Ximo Puig. Foto: EFE/DOMENECH CASTELLÓVALÈNCIA. La Generalitat valenciana deberá sacar a concurso un total de 138 licencias de radio digital terrestre si los tribunales atienden las peticiones que ha recibido y que, tras la negativa del Gobierno de Ximo Puig, han acabado en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), como adelantó este jueves Valencia Plaza.
La Comunitat Valenciana tiene asignadas seis licencias de frecuencia única de ámbito autonómico (un canal múltiplex) mientras en el ámbito local/comarcal se ha dividido el territorio en 22 demarcaciones con seis licencias en cada una, lo que totaliza 132 licencias. Son cinco demarcaciones en la provincia de Alicante, seis en la de Castellón y once en la de Valencia, de las que dos corresponden a la capital.
La planificación de la tecnología DAB (digital audio broadcasting) se produjo en 1999 para la radio autonómica y en 2001 para la local, en ambos casos bajo mandato de José María Aznar. Sin embargo y a diferencia de la TDT, la radio digital terrestre no tuvo implantación, de manera que en 2010 el Gobierno de Zapatero quiso darle un nuevo impulso aprovechando la Ley General de la Comunicación Audiovisual, que entró en vigor el 1 de mayo de 2010.
Es a partir de entonces cuando las CCAA deberían haber convocado los concursos para adjudicar las licencias, pero solo Cataluña y Baleares lo hicieron. La ley dice que "cualquier interesado podrá proponer convocar el correspondiente concurso". Es lo que ha ocurrido en el último año, y no solo en la Comunitat Valenciana. Empresas interesadas en obtener una licencia han solicitado en todas las CCAA que se convoque el "correspondiente concurso" y en la mayoría el asunto ha acabado en los tribunales, según datos del despacho jurídico Díez & Romeo, que representa a estos interesados. Solo Cataluña y Baleares convocaron en su día los concursos, Galicia lo hizo pero lo declaró desierto y, del resto, únicamente en Extremadura el Gobierno autonómico ha admitido la solicitud de convocatoria de concurso.
La situación en cada una de las 17 CCAA es las siguiente, según este despacho:
Asturias: sentencia firme obligando a convocar concurso. Aún no se ha convocado.
Galicia: el Gobierno sacó concurso y lo declaró desierto. Ahora se ha pedido y está pendiente de resolución en el TSJ.
País Vasco: sentencia a favor del Gobierno, que rechazó convocar concurso. Recurrida ante el Tribunal Supremo.
Navarra: sentencia a favor de las empresas. El Gobierno ya ha convocado el concurso.
Aragón: en el TSJ.
Cataluña: se convocó y se adjudicó. Ha habido peticiones de concurso para licencias desiertas.
Castilla y León: en el TSJ.
Castilla-La Mancha: en el TSJ.
Comunitat Valenciana: en el TSJ.
Murcia: en el TSJ.
La Rioja: sentencia a favor de las empresas. Recurrida ante el Supremo.
Andalucía: en el TSJ.
Extremadura: solicitud estimada por el Gobierno. El concurso aún no ha sido convocado.
Baleares: concurso convocado y adjudicado hace años. Se ha admitido ahora la petición de licitar las desiertas.
Canarias: sentencia a favor del Gobierno, que rechazó convocar concurso. Recurrida ante el Tribunal Supremo.
Cantabria: en el TSJ.
Madrid: sentencia reciente a favor de las empresas. En plazo para recurrir ante el Supremo.
Como se ve, hay cuatro sentencias a favor de las empresas -Asturias, Navarra, La Rioja y Madrid- y dos a favor de los gobiernos que no quieren convocar concurso -País Vasco y Canarias-, aunque en Asturias hay también alguna en contra, pero la que es a favor no ha sido recurrida. El punto de la discordia es este párrafo del artículo 27.4 de la Ley General de la Comunicación Audiovisual: "Transcurridos doce meses desde que se haya planificado una reserva de dominio público radioeléctrico sin que la Administración competente haya solicitado su afectación al servicio público de difusión de radio y televisión, o convocado el correspondiente concurso, y sin que ningún interesado haya instado dicha convocatoria, dicha reserva decaerá y se excluirá automáticamente de la planificación radioeléctrica".
A este artículo 27.4 se aferran los gobiernos, también el valenciano, para afirmar que no tienen reserva de dominio público radioeléctrico porque ha decaído. Sin embargo, según ha explicado a este periódico Jaime Rodríguez, socio de Díez & Romero, la reserva del espectro es competencia única del Estado, y el Estado emitió un informe el pasado mes de julio que dice que el espectro está vigente y planificado.
El Consell se atendrá a lo que diga la Justicia, como no podía ser de otra manera, pero considera necesario que el Gobierno central tome cartas en el asunto y clarifique la situación de acuerdo con las Comunidades Autónomas en lugar de esperar que lo haga el Tribunal Supremo, que es donde probablemente acabarán la mayoría de los contenciosos. Así lo expresó en declaraciones a Valencia Plaza la secretaria autonómica de Comunicación, Blanca Marín. La Generalitat tiene pendiente adjudicar 31 licencias de FM, proceso que ha paralizado a la espera de que el Tribunal Supremo resuelva el contencioso sobre un anterior concurso que quedó desierto.
Respecto a la radio digital terrestre, Jaime Rodríguez explica que no hay motivo para no convocar los concursos porque la tecnología existe y los receptores DAB están disponibles en el mercado, aunque mucho hogares aún no los tengan. De hecho, los nuevos hogares deben llevar incorporados obligatoriamente la recepción de radio digital terrestre y el Código Europeo de Comunicaciones Electrónicas exige que todas las radios para automóviles nuevos de la UE fabricados desde finales de 2020 puedan recibir la tecnología DAB.
