Eva MartínezVALÈNCIA (VP/EP). La directora general de Presupuestos de la Generalitat Valenciana, Eva Martínez, ha asegurado este jueves que la sentencia del TSJCV que declara nulo de pleno derecho el acuerdo del Consell que en febrero de 2017 aprobó el presupuesto para ese año de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació es una cuestión "puramente administrativa y procedimental", además de que no tener "ningún efecto" sobre À Punt porque esas cuentas ya están ejecutadas y limitadas.
La decisión del TSJCV, a raíz del contencioso interpuesto por dos diputados del PPCV, se ha adoptado porque ese presupuesto se aprobó por un órgano carente de competencia para ello, de acuerdo con el artículo 41.1.b de la Ley 39/2015, que establece que deben ser Les Corts las que lo hagan. La sentencia no es firme y la Abogacía de la Generalitat la recurrirá.
Martínez ha explicado que la discrepancia estriba "en la interpretación de la norma que establece que el presupuesto de una entidad de derecho público lo tiene que aprobar primero la entidad y luego las Corts dentro de la Ley de Presupuestos de la Generalitat, salvo que la entidad inicie en ese mismo ejercicio la actividad, en cuyo caso el Consell podrá aprobarlo mediante un acuerdo".
"Es una disposición habilitante que está incluida en los presupuestos de la Generalitat", ha añadido, para explicar que la cuestión "es que la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació se creó formalmente por ley en julio de 2016 mientras que el Consejo Rector se constituyó el 26 de octubre de 2016, una vez que nombra a su presidente".
En esta línea, ha explicado que el Consell, "avalado por la Abogacía de la Generalitat", entendió que no había iniciado "estrictamente" la actividad para la que fue creada hasta 2017, por lo que "recurrió a la disposición habilitante de los Presupuestos de la Generalitat para aprobar su presupuesto mediante acuerdo del Consell del 24 de febrero de 2017".
Ahora, la Sección Cuarta del TSJCV entiende que, como la entidad se constituyó antes, "el presupuesto primero debió aprobarse por la corporación y luego incluirse en la Ley de Presupuestos para 2017 para su aprobación por las Corts".
Sin embargo, ha añadido, "hay que tener en cuenta que los presupuestos de la Generalitat para 2017 se presentaron a finales de octubre de 2016, de forma que había reserva presupuestaria para la puesta en marcha de À Punt (la dotación asignada era pública y conocida)".
Por tanto, ha insistido en que "es una discrepancia en la interpretación jurídica sobre el inicio de la actividad" que "carece de cualquier efecto presente o futuro sobre À Punt" y "no tiene ninguna repercusión práctica".
A su juicio, "lo que resulta claro es que el PP intenta cerrar otra vez la televisión de los valencianos. Por cierto, una televisión que cuesta 55 millones, tres veces menos que cuando --Isabel-- Bonig estaba en el Consell (el gasto real en 2012 fue de 164 millones) y seis veces menos que en los momentos de mayor despilfarro y corrupción a la que la llevó el PP (en 2008 el presupuesto fue de 314 millones)".
De este modo, ha recordado, "acumularon más de 1.100 millones de deuda, al margen lo que le ingresaba la Generalitat cada año". En esta línea, ha hecho hincapié en que en 2011, ya con el Consell en el que estaba Bonig, "solo en personal Canal 9 gastó de manera efectiva 74 millones de euros, una vez y media el presupuesto total de À Punt2.
El momento más visto fue la bajada de la Senyera con un 20,4% de cuota de pantalla, donde À Punt lideró la audiencia por delante del resto de cadenas.
