MADRID (EFE). El FROB, el fondo de rescate español, calcula que tendrá que pagar aún unos 500 millones de euros a CaixaBank en los próximos años por las garantías que concedió para que la entidad adquiriera en subasta, por el precio simbólico de un euro, el Banco de Valencia.
Sólo en 2019 el fondo cree que tendrá que desembolsar unos 55 millones de euros, que se suman a los 37 millones asumidos en 2017, según ha explicado el presidente del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), Jaime Ponce, durante su comparecencia en la Comisión de Presupuestos del Congreso.
Tras la intervención del Banco de Valencia, el FROB puso a la venta la entidad al mejor postor y ofreció al comprador cubrir buena parte de las pérdidas que afloraran en un cartera de préstamos a pequeñas y medianas empresas (pymes) por importe de 1.300 millones.
Aunque se trata de un esquema de garantía "bastante estable" por los préstamos a los que se refiere, ha explicado Ponce, la estimación es que quedan aún por cubrir 500 millones de euros más en pérdidas.
El FROB inyectó, en números redondos, unos 59.000 millones a las entidades financieras y ofreció garantías a KutxaBank, por adquirir CajaSur, y a CaixaBank, por Banco de Valencia, por un importe máximo conjunto de 2.500 millones.
En el caso de la caja andaluza comprada por el grupo vasco, el Estado acabó cubriendo el riesgo máximo asumido, 392 millones.
A pesar de las preguntas de los diputados, Ponce ha declinado vaticinar cuánto acabará costando el rescate financiero a España, y ha valorado que el Gobierno haya alargado hasta finales de 2021 el plazo para privatizar Bankia, participada en un 61% por el Estado.
A juicio del FROB, "es fácilmente comprensible" que a los precios a los que cotiza actualmente en Bankia no se lleve a cabo ninguna colocación entre inversores privados, pues el objetivo sigue siendo recuperar el máximo de las ayudas con la venta de esta entidad.
Ha recordado FROB que obtuvo 1.304 millones por la venta de un 7,5% de Bankia en febrero de 2014 y 818 millones por la colocación de otro 7% del capital del banco en diciembre de 2017, a los que hay que sumar 961 millones en dividendos.
Los planes a medio plazo siguen siendo continuar con la estrategia de desinversión y aprovechar las oportunidades que haya para hacerlo, por lo que constantemente se hace un seguimiento del mercado con la ayuda del banco de inversión Nomura, ha explicado.
Sobre Sareb, el denominado "banco malo", participado igualmente por el Estado, Ponce ha considerado que siguen siendo necesaria "prudencia" y "cautela" sobre las estimaciones de negocio por la elevada incertidumbre que afecta a la compañía.
Aún así ha elogiado que los gestores de Sareb traten de optimizar la cartera de activos que recibió la compañía, por lo que abogó por seguir liquidando "de la forma más profesional".
Preguntado por el derivado con el que Sareb intentó protegerse de las subidas del euríbor que luego no se produjeron, Ponce cifró en unos 1.700 millones el coste financiero para la compañía.
