VALÈNCIA. El Consell del Botànic formado por PSPV, Compromís y Unides Podem celebró este fin de semana en Xàbia y Dénia el segundo seminari de Govern de la X legislatura. Una convivencia en la que cada departamento del Ejecutivo valenciano se fijó, como viene siendo habitual, una serie de compromisos a ejecutar en los próximos seis meses.
La experiencia del pasado mandato en la que numerosos objetivos quedaban por cumplir transcurrido el semestre, quizá, ha hecho que se haya rebajado el nivel de exigencia en los que se han marcado en esta ocasión. De hecho, entre ellos se han fijado algunos que forman parte de planes anunciados en 2018: es el caso de la Oficina de Simplificación Administrativa (OSA) que incluye la Conselleria de Justicia y Administración Pública que dirige Gabriela Bravo entre sus compromisos. Un organismo que no deja de ser una versión de la tantas veces anunciada 'ventanilla única' que servirá para agilizar los trámites burocráticos y facilitará la ejecución de proyectos empresariales. La OSA ya fue anunciada por Ximo Puig en el marco del Plan Agiliza, inédito más de un año después.
El jefe del Consell anunció en diciembre de 2018 este Plan para incentivar la actividad económica y reducir la burocracia tras las quejas de la patronal, que se quejó al primer Ejecutivo del Botànic conformado por PSPV y Compromís por el atasco en licencias ambientales y urbanísticas porque retrasaban la puesta en marcha de numerosos proyectos empresariales.
Con el Plan Agiliza el Consell calculaba que podría reducir en más de un 30% el tiempo de tramitación de los expedientes urbanísticos, dado que los informes sectoriales se pedirían una sola vez en el procedimiento, y que se lograría aumentar un 10% la resolución de expedientes. Todo ello, permitiría incrementar la inversión en 500 millones de euros al año, según explicó Puig.
La Conselleria de Bravo fue encargada de ejecutar este propósito y apenas un mes después del anuncio realizó una encomienda de gestión a Tragsa por un importe de 733.000 euros para que su filial, especializada en labores de consultoría y asistencia técnica, se encargara de ponerlo en marcha. Así, la idea era que Tragsatec ayudara a los distintos departamentos del Gobierno valenciano a desbloquear la diligencia de documentos.
Tras este encargo, el departamento con competencias en Administración Pública y Modernización también inició contactos con la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV) que preside Salvador Navarro para elaborar un convenio de colaboración con el objetivo de que fuera la patronal la que identificara las trabas con las que se encuentran los empresarios habitualmente. Este convenio, además, iría acompañado de una comisión de seguimiento con representantes de todas las consellerias que realizaría informes periódicamente y que serviría de evaluación de los avances que se efectuaran.
No obstante, el convenio continúa sin firmarse un año después, por lo que todavía no ha pasado por un pleno del Consell para ser validado. Junto a este convenio, también se debía impulsar la OSA, incorporada ahora entre los compromisos para el próximo semestre de la Conselleria de Justicia y Administración Pública en este seminario de Xàbia-Dénia.
Según el documento del seminari, esta oficina está basada "en el desarrollo de una plataforma online con la incorporación de Inteligencia Artificial, a través de un asistente virtual inteligente que permitirá facilitar determinados servicios, el acceso a la información necesaria para el tejido empresarial, así como la realización de trámites de manera online". Añade el texto que la OSA "cubrirá de esta manera la reclamación histórica de contar con una ventanilla única para las empresas y usuarios que permitirá ver los trámites pendientes y contabilizar el tiempo para su ejecución", concluye el texto.
Desde la Conselleria de Bravo explican que este mismo jueves estaba prevista una reunión con la patronal para avanzar en el convenio de colaboración para impulsar el Plan Agiliza. Una cita que, sin embargo, fuentes de la CEV aseguran que fue fijada por la Generalitat después de que Valencia Plaza se pusiera en contacto con la propia patronal la semana pasada para conocer el punto en el que se encontraba este convenio.
