Rubén Martínez Dalmau. Foto: EDUARDO MANZANAVALÈNCIA. Implicar a los ayuntamientos en las políticas de Vivienda. Ese es nuevo objetivo que se ha fijado el conseller del ramo, Rubén Martínez Dalmau, con un fin muy claro: abastecer a los municipios de más vivienda construyendo parque público propio o incrementando el que ya tienen para poder cubrir las necesidades habitacionales de sus vecinos. Con esta idea, su departamento trabaja en una norma que habilite a los consistorios a poder ejercer el derecho de tanteo para comprar vivienda que haya recibido alguna ayuda pública.
"No tiene sentido que la Generalitat se ocupe de si se ha roto un grifo en un piso en Aspe o si hay que pintar una pared en Vinaròs. Lo que tiene sentido es que las competencias logísticas a la hora de gestionar el parque público vayan poco a poco pasando a ser municipales. Poco a poco tenemos que ir involucrando a los ayuntamientos en garantizar el derecho a la vivienda", subraya Dalmau en una entrevista con Valencia Plaza.
Para ello, avanzaba que su plan pasa por capacitar a los ayuntamientos para que ejerzan, a partir del próximo año, el derecho de tanteo, una competencia que actualmente es exclusiva de la Generalitat Valenciana y que posibilita a la administración a comprar inmuebles que estén en régimen de protección pública una vez finalizado el contrato de alquiler y antes de cambiar la propiedad en la escritura. Se trata de una fórmula utilizada en muchas capitales europeas como Berlín, Viena o Paris con un objetivo muy claro: que los ayuntamientos intervengan en el mercado inmobiliario valenciano a la hora de comprar y adquirir una serie de inmuebles que hayan recibido alguna ayuda pública.
Actualmente, la administración valenciana tiene potestad para ejercer el tanteo en todas aquellas viviendas que han tenido una protección pública, explica a este diario el secretario autonómico de Vivienda, César Jiménez. De modo que cuando en alguno de esos inmuebles se produce una transmisión entre dos privados, las notarias tiene la obligación de notificar a la administración valenciana esa operación por si quiere adquirirla. Una facultad que, por otro lado, la Conselleria que dirige Dalmau quiere ampliar para recuperar vivienda pública que hubiera sido cedida en régimen de alquiler.
Ahora, el objetivo que persigue la Conselleria es que los ayuntamientos puedan asumir sus propias políticas y disminuyan el volumen de burocracia que se genera en la administración autonómica agilizando los procesos y decidiendo en función de sus áreas más tensionadas. Será una derecho opcional que podrá ejercitar libremente cada consistorio.
De acuerdo con la normativa actual, están sujetas a los derechos de tanteo y retracto legal en favor de la Generalitat las viviendas de promoción pública o bajo cualquier régimen de protección pública que sean segundas y sucesivas transmisiones inter vivos, gratuitas u onerosas, voluntarias o derivadas de un procedimiento de ejecución patrimonial. Y lo hará a través de la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo (EVha).
De este modo, los propietarios de estos inmuebles deberán notificar a la Generalitat, por cualquier medio que permita tener constancia de su recepción, la decisión de enajenarlos, especificando, cuando la transmisión sea a título oneroso, el precio y forma de pago proyectados, las condiciones esenciales de la transmisión, así como los datos del interesado en la adquisición, con referencia expresa al cumplimiento de los requisitos exigidos para acceder a la vivienda.
Según especifica Jiménez, no en todos los casos que se notifican a la Generalitat se ejerce este derecho. "Hacemos un filtrado según las características de la vivienda. En algunos casos damos una respuesta rápida y, otros, requieren de estudio", explica. Sin embargo, el periodo de máximo para cerrar la operación es de cuatro meses con pago incluido. "Es muy poco tiempo para la administración y, en cambio, para los particulares es mucho", admite.
Este año la Conselleria ha adquirido mediante tanteo un paquete de 15 viviendas repartidas en distintos municipios de todo el territorio valenciano como Alcoi, Torrent, o las tres capitales de provincia. El objetivo es agilizar el procedimiento y sumar nuevas adquisiciones en los próximos ejercicios. "La realidad es que nuestra capacidad es limitada porque nos tienen que avisar. La actitud que adoptamos es, por tanto, pasiva y, además, no todas son susceptibles de ser compradas", admite el secretario autonómico.
Además, está el factor del precio que en ningún caso puede superar el Precio Máximo de Venta (PMV) fijado por la normativa. "Se hace una valoración y en caso de que el valor de la transmisión sea desbaratado no optamos. Por ejemplo, el precio de estos primeros 15 inmuebles ha sido por debajo de los 100.000 euros, los de más valor han sido unos 70.000 euros en València", precisa la directora general de Vivienda y Regeneración Urbana, Elena Azcárraga.
Con el fin de habilitar a los ayuntamientos a ejercer el tanteo, desde el equipo de la Conselleria se trabaja en la elaboración de un texto que articule este supuesto. "Todavía no sabemos si será un decreto o un decreto ley. Lo estamos perfilando. Ya hay redactado un borrador y se trabaja con los servicios jurídicos viendo su viabilidad", explica Jiménez.
Una de las novedades que podría introducir, avanza, es la ampliación de supuestos de compra de viviendas, aunque todavía está todo en el aire. "Por ahora el tanteo se ejerce sobre viviendas que hayan tenido alguna ayuda pública, pero estamos estudiando algún supuesto más para que haya más posibilidades, avanza. ¿El objetivo? tenerlo listo en el primer trimestre de 2020.
