El Consell del Botànic II. Foto: KIKE TABERNERVALÈNCIA. El pasado mes de julio el pleno del Consell aprobó el decreto de estructura del Ejecutivo del Botànic II. Una orden que tardó en ser validada por las diferencias de los partidos que integran el Gobierno en el reparto de competencias de las direcciones generales.
Con este paso, se puso punto y final a las negociaciones entre PSPV, Compromís y Unides Podem-EUPV: el número de altos cargos en esta legislatura sería de 137 -12 consellers, 12 subsecretarios, 29 secretarios autonómicos y 84 directores generales-; y el personal eventual que podría fichar el Consell alcanzaría los 116, un 57% más que en el mandato anterior.
A diferencia de lo que ocurrió en 2015, en esta ocasión no se creó un decreto específico para fijar el máximo de eventuales. Los tres partidos que forman el Botànic II optaron por introducir de manera discreta –mediante una disposición final en el decreto de estructura– una salvaguarda gracias a la cual podrían seguir nombrando a personal de confianza pese a haber agotado ya el límite que ellos mismos pactaron para la anterior legislatura.
Tal y como pactaron entonces socialistas y valencianistas, el número de asesores máximo para todas las consellerias sería de 74, según un decreto en que, en esencia, suponía recortar en 25 puestos el personal de confianza que tenía el Consell del PP y un ahorro en consecuencia de 1,1 millones de euros.
Dos meses después de haber tomado la decisión de ampliar esta cifra en este mandato para que el número de eventuales se adecúe también a las necesidades de cada conselleria -no necesita el mismo personal una Conselleria de Sanidad, que gestiona 6.000 millones de euros del Presupuesto de la Generalitat, a una Conselleria de Participación, cuya partida no llega a los 50 millones- el Botànic II ya ha incorporado 74 personas a la administración.
Las áreas del Ejecutivo podrían continuar conformando sus equipos gracias a esa disposición final que se incluyó en el decreto, pero fuentes de PSPV y Compromís consultadas por Valencia Plaza guardan discrepancias sobre si se puede continuar fichando personal de confianza sin establecer antes el reparto por consellerias o que este sea publicado en el DOGV.
Cabe apuntar que en 2015 no fue necesario publicar la distribución de asesores por áreas, pero en esta ocasión parte del Ejecutivo lo ve necesario. Estas diferencias mantienen de momento congelado el nombramiento de nuevos asesores más allá del tope de 74 que ya se ha alcanzado.
Así, según viene reflejando el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) desde el pasado 18 de junio -fecha en la que comenzaron los fichajes de eventuales para cada cartera del Consell del Botànic II-, el departamento que cuenta con más asesores actualmente es Presidencia de la Generalitat, donde Puig cuenta con 15 personas en su equipo, seguido por la vicepresidenta y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, que suma 13.
El siguiente en la lista con más asesores es el conseller de Economía, Rafa Climent, que cuenta con seis. Mientras que el vicepresidente segundo y responsable de Vivienda, Rubén Martínez Dalmau; el conseller de Hacienda, Vicent Soler; el responsable de Educación, Vicent Marzà; la consellera de Agricultura, Mireia Mollà; y la de Participación y Transparencia, Rosa Pérez, han integrado cinco personas a sus carteras entre las que se encuentran jefes de gabinete, asesores de asuntos parlamentarios, asesores de asuntos generales y responsables de comunicación.
Por su parte, la consellera de Justicia, Gabriela Bravo; la responsable de Sanidad, Ana Barceló; la consellera de Innovación y Universidades, Carolina Pascual; tienen cuatro asesores. Por último, Arcadi España, conseller de Política Territorial y Obras Públicas tiene tres.
El cambio de criterio ahora viene motivado principalmente por la experiencia adquirida en estos cuatro años de gestión. No en vano, con el diseño del mandato anterior cada conseller podía disponer de un jefe de Gabinete, un jefe de prensa, un asesor de asuntos parlamentarios y otro trabajador que dependiera del secretario autonómico de turno. Un plantel ajustado sobre el que florecieron las críticas internas a lo largo de la legislatura, dado que el veto del Gobierno central a la reposición de funcionarios provocó a menudo dificultades en la gestión a causa de la falta de manos. Una situación que fue motivo de quejas por parte de miembros del equipo de gobierno, por ejemplo Mónica Oltra, a lo largo de toda la legislatura.
En cuanto al criterio para el aumento, tal y como informó Castellón Plaza, la idea de las fuerzas del Botànic II va dirigida a incrementar el número de asesores en función del Presupuesto de cada conselleria. Es decir, las dos áreas que más millones de euros manejan, Sanidad y Educación, son las que se verán más reforzadas por el personal eventual. Además, también se prevé un incremento de asesores en Hacienda por la transversalidad de su gestión.
En principio, cada conselleria sumará un asesor por cada mil millones de euros que ostentara el área de gestión correspondiente. Por ejemplo, si Sanidad tiene asignados para el presente ejercicio 6.635 millones de euros, debería contar con siete personas más trabajando en el departamento, mientras que la Conselleria de Igualdad, con 1.528 millones de euros de presupuesto, contaría con dos asesores más.
En líneas generales, cada cartera dispondrá de seis trabajadores eventuales: jefe de Gabinete, jefe de prensa, asesor de asuntos parlamentarios, asesor de asuntos generales y uno por cada secretaría autonómica (hay dos por conselleria). A priori, en Presidencia Puig podrá llegar a sumar 26 asesores; la Vicepresidencia Primera de Oltra, una quincena que se distribuiría en nueve para la Vicepresidencia y seis para la Conselleria de Igualdad que dirige; y Dalmau tendría los seis asignados por conselleria más otros tres.
