Foto: EVA MÁÑEZVALÈNCIA. No hay manera. Por segunda vez, el decreto de teletrabajo en el que ha estado trabajando la Conselleria de Justicia y Administración Pública que regulará la modalidad no presencial de trabajo de los empleados públicos valencianos y que sustituirá a la de 2016 se retiró este miércoles del orden del pleno del Consell que tendrá lugar este jueves.
El departamento que dirige Gabriela Bravo puso sobre la mesa a principios de esta semana su intención de llevar al pleno de este jueves la nueva norma después de que esta quedara bloqueada el pasado mes de febrero por las discrepancias entre PSPV y Compromís sobre parte de su articulado. Unas diferencias que, sin embargo, no se han resuelto en un mes.
Los valencianistas aseguran que no ha habido contacto en este periodo por parte de la Conselleria para tratar de acercar posturas. Sin embargo, desde Justicia recuerdan que estuvieron presentes en la reunión con los sindicatos que el departamento celebró el lunes para exponerles los cambios que había introducido esta área en el redactado final tras el informe del Consell Jurídic Consultiu (CJC). Un encuentro tras el que las organizaciones sindicales mantienen sus dudas sobre el mismo, especialmente CSIF que denunció que ninguna de sus alegaciones había sido atendida.
Con todo, la cuestión se quedó sobre la mesa de nuevo este miércoles en la reunión del consellet -cita previa al pleno del Consell a la que acuden secretarios autonómicos y subsecretarios del Gobierno valenciano y en el la que se ordenan las cuestiones que se debatirán y aprobarán al día siguiente-. Y aunque fuentes consultadas por este diario admiten que se tratará de abordar la próxima semana, habrá que esperar a que se produzca cualquier acercamiento entre las partes.
Los motivos de la división entre socialistas y valencianistas siguen siendo los mismos que en febrero. Las consellerias de Compromís se oponen a que la normativa ponga límites a los altos funcionarios de la Administración valenciana para que puedan teletrabajar. Una cuestión que, de hecho, el Consell Jurídic Consultiu advirtió que no se podía limitar de forma "absoluta" e instó a la Conselleria de Bravo a modificar.
Función Pública lo corrigió, pero parcialmente al introducir que podrían acogerse a los programas de trabajo no presencial siempre que se justificase debidamente. En su lugar, Compromís entiende que el redactado debe producirse a la inversa: permitir a todos los empleados públicos el teletrabajo y que, en casos excepcionales, se pueda restringir. Pero que esta limitación se produzca en los propios programas de teletrabajo de cada departamento del Consell, y no de forma generalizada para todas las consellerias.
Otro de los asuntos que no irán al pleno del Consell de este jueves será el decreto del Botànic que pretende agilizar la ejecución del dinero procedente del plan europeo de recuperación. Una norma que modificará puntualmente leyes como la de Hacienda y Subvenciones o la del Sector Público para aligerar el control previo y acelerar la ejecución de los fondos procedentes de Bruselas que finalmente no se encuentra tampoco en el orden del día del pleno de esta semana.
Con esta, ya serán cuatro las semanas de retraso de este decreto. Se retiró a la vez que el de teletrabajo y, a pesar de que Compromís y Podem trasladaron al PSPV sus aportaciones para consensuar un texto conjunto, los socialistas siguen sin llevar de nuevo el decreto a la reunión del consellet. Y, a pesar de que la semana pasada defendían que el retraso se debía a que la intención era llevar un texto "lo más consensuado posible", las conversaciones entre los tres socios del Botànic siguen sin producirse.
