De presupuestos y despropósitos

Nuestras comunidades son una enorme y compleja estructura, cuya base socioeconómica debe de estar formada por una sociedad civil lo más libre posible y por un sector económico dinámico y que sea productivo (básicamente formado por el sector privado) para que, como por ejemplo explica Jean-Jacques Rousseau en su Contrato Social, genere excedentes que serán consumidos (impuestos) por el Sector Público en el funcionamiento de su administración y en general de todo el Estado del Bienestar (que diríamos hoy). Ese flujo económico, entre consumo de tributos (y demás ingresos) y el gasto para producir los servicios que satisfagan las necesidades públicas, se sustancian en un documento fundamental para el parlamentarismo llamado presupuesto, ya sean Presupuestos Generales del Estado, Presupuestos de la Generalitat Valenciana, aunque cualquier organización incluso en nuestra propia familia, casa o negocio tenemos el nuestro propio, y del que vamos a tratar.

Este presupuesto, o plan económico para aplicar las políticas gubernamentales, posee diferentes perspectivas, por ejemplo tiene un siempre difícil equilibrio entre los ingresos y los gastos; así de hecho existe la teoría de que cuando uno está en crisis o recesión, puede o incluso para los Keynesianos debe endeudarse el Estado, mientras que cuando existe crecimiento deben de ser eliminadas o reducidas al máximo esas deudas para que cuando vuelva la siguiente crisis, que siempre la hay pues la economía es cíclica, cosa que los especuladores y sus acólitos no entienden, podamos otra vez endeudarnos, y así ad infinitum en el ciclo presupuestario.

Y en España como va ese ciclo ad infinitum; pues de una forma muy resumida veamos, ahora mismo estamos en un ciclo de crecimiento económico (el último de recesión fue 2013 con un decrecimiento del PIB del -1,7 %) que se inició en el 2014 con un incremento del 1,4 % del PIB que pasaría a ser un 3,4 % en 2015, un 3,3 % en el 2016, un 3 % en 2017 y en este pasado 2018 un 2,6 % (según el dato adelantado en la presentación del proyecto de presupuestos del 2019-PPGE/2019), por lo que según el razonamiento del párrafo anterior debería haber disminuido la deuda pública española considerablemente. ¿Qué pasó realmente? En el último año de la recesión, 2013, la deuda del Estado era un 95,5 % del PIB, y en 2018 (según el PPGE/2019) es del 96,9 %, aunque según ese mismo proyecto en este 2019 se reducirá hasta el 95,5 % del PIB, cuando ya algunos hablan de una suave desaceleración, de hecho el Banco de España en junio del año pasado hablaba para el presente año de un crecimiento en torno al 2,4 % y en el PPGE/2019 se prevé de un 2,2 %. Además, ya saben que existe una previsión de incremento de los gastos públicos, por ejemplo el sobrecoste de las pensiones al unirlas a la inflación producirá un incremento en diez años de 100.000 millones de euros según una opinión publicada esta semana por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal. Los datos, de tan ciclópeos, se tornan indigestibles para cualquiera.

Y entonces nuestra Comunitat, infrafinanciada por los PGE, cómo nos va. Los datos son bastante tercos e incluso crueles; pues aunque aceptemos esos 20.000 millones de euros de infrafinanciación calculados por el conseller de Hacienda y Modelo Económico, Vicent Soler desde el año 2002, a mitad del 2017 de infrafinanciación (como recogió en un artículo Valencia Plaza), recordemos que la Sindicatura de Comptes (SINDICOM) en su informe de diciembre de 2016 la había precisado para el 31 de diciembre de 2015 en algo menos, 14.380 millones €, sólo decirles que en el 2013 la autonomía valenciana debía 32.459 millones €, y que al final del 2017 se debían 46.180 millones € (todos los anteriores datos son del informe del SINDICOM), a lo que hay que añadirle el déficit de este año, porque la bola de nieve de nuestro pasivo financiero (lo que recibimos al año prestado) se va haciendo cada vez más grande si en el 2018 estaba presupuestados en 5.239 millones de €, en 2019 está previsto que sean 5.533 millones de €, y teniendo en cuenta que el presupuesto de gastos consolidado es de 22.096 millones de €, la conclusión es que vivimos de prestado una cuarta parte del año, el último trimestre del año vivimos a cargo de los demás, está situación tampoco puede ser ad infinitum. Porque para no seguir aburriéndoles con más datos Macroeconómicos, en este sentido, concluiremos que no nos estamos preparando del todo lo bien que sería deseable para la próxima crisis.

Siguiendo con las cifras y los informes del SINDICOM, en su último de diciembre de 2018, cómo ha sido la gestión pública realizada por el Govern del Acord del Botànic en el 2017, pues hay para todos. Para empezar se afirma que el inmovilizado no financiero (las pertenencias de la GVA) que ascienden a 17.940,8 millones de € “no se encuentran recogidas en un inventario completo y actualizado al cierre del ejercicio que permita su conciliación con los registros contables”. Es decir que no se puede comprobar si lo calculado como patrimonio (permítanme la vasta expresión) existe o no, o si falta o si sobra; no se puede conciliar lo contable con lo real.

Además existen otros gastos, o forma de gastar que, según el SINDICOM, vulneran la ley 1/2015 de Hacienda Pública del Sector Público Instrumental y de Subvenciones de la GVA; en concreto su artículo 39.2 que recoge uno de los principios presupuestarios básicos: no puede haber “gastos contraídos sin cobertura presupuestaria” (SINDICOM dixit) y que se registran en la cuenta 409 ('Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto') cuyo saldo a 31 de diciembre de 2017, es de 963,7 millones €, la friolera de casi 1.000 millones €, y que según el apartado cuatro de ese mismo artículo 39 tendrían la consideración de nulos, con las consecuencias legales que deberían tener.

Después aparecen dos figuras utilizadas en cantidades importantes, pues son mil millonarias, que provienen del mundo privado, incorporadas y utilizadas por gobiernos anteriores, pero mantenidas por el Botanic, como son el enriquecimiento sin causa o injusto y el confirming, y si la primera no figura en sí entre las diferentes Técnicas del gasto (Nominas y gastos de personal, Contratos , Transferencias, etc), la segunda no estaría permitida por los límites temporales fijados por la ley de contratos en cuanto el pago.

Porque recordemos que el SINDICOM fija en 1.115,5 millones € el montante total de expedientes de resarcimiento o enriquecimiento injusto, que además se halla prohibido con carácter de principio general del Derecho y que la Sentencia del Tribunal Supremo de 29 de febrero de 2008 estableció que no puede derivar o ser consecuencia de unos pactos libremente asumidos (por lo que en nuestro caso sería consecuencia de una actuación innombrable por parte de la Administración) y cuya acción viene regulada en el artículo 1964 del Código Civil como acción personal. Lo que nos llevaría, o debería llevar, a hablar realmente de la responsabilidad patrimonial del Estado cuando éste actúa ya sea “sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos”, como regula tanto la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, como la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, de donde se establece que cuando esta se produce se debe resarcir al perjudicado ( en el 2017 insisto fueron 1.115,5 millones €), pero que en el apartado 3 del artículo 36 (Ley 40/2015) establece que “la Administración instruirá igual procedimiento a las autoridades y demás personal a su servicio por los daños y perjuicios causados en sus bienes o derechos cuando hubiera concurrido dolo, o culpa o negligencia graves”; no digo más.

La otra figura, el confirming, según el SINDICOM va en contra de los treinta días para pagar a los proveedores que establece la Ley de esta forma tan clara: “Los pagos a proveedores efectuados a través del sistema de confirming no se atienen al plazo máximo de pago establecido en el artículo 216.4 del TRLCSP”. Y recordemos quem como recoge la tabla del SINDICOM de acreedores no presupuestarios, se pagaron 1.097 millones € en confirming 1 y 454 millones € en confirming 2, es decir se han pagado unos 1.500 millones € de una forma que la “normativa de contabilidad pública aplicable no contempla criterios de registro para este tipo de operaciones” aunque “en el ámbito privado, el tratamiento contable del confirming está recogido en la consulta 10 del BOICAC 38, de junio de 1999”. Además y siguiendo con el pago a los proveedores el informe también afirma que deja mucho que desear, pues el periodo medio de pago “el PMP ha superado, en todos los meses de 2017 excepto en diciembre, el plazo máximo de treinta días previsto en dicha normativa. La demora máxima corresponde al mes de septiembre, con un periodo de 58,65 días, mientras que en el mes de diciembre el periodo medio ha sido de 29,45 días”. Todo lo anterior produciría un efecto dominó en la economía valenciana al no disponer de esa liquidez que se retiene en los pagos.

Hasta aquí un rápido y, ojo, muy superficial visión de la gestión de la GVA a través del informe de la Sindicatura de Comptes, y que como conclusión me lleva a pensar, y dado que estamos cerca de las Navidades pensaremos bien, que existe un camino de mejora respecto a la formación de nuestros responsables públicos en relación a la gestión de los fondos que pertenecen a todos. ¡Envidia me da esa clase política francesa que en su mayoría ha pasado por la ENA (L'École Nationale d'Administration; Escuela Nacional de Administración francesa)!.

Por todo ello y, a modo de conclusión si me permiten, diría que si en los gabinetes de los políticos no falta el imprescindible y necesario representante de la prensa o comunicación, también deberían haber profesionales de la gestión pública, que colaborasen y ayudasen al alto cargo a conducir esa compleja maquinaria que es la Administración; seguro que el informe del SINDICOM saldría mejor.