Domingo Parra, en un juicio anterior. Foto: EFEVALÈNCIA (EFE/VP). La Audiencia Nacional juzga a partir de este lunes la "refinanciación continuada" de las pólizas y préstamos que el grupo Libertas 7 tenía suscritos con Banco de Valencia, hechos por los que el ex consejero delegado de la entidad Domingo Parra acepta 1 año y 7 meses de prisión por administración desleal.
Según han informado a Efe fuentes jurídicas, Parra -que ya ha alcanzado acuerdos de conformidad similares en otras causas- ha manifestado su colaboración con la justicia y ha ingresado 100.000 euros en la cuenta del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB).
No es la primera vez que Parra admite su responsabilidad; en enero de 2019 reconoció su abuso de funciones en la gestión de préstamos a una sociedad que le era afín.
En esta causa abonó 330.000 euros al FROB para reparar parcialmente el daño, cantidad a la que se sumarían un año más tarde otros 100.000 euros en el marco de la mayor operación crediticia de la entidad, aunque finalmente fue condenado a un año y tres meses de prisión y al pago de 94 millones de euros.
En el juicio que comienza este lunes y está previsto que dure hasta el 25 de febrero, Parra, que era consejero de Libertas 7 al ser el banco accionista de esta compañía, se sentará en el banquillo junto a la consejera delegada del grupo, Agnès Noguera -entonces también en el consejo de Banco de Valencia-, para quien el Ministerio Público solicita tres años de prisión por el mismo delito. En sus conclusiones provisionales, la Fiscalía Anticorrupción reclamaba además que ambos indemnizaran conjunta y solidariamente al FROB con 13,5 millones de euros, cuantía equivalente al perjuicio que las refinanciaciones habrían causado al banco.
Para Anticorrupción, los acusados dieron de forma continuada un "trato preferente, de valor" y dispusieron de fondos de Banco de Valencia por un importe de 65 millones de euros mediante la "refinanciación continuada" de seis pólizas y préstamos, desde finales de 2006 a 2012.
"Abusando del poder que les conferían sus posiciones de dominio en la administración del banco", habrían dejado de lado la normativa sobre gestión del riesgo, según la Fiscalía, quebrantando los deberes de lealtad en la protección de los intereses sociales. Fue así como, prosigue el escrito, "en perjuicio de la entidad", no aplicaron los protocolos de autorización, tanto en lo que se refiere a la concesión de los préstamos, pólizas y garantías.
El fiscal sostiene que cuando los préstamos resultaron fallidos, no se reclamó su devolución ni los intereses de demora, ni se demandaron más garantías por encima de las personales. Lejos de ello, se continuó "concediendo injustificadamente nuevos plazos y carencias, evitando así que pasaran a mora"; en total, los fondos dispuestos y no devueltos superaron los 61 millones de euros.
Para su resarcimiento, los nuevos administradores del FROB -fondo que acabaría inyectando 4.500 millones en el banco antes de su venta a CaixaBank- y Noguera acordaron una dación en pago con los activos de Libertas 7, aunque no fue suficiente para cubrir la deuda total.
En opinión de Anticorrupción, el Banco de Valencia "venía dando una financiación de regalo, sin garantías". Entre 2009 y 2011, el porcentaje de la deuda sin garantía correspondientes a la entidad "suponía el 95,9 %, el 88,7 % y el 93,4 % del total". El ex consejero delegado, como interlocutor del Banco de España, era además "conocedor de primera mano de las recomendaciones continuas sobre las mejoras que debía impulsar para ganar calidad crediticia".
Pero aún así "no implementó ninguna medida eficaz" sino que "de forma contumaz continuó tratando las financiaciones de los acreditados de su círculo de confianza de forma personalista".
