VALÈNCIA. El Estado podrá resarcirse de parte del coste asumido con el rescate de Banco de Valencia. El contrato de compraventa entre el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) y CaixaBank por el cual esta entidad financiera se quedaba el banco valenciano por un euro una vez saneado incluye una cláusula según la cual, la entidad financiera debe repercutir en el fondo público cualquier indemnización de la que resulte beneficiario como consecuencia de los procesos judiciales abiertos por la gestión de los antiguos directivos del banco.
En virtud de esa disposición, el FROB ejercitará ese derecho para recibir las millonarias indemnizaciones con las que los exdirectivos de Banco de Valencia Domingo Parra y Alfonso Monferrer y los constructores Salvador Vila y Juan Bautista Soler han sido condenados a indemnizar a CaixaBank en concepto de la responsabilidad civil derivada de la condena por administración desleal continuada que les acaba de imponer la Audiencia Nacional.
La Audiencia dio a conocer el pasado jueves la sentencia con la que el exconsejero delegado de Banco de Valencia fue condenado a cuatro años de cárcel por las irregularidades detectadas en una serie de operaciones vinculadas con proyectos inmobiliarios que provocaron a la entidad financiera un perjuicio económico de 198 millones de euros.
Los magistrados consideran que la actuación de Parra y otros exdirectivos puso en riesgo la viabilidad económica del banco valenciano, hasta el punto de que en noviembre de 2011 tuvo que ser intervenido por el Banco de España y saneado con una inyección de 5.500 millones por parte del FROB antes de venderlo a Caixabank.
En la misma sentencia también se condenó a seis meses de prisión a Alfonso Monferrer, exdirector de Participadas, y a cuatro meses a los empresarios Salvador Vila, administrador de Salvador Vila SL, y a Juan Bautista Soler, administrador de Urbanas de Levante SL y expresidente del Valencia. Por el contrario, todos los acusados quedaron absueltos del delito de apropiación indebida del que les acusaba la Fiscalía y la acusación particular representada por la Sareb.
En cuanto a la responsabilidad civil, Parra y Monferrer fueron condenados a indemnizar conjuntamente y de forma solidaria a Caixabank por más de 168 millones, el máximo reclamado por las acusaciones. Por su parte, a Salvador Vila se le impuso una indemnización de 119 millones y en el de Soler de 130 millones de euros.
Los magistrados analizan en la sentencia si el FROB puede considerarse como perjudicado directo en el procedimiento, dado que los hechos enjuiciados contribuyeron a la quiebra de la entidad y, consecuentemente, a su rescate con dinero público.
Para ello, la Sala considera que el quien realmente puede considerarse directamente perjudicado por la "conducta ilícita" de los exdirectivos no es el fondo público, sino el propio Banco de Valencia, a quien "sucedió universalmente CaixaBank" tras el proceso de venta.
Tras citar la jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre este aspecto, la aplica al caso de Banco de Valencia y concluye que la indemnización debe recibirla Banco de Valencia o de CaixaBank, "sin perjuicio del derecho de repetición del FROB hacia esa entidad debido a la inyección económica que prestó al Banco de Valencia para su saneamiento".
Pese al revés que supone que el tribunal no le reconozca directamente al FROB su derecho a ser indemnizado como perjudicado por las operaciones, el acuerdo privado que alcanzó con CaixaBank en el momento en el que se firmó la venta de Banco de Valencia debería permitirle recuperar parte del dinero comprometido en su rescate.
Según explican fuentes conocedoras del acuerdo, esa cláusula prevista en el contrato de compraventa permitiría a fondo público recibir en última instancia las indemnizaciones en concepto de responsabilidad civil derivada de los procedimientos penales contra exdirectivos de Banco de Valencia que todavía han de ser juzgados.
Además de los 5.500 millones que comprometió en el saneamiento del Banco de Valencia antes de vendérselo por un euro a CaixaBank, el FROB ofreció a la entidad catalana garantías adicionales para hacerse cargo de futuras pérdidas que pudieran aflorar de una cartera de préstamos del banco.
En virtud del Esquema de Protección de Activos (EPA) formalizaco, el fondo público cubría el 72% de las posibles pérdidas de un conjunto de préstamos por valor de 5.200 millones. El FROB estimó que ese EPA le podría acabar costando algo más de mil millones, pero en una reciente comparecencia en el Congreso, el presidente del FROB, Jaime Ponce redujo el coste estimado para el Estado a alrededor de 500 millones de euros.