VALÈNCIA. El pasado martes, los colegios de ingenieros técnicos y de grado de la Comunitat Valenciana protestaron por el hecho de que la nueva Ley de Función Pública exija a estos graduados un máster para poder acceder a las plazas de grupo A1 de la Administración. Un redactado que consideraron "discriminatorio", puesto que a otras titulaciones como las ingenierías superiores no se les exige. Una polémica tras la que este último colectivo advirtió que no se les podía equiparar, puesto que la formación con la que cuentan es diferente.
El conflicto, en realidad, viene de lejos y lleva enquistado años. En concreto, desde el proceso de Bolonia en el que se estableció que el Marco Europea de Cualificaciones debía distinguir entre tres niveles (grado, máster y doctor) con el fin de homogeneizar en toda Europa las competencias que debían tener los profesionales. Esta reforma sustituyó a la antigua clasificación que distinguía entre diplomaturas, licenciaturas y doctorado.
Así, mientras los ingenieros superiores antes debían cursar una carrera de cinco años, la formación de los técnicos se limitaba a tres. Pero con el proceso de Bolonia, las ingenierías técnicas ampliaron su formación a los cuatro años al convertirse en un grado. Con estos mimbres, los ingenieros técnicos reclamaban el martes que la titulación de grado debería ser suficiente para acceder a la escala más alta de la Administración y no exigir un máster.
Sin embargo, desde los grupos parlamentarios del Botànic recuerdan que la nueva ley lo único que hace es trasladar la estructura de profesiones que reconoce el Ministerio de Trabajo en el decreto de profesiones reguladas a la norma. Es decir, que no son PSPV, Compromís ni Unides Podem en Les Corts los que incluyen este requisito en la normativa por antojo, sino que lo que hace la ley valenciana es una suerte de "copia-pega" de las profesiones reconocidas por el Estado porque la autonomía no regula este decreto.
De hecho, fuentes del PSPV reconocen que se reunieron con los colegios de ingenieros para exponerles esta misma cuestión. Es decir, que la autonomía no tiene competencias y que para resolver el conflicto existente entre los ingenieros técnicos y los superiores, deberían dirigirse al Ministerio de Trabajo y, en cualquier caso, al de Universidades para tratar de encontrar una solución de manera conjunta con los colegios profesionales.
En cualquier caso, para los ingenieros técnicos, "que un decreto nacional para el ejercicio de algunas profesiones exija un máster para su ejercicio privado en nada justifica que una ley sobre función pública cometa el mismo error".
Unas críticas que reprochan los nueve Colegios Oficiales de Ingenieros de la Comunitat, que representan a más de 10.000 de ingenieros, y que defienden que la Ley de Función Pública se estructura "en una división conforme a la normativa estatal que define las profesiones reguladas, en base a la cual, las administraciones públicas pueden diseñar sus estructuras de recursos humanos para el mejor desempeño de sus funciones".
Además, defienden que ambas formaciones no son equiparables ya que para el acceso al ejercicio de la profesión de ingeniero superior se requiere de un título habilitante de Máster Universitario al que previamente se accede con estudios de grado, una formación no obligada en el caso de los técnicos.
En este sentido, explican que para el acceso a los cuerpos o escalas del subgrupo A1, según el vigente Estatuto Básico del Empleado Público o el Ordenamiento vigente de acceso a la Función Pública, se exige estar en posesión del título universitario de grado o bien licenciatura, ingeniería superior o arquitectura. Mientras que para el acceso a los cuerpos o escalas cuyas funciones requieran el desempeño de profesiones reguladas, se exigirá estar en posesión de la correspondiente titulación que habilite para el ejercicio de la profesión. "En este caso, para ser Ingeniero, la norma es clara tal como consta en Acuerdo de Consejo de Ministros y Resolución de la Secretaría de Estado de Universidades", subrayan.
Por tanto, recuerdan que el acceso a una plaza de función pública del subgrupo A1 y para ejercer la profesión de Ingeniero, académicamente se debe haber alcanzado un nivel de Máster, mientras que para un subgrupo A2, o si se quiere ejercer la profesión regulada de Ingeniero Técnico, basta con un nivel de grado.
Para el decano del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de la Comunitat Valenciana (COIICV), Salvador Puigdengolas, esta guerra abierta obedece a una "campaña de humo para atacar" que "solo genera confusión" y no lleva a nada porque esa exigencia de los técnicos es "contraria a la norma y la jurisprudencia".
La dirección general de esta materia también se encargará de la formación y de la promoción de los funcionarios
