Cueste lo que cueste

Cuando Ximo Puig habló en su discurso del pasado 9 d’Octubre de la necesidad de "fortalecer" la colaboración público privada porque "el sistema público y el sector privado son las dos caras de una misma moneda, dos caras que se necesitan; sin obstáculos administrativos, sin prejuicios, con eficiencia y diálogo social" estaba pensando en Global Omnium (Aguas de Valencia, Egevasa, l’Oceanogràfic...), Baleària, Eresa, One Million Bot o la Fundación Ellis, por citar al azar algunas de las miles de empresas privadas que ganan dinero colaborando con las administraciones públicas, pero no en Ribera Salud, a la que a la misma hora que en Presidencia le escribían el discurso a Puig, en Sanidad le estaban redactando la carta de 'despido' del Hospital de Torrevieja, uno de los más eficientes de la red valenciana, según la Sindicatura de Comptes.

Despido procedente, legal, en realidad una "no prórroga" de un contrato que vence y cuya prórroga de cinco años estaba supeditada al acuerdo entre la Generalitat y la concesionaria. En cumplimiento, además, de los pactos del Botànic que Compromís y Podemos, mucho más coherentes que Puig, han hecho valer frente al PSPV. Y sin la acritud que mostró Montón cuando lo de Alzira, solo comparable a la de Oltra con las monjas del centro La Resurrección de Segorbe que pagaron sin motivo —como ha ratificado el Supremo— por los escándalos en otros centros de menores públicos y privados cuyos responsables se fueron de rositas.

Despido procedente, decía, pero irracional desde el punto de vista de la eficiencia de los recursos públicos. No estamos para malgastar. Algunos altos cargos en la Generalitat se echan las manos a la cabeza por el coste económico de la medida, que ni siquiera saben cuál es.

Es impensable que una empresa adquiera un centro de producción sin hacer un estudio de cuánto le va a costar. En la administración valenciana es diferente, ya ocurrió con la concesión de La Ribera y ahora con la de Torrevieja: se decide asumir la gestión pública de las áreas de salud sin haber hecho un cálculo del impacto en los Presupuestos. Es más, la Generalitat no ha querido evaluar cuánto nos ha costado la reversión del área de salud de La Ribera que se hizo efectiva hace dos años y medio.

En Ribera Salud calcularon poco antes de la pandemia que Alzira nos costaba 76 millones más al año que cuando la gestión era privada, con una plantilla de 800 empleados más para lograr el increíble resultado de unas listas de espera que no dejaban de crecer y una saturación en algunas pruebas como las resonancias que obligó a la gerencia a llamar a la empresa privada Eresa (Grupo Ascires) para evitar el colapso. 

Los datos —recogidos de fuentes oficiales— son de antes de la pandemia y Puig los conocía. Que Oltra le calcule al president cuántos centros públicos de la tercera edad se podrían construir con 76 millones al año en lugar de tener que adjudicarlos a empresas privadas. De la satisfacción de los usuarios de La Ribera no sabemos nada porque la Conselleria dejó de publicar las encuestas de satisfacción al año siguiente de la reversión. Casualmente.

Puig estaba por prorrogar la concesión del hospital público de Torrevieja, pero entre asumir el coste político personal o el coste económico para la Generalitat ha preferido lo segundo. Lo podremos pagar gracias a la deuda infinita generada por la barra libre que Montero ha dado a las CCAA para afrontar la pandemia y a la excusa de la infrafinanciación, que viene muy a mano para tapar los excesos. Irá tan camuflado que nadie lo atribuirá a la mala gestión.

Que el contrato de Torrevieja finalizaba el 15 de octubre de 2021 se sabe desde hace aproximadamente 15 años, pero al Gobierno del Botànic no le ha dado tiempo en cinco años —no le interesaba, ya tuvo bastante con el informe de la Sindicatura de Comptes, que le salió rana— a calcular si le convenía una prórroga de cinco años en los que la empresa se comprometía a invertir 40 millones de euros. Es ahora, una vez tomada la decisión, cuando Sanidad va a estudiar qué hace con los 1.500 trabajadores, si contrata a más gente, cuánto tiene que invertir y qué coste adicional respecto a lo que ahora a la concesionaria va a tener todo eso. Defender lo público por el hecho de ser público aunque no sea eficiente es atacar lo público.

En la comunicación enviada a la empresa que dirige Alberto de Rosa, la subsecretaria de Sanidad, Mónica Armiñana, justifica la no prórroga de manera somera: "para la mejor defensa del interés público y velando por todos los ciudadanos de la Comunitat Valenciana". Y ya.

Más extensas fueron las explicaciones de la consellera Ana Barceló, según la cual la reversión busca garantizar "una mejor prestación, más equitativa, eficiente y de calidad y que no suponga un perjuicio económico para la Generalitat". Es decir, todo lo que no consiguió con la reversión de Alzira.

El broche lo puso la consellera con este argumento que firmaría la embajadora Montón: "La inversión en mejorar la salud de los valencianos y las valencianas no puede estar condicionada a reducciones de costes encaminadas a la obtención de beneficios". Ah, es por los beneficios. 

Este mes se cumplen dos años del fin del contrato de las resonancias magnéticas, ese que la Sindicatura de Comptes dijo que era gravoso para las arcas públicas, al contrario que el de Torrevieja, sin que el departamento que dirige Barceló tenga intención de acabar con los pingües beneficios que se embolsan Eresa y compañía. En esto lleva la consellera dos años sin hacer nada "para la mejor defensa del interés público y velando por todos los ciudadanos de la Comunitat Valenciana", porque la fiebre reversionista empieza y acaba en Ribera Salud.