuenta la imagen de unidad que pretendían trasladar con ello.
Huelga recordar a este respecto, de hecho, el roce que surgió en septiembre entre PSPV y Compromís después de que el síndic de los valencianistas, Fran Ferri, pidiera a Puig que fuera "valiente" y se sumara a la reivindicación de su formación que exigía al Gobierno entonces en funciones de Pedro Sánchez una financiación "justa" para los valencianos. "El Botànic es un gobierno a tres, no monocolor y socialista", dijo Ferri. La declaración pronto fue rebatida por el síndic socialista, Manolo Mata, que le recordó que el Consell no era la suma de tres organizaciones políticas, sino un único gobierno.
Sin embargo, esta tesis se ha desdibujado en esta ocasión. Y aunque los partidos del Ejecutivo valenciano restan importancia a que cada uno haya hecho camino por su cuenta, lo cierto es que las propuestas de enmiendas de cada uno exhiben las diferencias que tienen sobre distintos aspectos de la ley. Algo que no ha ocurrido anteriormente porque consensuaban primero un texto intermedio para presentarlo como una idea del Botànic.
Así, por ejemplo, una de las principales diferencias que mantienen en la Ley del Juego es la distancia mínima a los colegios que tendrán que respetar todos aquellos que quieran instalar una nueva casa de apuestas. Los socialistas quieren que ningún salón se establezca a menos de 700 metros de cualquier centro escolar, mientras que valencianistas y morados se muestran más ambiciosos y piden que el rango mínimo sea de un kilómetro.
Otro de los puntos donde se esperan más disensiones es, además, el veto de insertar publicidad institucional en los medios que anuncien apuestas. Una cuestión sobre la que ya discreparon PSPV y Compromís en la Ley de Acompañamiento de 2019 después de pactar una enmienda a la Ley de Publicidad Institucional e interpretar de forma diferente el texto que finalmente fue aprobado. Ahora, el grupo liderado por Ferri quiere retomarlo para ampliar esa prohibición.
Con todo, habrá que esperar hasta que los partidos presenten finalmente sus enmiendas en el registro para examinar qué es lo que han presentado de forma conjunta o si, después de tanto anuncio, registran alguna por separado con sus pretensiones.
Una de las soluciones que podría hallar el Botànic a uno de los apartados de la ley -en concreto al de la distancia a los colegios- es pactar un espacio intermedio: entre los 700 que propone el PSPV y los 1.000 de Unides Podem y Compromís. Paradójicamente la enmienda del PPCV en este sentido, que plantea que sean 800 metros, podría ser el punto en el que se encontraran los socios del Gobierno valenciano.
