Foto: EVA MÁÑEZVALÈNCIA. Nuevo tropiezo del decreto de teletrabajo. La Conselleria de Justicia y Administración Pública que dirige Gabriela Bravo puso sobre la mesa a principios de esta semana su intención de llevar al pleno del Consell de este viernes la nueva norma que regulará la modalidad no presencial de trabajo de los empleados públicos valencianos y que sustituirá a la de 2016 con el fin de no demorar más su validación.
Sin embargo, el punto terminó retirándose del orden del día este jueves en la reunión del consellet, la cita previa al pleno del Consell a la que acuden secretarios autonómicos y subsecretarios del Gobierno valenciano y en el la que se ordenan las cuestiones que se debatirán y aprobarán al día siguiente. ¿El motivo? Compromís no quiso dar su visto bueno a varios apartados del decreto, por lo que su aprobación se aplaza por el momento.
La coalición valencianista acudió a la reunión de este jueves con una serie de propuestas que modificaban parte del redactado elaborado por Justicia. En ellos, el que pone límites a los altos funcionarios de la Administración valenciana para que puedan teletrabajar. Una cuestión sobre la que el Consell Jurídic Consultiu ya se pronunció -instó a la Conselleria de Bravo a que no lo prohibiera de forma "absoluta"- y que Función Pública corrigió parcialmente al introducir que podrían acogerse a los programas de trabajo no presencial siempre que se justificase debidamente. La normativa no clarificaba quién sería el órgano competente para resolver que estuviera motivado o no, si bien desde Justicia aseguraban que las subsecretarías de las consellerias serían las competentes en esta cuestión.
Ese vacío y el texto final no agradó a Compromís, que propuso este jueves eliminar este artículo del decreto porque fue una consideración esencial del órgano dirigido por Margarita Soler. Pero no es la única discrepancia de la coalición mostró con esta norma. Como ya venían reivindicando desde las primeras negociaciones del decreto -antes de que se remitiera al CJC o que Abogacía de la Generalitat se pronunciara sobre el contenido-, los representantes de Compromís en el Gobierno valenciano quieren que Bravo amplíe los días que los empleados públicos puedan teletrabajar a la semana: que en lugar de tres, el máximo sea cuatro y que luego cada conselleria se autoorganice como desee.
En tercer lugar, las carteras de Compromís pidieron que fuesen las subsecretarias las que tengan la competencia para autorizar que las jornadas laborales de los funcionarios se puedan fraccionar, si así lo pidieran, y que no se obligue a que todos los empleados públicos deban coincidir un día en su puesto de trabajo. Asimismo no considerarían necesario la existencia de un baremo si todos los puestos pueden ser susceptibles de teletrabajar -siempre que se elimine la limitación a los funcionarios de nivel 30-.
Por otra parte, la coalición también quiere que la aprobación de los programas de teletrabajo sean más ágiles. Es decir, que el informe favorable a estos planes deban emitirse en un plazo máximo de un mes y no de tres, y, en caso de rebasarse la fecha límite, se entienda como silencio positivo. O lo que es lo mismo: que el programa quede autorizado.
Con todo, el punto no se retiró del orden del pleno de este viernes, por lo que no podrá ser aprobado en el pleno del Consell. Sin embargo, la situación en la que queda el decreto es compleja. Desde Justicia explican que el texto ya no puede sufrir cambios significativos porque ya ha pasado por el Consell Jurídic Consultiu y si se quisieran realizar modificaciones sobre él habría que volver a empezar el proceso desde el principio: preparar un borrador, negociar con los sindicatos, considerar las alegaciones de las consellerias y un largo etcétera que el departamento de Bravo inició el pasado mes de septiembre.
Ahora bien, la Conselleria de Administración Pública sí estaría dispuesta, según explican, a negociar con sus socios algunas modificaciones de carácter técnico, pero establece como línea roja el hecho de que se puedan restar competencias a la dirección general de Función Pública.
Por su parte, desde Compromís subrayan que varias de las alegaciones que realizaron en la fase de participación de las consellerias no se tuvieron en cuenta, como por ejemplo, el máximo de días para teletrabajar. Entienden, además, que algunas de las observaciones esenciales del Jurídic no se han atendido, como la limitación a los altos funcionarios, por lo que creen que el texto no se encuentra todavía en condiciones para ser aprobado por el pleno del Consell. Por el momento, el decreto se encuentra en el aire hasta la próxima semana.
