El Consell pide a Podem que cite los datos fiscales de Baleària si quiere saber las ayudas concedidas

VALÈNCIA. El pasado mes de octubre el Consell presentó la Ley de Acompañamiento de 2019 en la que incluía una modificación de la Ley de Puertos para permitir que un municipio que cuente con un puerto gestionado por la Generalitat pueda solicitar al Gobierno valenciano el traspaso de dicha la gestión a un organismo autónomo. Una propuesta de cambio normativo tras la que el Ayuntamiento de Dénia, cuyo puerto factura 3,9 millones de euros de beneficios anuales, solicitó la creación de dicho organismo.  

Apenas un mes después de la presentación del anteproyecto, Baleària -principal naviera en el puerto de Dénia y cuya sede se encuentra también en este puerto- fichó como director de Expansión al exalcalde de Gandia y ex asesor de Presidencia de la Generalitat José Manuel Orengo. 

Una incorporación que despertó suspicacias en Podem, tantas, que su portavoz en Les Corts, Antonio Estañ, pidió al Consell la relación de "convenios y programas suscritos entre la Generalitat Valenciana y la Fundació Baleària durante los años 2015, 2016, 2017 y 2018, especificando, en cada caso, el objeto de cada proyecto y la dotación presupuestaria". Una petición que pidieron que se ampliara también a las subvenciones o ayudas públicas recibidas por la entidad en dicho periodo. 

Una solicitud que tuvo respuesta este mismo viernes, aunque no fue la esperada. La Conselleria de Hacienda que dirige Vicent Soler objetaba que "sin aportar el código de identificación fiscal" de las entidades por las cuales se interesaba el diputado no se podían "hacer búsquedas en los sistemas contables con plena garantía de exhaustividad". 

No obstante, continúa el texto, "con esta advertencia, por lo que respecta a la adminsitración de la Generalitat, en su sistema de información contable no se ha encontrado ningún registro de pago efectuado ni de compromiso de gasto concreto en el periodo especificado por el ilustre diputado, a favor de beneficiarios la razón social de los cuales incluya las denominaciones facilitadas por el diputado".

Tras esta respuesta, desde la formación morada aseguraron a Valencia Plaza que volverían a presentar la petición, pero se mostraron sorprendidos "ya que para otro tipo de información similar no se hace referencia a datos fiscales para obtenerla". 

Las enmiendas

Durante el trámite de enmiendas a la Ley de Acompañamiento, Podem pidió suprimir el cambio normativo propuesto por la Conselleria de Infraestructuras que dirige María José Salvador. Si bien el PPCV que lidera Isabel Bonig estaría dispuesto a secundarla, Compromís y Ciudadanos tendrían dudas. Aunque no supone una privatización en el estricto sentido de la palabra, sí conllevaría que se creara un consejo de administración en el que Baleària podría tener una representación importante porque es el principal operador del recinto. 

Así, para evitar que la naviera lo "controle", los valencianistas trabajan sobre una enmienda de Ciudadanos para buscar una solución intermedia que ni suprima el artículo, ni lo apruebe. En esta se pretende que el 40% del beneficio que genere el puerto de Dénia anualmente, revierta directamente en el mismo recinto portuario. Una propuesta nada desdeñable, ya que actualmente la Ley de Puertos de la Generalitat Valenciana establece en su artículo 85 que el 40% de los beneficios que generan todos los puertos de la Comunidad Valenciana que son de gestión mixta, se repartirán entre todos los recintos portuarios de la autonomía independientemente de la rentabilidad que tengan para "satisfacer las inversiones de mantenimiento de las instalaciones portuarias de competencia autonómica". 

Con esto, si el Puerto de Dénia tuviera un retorno del 40% de sus beneficios llegaría a obtener 1,6 millones de inversiones al año, ya que genera una media de 4 millones de euros de ganancias. Según los datos que maneja Ciudadanos el recinto portuario recibió una inversión de la Generalitat de 260.000 euros en 2016 -de los cuales se ejecutaron 63.502 euros-; 45.000 euros en 2017; 95.000 euros en 2018; y está previsto que sean 103.000 euros en 2019. Unas cifras muy por debajo del 40% que se pretende establecer.