José Ignacio Goirigolzarri y Gonzalo GortázarVALÈNCIA. La posible fusión entre Bankia y CaixaBank ha despertado todo tipo de reacciones en el seno del tejido empresarial y la esfera política suscitando todo tipo de opiniones que van desde la cautela, la preocupación por el futuro de la plantilla hasta el miedo a una "privatización encubierta".
Así, mientras algunos miembros se mostraban cautelosos a la hora de valorar la operación, como la vicepresidenta cuarta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera; otros como el secretario de Estado de Derechos Sociales, Nacho Álvarez, rechazaba frontalmente lo que considera una "reprivatización". Por su parte, los sindicatos mostraban su temor ante el impacto que esta decisión podrá tener en las plantillas de las entidades financieras.
El ministro de Consumo, Alberto Garzón, señalaba que CaixaBank y Bankia deben dar más información de su proceso de fusión y subrayaba que hay que "recuperar" el dinero del rescate de Bankia y "la mejor manera es manteniendo la participación pública". "Necesitamos más información del proyecto", ha sostenido el ministro, que ha recordado que los ciudadanos pagaron más de 20.000 millones euros para rescatar Bankia y que se han recuperado 3.000 millones. A su juicio, "ese dinero hay que recuperarlo y la mejor manera es mantener la participación pública".
La vicepresidenta cuarta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, señalaba que el Gobierno tendrá que seguir de cerca el proceso de fusión "en favor del interés general del país y de todos". "Yo creo que están en ello trabajando y que tendremos que seguir de cerca --la operación--- en favor del interés general del país y de todos", remarcaba.
El secretario de Economía de Podemos y secretario de Estado de Derechos Sociales, Nacho Álvarez, consideró "preocupante" una posible fusión de Bankia y CaixaBank por los riesgos que conlleva para la competencia del mercado, la estabilidad del sector financiero, el empleo en las entidades y la recuperación de ayudas, y rechazó una "reprivatización" de la entidad presidida por José Ignacio Goirigolzarri.
Reivindicó la necesidad de contar con "una banca pública eficiente" para "impulsar la modernización del tejido productivo", por lo que consideró que "el Estado no debe abandonar su participación en el capital reprivatizando la entidad", en referencia a Bankia, que según ha recordado fue saneada gracias a 24.000 millones de euros públicos.
En la misma línea, Anticapitalistas y Más País, dos formaciones escindidas de Podemos, exigían al Gobierno que evite la "privatización encubierta" de Bankia e incidían igualmente en su rescate con dinero público.
La Confederación Intersindical de Crédito (CIC), sindicato de las antiguas cajas que llevó a los tribunales la salida a bolsa de Bankia y en cuyo juicio ejerció la acusación popular, desconfía del proyecto de fusión, que calificó de "drama para el empleo y para la economía". En declaraciones a Efe, el presidente de CIC, Gonzalo Postigo, se mostró convencido de que la operación, cuyas negociaciones confirmaron anoche ambas entidades, se ha gestado, "con discreción", durante el confinamiento obligado por la pandemia de coronavirus, porque algo así "no ocurre de la noche a la mañana".
Los secretarios generales de CCOO, Unai Sordo, y de UGT, Pepe Álvarez, solicitaron "medidas no traumáticas" para las plantillas de Caixabank y Bankia si se completa la fusión. "Desde luego, CCOO lo que va a hacer va a ser velar porque los criterios laborales que se puedan dar, porque siempre que hay una fusión esto tiene algún tipo de efecto en las relaciones laborales y en el número de las plantillas, que en todo caso las medidas no sean traumáticas", Subrayó Sordo.
Por su parte, el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, se mostró convencido de que en un proceso de fusión de "dos entidades tan importantes y con tantas sucursales como Caixabank y Bankia, sin lugar a dudas y más allá de otras connotaciones, va a haber recorte de plantillas", por lo que expresó su "preocupación" y trasladó a las dos entidades "la necesidad de mantener el empleo".
La Asociación de Usuarios Financieros (Asufin) consideró que la potencial operación de fusión supone un importante movimiento de concentración bancaria que "es preocupante y limita la competencia". "La fusión generaría una entidad "demasiado grande para caer" ('too big to fail'), lo que siempre representa un riesgo para el consumidor", auguró.
Desde otro punto de vista, la vicesecretaria de Sectorial del PP, Elvira Rodríguez, consideró el hecho como una "noticia positiva" para la economía, pero pidió que todo se haga con "transparencia". Reclamó, además, protección para los clientes y trabajadores de las dos entidades, y que la vicepresidenta económica del Gobierno, Nadia Calviño, acuda al Congreso para informar sobre la integración.
Rodríguez subrayó que España precisa de un sistema financiero "fuerte, competitivo y bien gobernado" y reprobó las reservas de Podemos al apuntar que pese las "insinuaciones marxistas de una parte del Gobierno sobre la banca pública" este tipo de operaciones constituyen "una garantía" para que fluya el crédito y se logre un entorno de mayor solvencia.
A nivel autonómico, el vicepresidente del Govern catalán, Pere Aragonès, avisó de que estará "atento" para que, pese a la fusión, CaixaBank mantenga su "vinculación con las entidades financieras y el tejido productivo del país".
La sede de esta entidad catalana está en Valencia desde 2017 y el presidente de la Generalitat Valenciana, el socialista Ximo Puig, entiende que "lo lógico y lo razonable" es que la entidad resultante continúe en esta ciudad, algo que supondría "un hito muy positivo" para la Comunidad Valenciana.
También el alcalde de la ciudad, Joan Ribó, ha apostó por mantener la sede en Valencia y confió en que el nuevo banco tenga "ADN social"
