El Botànic ante el "Botànic III": ¿Una vía valenciana en Madrid?

El Pacto del Botànic guarda cierta semejanza con el que ha permitido la formación del nuevo gobierno de España, hasta el punto de que, con cierto voluntarismo, quizás cabría sustantivarlo como Botànic III. Las fuerzas que sostienen el Botànic valenciano forman parte de aquél o bien lo han apoyado en el Congreso. Una coincidencia que ha levantado ciertas expectativas, intensificadas al ser la Comunitat Valenciana el territorio más importante donde el PSOE y Unidas Podemos integran parte del poder ejecutivo. Un factor que, en principio, amplía la relevancia de ambas formaciones autonómicas en sus respectivas organizaciones estatales.

Las consecuencias de la anterior alineación merecen considerarse con detenimiento. De una parte, se espera que resulte favorable para el desatasco de los grandes asuntos que han surcado el escenario valenciano: la financiación autonómica y la reducción de la deuda, la intensidad inversora del Estado, la distribución asimétrica del déficit y la atención al sostenimiento del sistema de dependencia, entre otros. 

No obstante, la oportunidad que se esboza asume riesgos potenciales que merecen atención, asociados a la estabilidad de los ejecutivos valenciano y central. En un clima como el actual, las debilidades gubernamentales que surjan en Madrid y Valencia irradiarán con especial intensidad en ambas direcciones. En este último caso, sometiendo a la Generalitat a nuevas presiones, como pararrayos de los posibles problemas del gobierno central. 

La institución valenciana no podrá evitar todo el fuego graneado que parta de Madrid, pero sí limitar el más próximo y eludir que aquél la bloquee. Para ello es condición necesaria que los integrantes del Botànic II sostengan una lealtad sin fisuras y un modelo abierto a las restantes voces dialogantes de Les Corts y a la sociedad civil. No sólo por razones de coherencia con la Legislatura precedente, sino porque el difuminado de los anteriores valores lo sería en perjuicio de la calidad integradora de su estilo de gobernanza, de su proyección en el resto de España y de su condición de referente para el ejecutivo central. 

Desde estas premisas, el Botànic II tiene la oportunidad de contribuir a la gobernabilidad española y, en concreto, al mejor funcionamiento del Estado Autonómico. Ello requiere de una posición constructiva y realista que, partiendo del actual marco jurídico, reclame elevar la calidad y eficacia de los cauces existentes. Entre éstos, la Conferencia de Presidentes. La reforma del reglamento del Senado o su simple aplicación en lo que se refiere a la Comisión General de las Comunidades Autónomas. La adscripción a ésta de un órgano técnico que evalúe el impacto sobre las CCAA de la futura legislación estatal, evitando que su coste, como en otros momentos, se deslice hacia las haciendas territoriales. El cambio de las reglas de juego presentes en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. La aprobación de una ley de nuevas sedes de organismos del Estado, que abra paso a su desconcentración por el conjunto de la geografía española, y de una segunda norma legislativa que ensanche el uso de las lenguas cooficiales en la Administración General del Estado.

Las anteriores pueden parecer cuestiones alejadas del fragor político y mediático de primera línea que ahora observamos, pero constituyen piezas pragmáticas para cohesionar el Estado Autonómico a corto y medio plazo, corrigiendo, desde la lealtad constitucional, los enquistamientos y disfunciones que carcomen las relaciones entre las CCAA y las de éstas con los poderes centrales.

De igual modo, otro posible eje de iniciativas del Botànic II, ante el Botànic III, son las que se refieren a determinados atrasos estructurales enraizados en las realidades valenciana y española. En este terreno tampoco basta con argüir razones propias, sino que se requiere demostrar que, lo que es acertado para la Comunitat Valenciana, también lo es para España. 

Para ello, nuestra Comunitat dispone de una ventaja. No sólo representa a escala 1:10 al conjunto del país, sino que dispone de un rico ecosistema económico y social en el que se refleja una parte relevante de la diversidad existente en la economía y sociedad españolas. Una circunstancia que permite elaborar iniciativas que exploren nuevas líneas de interés compartido. 

Direccionando lo mejor de nuestro conocimiento y experiencia colectivos hacia la fundamentación rigurosa del interés general, la Generalitat puede argumentar reformas en materia de empleo, formación profesional, vivienda, gestión del agua, medio ambiente, productividad, investigación, innovación tecnológica, digitalización e Industria 4.0, turismo inteligente, innovación social, agricultura mediterránea, rentas mínimas, longevidad… Actuando para ello de forma discreta y sagaz, con posiciones que integren los intereses propios y de otras CCAA.

El corolario es sencillo: la capacidad de cinco millones de valencianos, -una población superior a la de Irlanda y Noruega y similar a la de Dinamarca y Finlandia-, da de sí lo suficiente como para no recluir las aspiraciones autonómicas en un reducido número de compartimientos. Hay una inteligencia activa que permite una valiosa implicación en nuevas direcciones, más allá de lo urgente y obvio. Es momento de desarrollar ese estilo valenciano de lealtad que irradia sus luces más alto y lejos, incluyendo la Capital y Corte, para establecer una etapa de madurez institucional.