Rubén Martínez Dalmau. Foto: CORTS/INMA CABALLERVALÈNCIA. El vicepresidente segundo y conseller de Vivienda y Arquitectura Bioclimática, Rubén Martínez Dalmau, comparecerá el próximo miércoles en la comisión de Obras Públicas de Les Corts Valencianes. Pero curiosamente no lo hará sobre ningún asunto que tenga que ver con su gestión en el Consell, sino por la financiación que recibió la Fundación Centro de Estudios Políticos y Sociales (CEPS) mientras él la presidía.
La petición de comparecencia fue registrada por el grupo parlamentario Vox -en concreto, del diputado David García- y se acumula a otra que había solicitado el PP con el mismo motivo tras conocerse en 2019 que la Generalitat reclamó a esta fundación el retorno de una subvención que le concedió a CEPS mientras Dalmau era presidente de la misma porque esta no había presentado en tiempo y forma los justificantes de gastos realizados con esta ayuda.
El orden del día, según fuentes parlamentarias de PSPV y Compromís, ha despertado cierto malestar en el número tres del Ejecutivo valenciano por diferentes motivos. Según explican, en primer lugar, porque el tema que se aborda no tiene que ver con su gestión; y en segundo, por la comisión en la que se enmarca su comparecencia, la de Obras Públicas que preside el Botànic. Una versión que, no obstante, el citado departamento oficialmente niega -si bien voces internas confirman que existe tal malestar- y aseguran que el vicepresidente acudirá a Les Corts a comparecer cuando así lo desee la Cámara. Sin embargo, diferentes fuentes del tripartito aseguran que desde el departamento de Dalmau se tanteó la posibilidad de modificar el orden del día y, en caso de tener que celebrarse la comparecencia, que esta se realizara en la comisión de Gobernación.
Pero a diferencia de la legislatura pasada, en este mandato son los grupos parlamentarios los que solicitan los puntos que quieren introducir en las comisiones a la Mesa de Les Corts y esta es la que lo ratifica. En esta Mesa, Unides Podem cuenta con la participación de la diputada Cristina Cabedo, que podría haber manifestado su disconformidad con que este punto se llevara a esa comisión y no a otra. No obstante, según señalan fuentes de la Mesa presentes en la reunión, no puso objeción la semana pasada y, por tanto, ahora la Mesa de la comisión que integran PSPV, Compromís y PP no puede modificar el orden que ya ha sido autorizado por el órgano superior, por lo que Dalmau tendrá que acudir el día y a la comisión señalada en el calendario.
Para entender el lío que se ha generado, conviene remontarse a 2019, cuando Conselleria de Transparencia, a través de la dirección general de Cooperación y Solidaridad, reclamó a la Fundación CEPS el reintegro de un total de 21.618,70 euros. Una cuantía que se correspondía a una subvención concedida por la Generalitat Valenciana en 2010, durante el gobierno del PP. ¿El motivo de la exigencia? No se acreditaron justificantes de gasto realizados con ese dinero que el Consell concedió para la celebración del proyecto de "Género y Democracia en América Latina" en la etapa en la que la presidencia de la Fundación la ocupaba el vicepresidente segundo y conseller de Vivienda, Rubén Martínez Dalmau.
De los más de 20.000 euros que reclamaba Transparencia, 15.625,95 euros se correspondían a la propia ayuda y el resto en concepto de intereses de demora por la dificultad que tuvo la Administración para comunicar el procedimiento a CEPS, que se encuentra en proceso de disolución desde 2016.
No en vano, la dirección general de Cooperación y Solidaridad tuvo que acudir al Boletín Oficial del Estado para reclamar la deuda ante la imposibilidad de localizar a ningún responsable de la Fundación. Primero, en octubre de 2018, Transparencia dio por vencido el plazo para que la entidad presentara los justificantes de gasto oportunos, pero al no poder localizarla en varias ocasiones para notificarle tal decisión, emitió en marzo de 2019 otra resolución por la que se acordaba el reintegro de la subvención concedida. Esta vez, tampoco consiguió notificarlo a pesar de dirigirse al domicilio de la entidad -en la calle Carniceros-, por lo que terminó publicándose el anuncio en el BOE.
En ese momento, la Fundación presentó alegaciones para sortear el abono, pero justo en diciembre de ese mismo año -2019- un anónimo pagó en una ventanilla de una sucursal del Banco Santander la cuantía que adeudaba, como publicó el diario Las Provincias. Una circunstancia que despertó numerosas suspicacias entre los grupos de la oposición -aunque también en el Botànic- ya que a día de hoy sigue sin saberse quién lo realizó a pesar de que la ley antiblanqueo obliga a revelar su identidad y despejar la incógnita.
La Conselleria de Transparencia trasladó al PP -que había realizado una petición de documentación- la respuesta que dio la Agencia Tributaria Valenciana para no desvelar la identidad del anónimo que saldó los 21.618,70 euros que la Fundación CEPS, vinculada a varios cargos de Podemos y de la que Dalmau era socio fundador, adeudaba a la Generalitat. La contestación de la ATV explicaba que el pago de ese montante de dinero se realizó por ventanilla en una sucursal de la calle de las Barcas de València y por lo tanto era imposible facilitar la identidad de la persona que lo realizó.
Una respuesta que, no obstante, choca con el reglamento de la ley antiblanqueo establece que las transacciones económicas que superen los 1.000 euros tienen la obligación de contar con la identificación de quien la realiza.
Ahora, un año después, el vicepresidente segundo del Gobierno valenciano y conseller de Vivienda, Dalmau, comparecerá en Les Corts a petición de Vox, si bien en su día el Partido Popular ya reclamó su intervención por haber sido quien presidía la Fundación CEPS cuando se produjeron todos estos hechos.
