VALÈNCIA. Los tres partidos que integran el Botànic II -PSPV, Compromís y Unides Podem- han llegado a un acuerdo en varias de las enmiendas que registraron a la Ley del Juego de la Comunitat Valenciana. Un proyecto de ley que el pleno del Consell aprobó en octubre del año pasado para actualizar la norma de 1988 con la intención de prevenir y proteger a los menores ante el auge de la ludopatía en la autonomía.
Así, las tres formaciones han convocado para este martes una rueda de prensa para presentar los acuerdos alcanzados en algunos aspectos de la norma. Entre ellos, la prohibición de nuevas aperturas de salones de apuestas a menos de 900 metros de cualquier centro escolar. Un punto en el que cada uno había planteado un espacio diferente: mientras los socialistas proponían 700 metros, valencianistas y morados querían que ésta fuera de al menos un kilómetro. Pero finalmente, se ha convenido un tramo intermedio.
Ahora bien, el consenso y el anuncio de pacto no ha partido motu proprio, sino que ha venido motivado por un tirón de orejas que la Conselleria de Hacienda dio el jueves pasado a los grupos parlamentarios del Ejecutivo que preside Ximo Puig. No en vano, el hecho de que cada formación presentara sus modificaciones a la norma de forma individual no sentó nada bien en el departamento dirigido por el socialista Vicent Soler, que llamó a capítulo a los portavoces de PSPV, valencianistas, y morados en la tramitación de esta ley; José Muñoz, Graciela Ferrer y Ferran Martínez, respectivamente.
Esto es porque, a pesar de ser socios de Gobierno, con esta ley el Botànic II rompió una de sus costumbres. Y no una cualquiera: la de presentar las modificaciones a las leyes que parten del Consell de manera conjunta. Una metodología que habían practicado tanto en la legislatura anterior como venían ejerciendo también en la actual para afrontar la tramitación de las normativas -especialmente con cualquiera que partiera del Ejecutivo- para trasladar así imagen de unidad.
La quiebra de esta práctica -iniciada de hecho por el PSPV que fue quien realizó la primera rueda de prensa particular sin sus socios y originó que posteriormente Compromís y Podem, molestos por el gesto de los socialistas, quisieran hacer lo propio- derivó en esta ocasión en que entre las tres formaciones presentaran en torno a 200 enmiendas, lo que generó un descontento considerable en la Conselleria de Hacienda dirigida, precisamente, por los socialistas. Así, el departamento de Soler urgió a los diputados a que después de que cada uno hubiera hecho camino por su cuenta, ahora exhibieran las enmiendas acordadas y redactadas de forma conjunta. He ahí la rueda de prensa de este martes.
Huelga subrayar que el contenido de las modificaciones legales individuales de las tres formaciones no diferían en exceso en inicio; de hecho, guardaban un espíritu similar. Sin embargo, el hecho de que cada uno -PSPV, Compromís y Unides Podem- registrara una enmienda para cada aspecto de la ley (distancia a colegios, publicidad, tragaperras) hizo que las enmiendas prácticamente se triplicaran.
De haberlas pactado previamente como ha ocurrido con cualquier otro proyecto de ley del Consell, -como los Presupuestos anuales, por ejemplo-, la cantidad se hubiera reducido aproximadamente en dos tercios. "Cada uno ha querido ponerse una medalla porque es una ley muy social, pero se trata de que somos un Gobierno", explicaba un alto cargo a este diario este lunes. El resultado de toda este episodio era esperado, ya que era previsible que el Botànic finalmente pactaría las enmiendas que fueran a votarse, pero no tanto la llamada de atención de Hacienda. Este martes, los partidos harán público el resto de asuntos sobre los que han llegado a un pacto.