VALÈNCIA. Este lunes tomaron posesión todos los consellers del Gobierno del Botànic II. Con ello se ponía punto y final a la primera parte de una ardua negociación sobre la arquitectura del Ejecutivo, pues en los últimos días PSPV, Compromís y Unides Podem-EUPV han estado acordando desde el número total de carteras, hasta quiénes estarían al frente de las mismas o el reparto de competencias entre las tres -más bien cuatro- fuerzas.
Así, la semana pasada los líderes de los tres partidos firmaron el acuerdo programático -el 'qué'- en Alicante; la comisión negociadora pactó que el esquema de consellerias sería de 6-4-2 (seis para el PSPV, cuatro Compromís y dos Unides Podem-EUPV); se validó que Esquerra Unida tuviera una conselleria; se votó la investidura de Ximo Puig como president de la Generalitat Valenciana -dividida en dos sesiones-; se le otorgó una vicepresidencia a Podem; y se resolvió que las competencias en Cambio Climático y Transición Energética recaerían en manos de Compromís.
Con todo, este domingo se celebró la toma de posesión de Puig y por la noche, tras un sonado choque entre el partido de Antonio Estañ y el de Rosa Pérez Garijo, se conocieron los nombres y apellidos de los 12 integrantes del Gobierno valenciano, que, apenas doce horas después juraron el cargo en el Palau de la Generalitat.
Ahora bien, a pesar de que poco a poco la constitución del Ejecutivo va cogiendo forma, las conversaciones entre socialistas, valencianistas y morados continúan produciéndose a la espera de resolver algunos flecos del segundo y tercer escalón. El viernes, no en vano, tendrá lugar el primer pleno del Consell y en él está previsto que la portavoz y vicepresidenta, Mónica Oltra, comunique algunos avances sobre la estructura definitiva del Botànic II.
De momento, una cosa es segura -o al menos así lo afirman fuentes consultadas de las distintas fuerzas políticas-: "Todas las consellerias contarán al menos con dos secretarías autonómicas". Teniendo en cuenta que hay un total de una docena de carteras en este Gobierno, supondría un aumento mínimo de hasta 24 secretarías autonómicas, el segundo escalón del Consell.
No obstante, añaden que podrían ser más de dos en departamentos con amplias competencias como ya ocurrió la legislatura pasada en Presidencia -con tres secretarías autonómicas-, donde se encontraba Turismo y Comunicación, además de la Agencia Valenciana de la Innovación (AVI), que tenía este mismo rango de la misma manera que el IVF lo tiene en la Conselleria de Hacienda; o en la Vicepresidencia que ocupa Oltra, dado que en su departamento se encajan Servicios Sociales, Igualdad, Infancia y Juventud, e Inclusión.
Más allá de estas dos áreas del Ejecutivo, no se espera más de dos secretarías autonómicas en otras consellerias, si bien fuentes de la negociación ya deslizaban este lunes que la cartera de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica que gestionará Mireia Mollà podría llegar a sumar tres. Un propósito que todavía debería concretarse en los próximos días.
A falta de concretar el incremento total del segundo escalón en este nuevo mandato -en la legislatura anterior había 17 secretarías autonómicas-, conviene apuntar que uno de los puntos que generó mayor fricción a lo largo de las negociaciones entre PSPV, Compromís y Unides Podem-EUPV fue el número de departamentos que debía tener el nuevo Ejecutivo.
Los morados plantearon el modelo 6-4-2 (para PSPV, Compromís y Unides Podem respectivamente), mientras que la coalición valencianista proponía que fuera de 7-5-2 con la intención de no ver reducido el número de consellerias que gestionaran en relación a la legislatura anterior. Salvando el escollo de que Presidencia se integrara la suma total de ambos esquemas, socialistas, valencianistas y morados se decidían entre estas dos únicas dos opciones: tener un Gobierno con 12 ó 14 carteras.
Finalmente, optaron por la primera al considerar que el aumento del Consell en 4 -ó 5 consellerias contando Presidencia- podía generar una "mala imagen". No en vano, suponía un incremento de casi el 50% respecto a la legislatura anterior. Sin embargo, este argumento no ha amilanado, de momento, a los negociadores para definir el número de secretarías autonómicas. Existe consenso en que deben dilatarse.