Foto: PEPE OLIVARESCASTELLÓ (EFE). La Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica ha solicitado más recursos económicos y capacidades para las administraciones públicas gestoras de residuos en sus aportaciones al anteproyecto de la ley nacional de residuos que prepara el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
En total, la Conselleria ha presentado 57 aportaciones al anteproyecto de ley de residuos, que debe ser el encargado de trasponer al ordenamiento jurídico nacional, los contenidos de las tres nuevas directivas del paquete de economía circular de la UE, publicadas en el DOUE el 14 de junio de 2018., según un comunicado de Generalitat.
Entre las aportaciones, destaca la petición de "entrada en vigor inmediata" de las previsiones de las nuevas directivas europeas que conceden más ingresos económicos a las entidades locales procedentes de los sistemas de gestión de envases y residuos de envases, para su recogida y posterior gestión. Se trata de una nueva obligación para los productores de envases, en favor de los ayuntamientos, que la Conselleria considera "prioritaria".
Este departamento, además, ha planteado la puesta en funcionamiento, antes de lo previsto inicialmente en el anteproyecto, de un nuevo sistema de gestión nacional de residuos textiles a la vista del elevado coste que esta fracción tiene para las entidades locales.
Este punto se realizaría de común acuerdo con el sector textil, para el que deben implantarse periodos de puesta en marcha conforme se hizo en su día con los envases y el cartón.
También se ha solicitado la puesta en funcionamiento de nuevos sistemas integrados de gestión, antes del 31 de diciembre de 2022, como uno específico para colchones, otro para plásticos agrícolas, así como otro para residuos de pañales.
Estos residuos con elevada presencia en la fracción resto "han de ser reciclados y valorizados. Para ello las entidades locales deben disponer de las correspondientes ayudas económicas", ha señalado responsables de la Dirección General de Calidad y Educación Ambiental.
La Conselleria también considera que debe ser obligatorio en España la previsión de las nuevas directivas europeas de que todo material que esté sometido a una responsabilidad ampliada del productor (es decir, que "pague punto verde"), "no pueda acabar en vertedero y deba, por tanto, someterse a operaciones de gestión jerárquicamente prevalentes", implantándose, para ello, los sistemas adicionales y complementarios de recogida y gestión necesarios.
