La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en la sesión de control de este miércoles. Foto: E. Parra. POOL/EPVALÈNCIA. El plan del Gobierno de 7.000 millones en ayudas directas a empresas y autónomos más golpeados por la pandemia suma un nuevo contratiempo que retrasará aún más la llegada de este dinero. El Ministerio de Hacienda dio a conocer este viernes los detalles técnicos para la gestión directa por parte de las Comunidades Autónomas y, en contra de lo que estas esperaban, serán ellas las que tendrán que cargar con el grueso de la tramitación.
Desde que el pasado 12 de marzo se aprobó el Real Decreto-Ley del nuevo Fondo Covid para empresas, del que la Comunitat Valenciana recibirá 647 millones de euros, el departamento que dirige María Jesús Montero tenía pendiente concretar mediante una orden cómo deben aplicarse los requisitos para beneficiarse de las ayudas y los criterios para cuantificar las mismas. El mínimo es 3.000 euros para los autónomos que tributan por módulos y entre 4.000 y 200.000 para las empresas.
Pues bien, la esperada orden se publicó por fin este miércoles en el BOE y, para decepción de las CCAA, el Gobierno no ha tenido en cuenta su petición de simplificar la tramitación para evitar que el exceso de burocracia retrase tanto la llegada de los fondos que no sirvan para su objetivo.
El mayor jarro de agua fría ha sido la confirmación para las CCAA de que, en contra de lo que habían solicitado al Ministerio de Hacienda, la Agencia Tributaria no les va a facilitar con carácter previo los listados de empresas pertenecientes a los 95 sectores de actividad definidos por el Gobierno central que cumplen el requisito básico para recibir la ayuda: acreditar una merma en sus ingresos en 2020 de como mínimo el 30% respecto al año anterior.
La Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) suministrará a las CCAA "la información que tenga disponible" para abonar la ayuda de acuerdo con lo previsto en unos convenios que el Ministerio de Hacienda debe firmar con cada comunidad autónoma. Estos convenios, según los plazos del propio Real Decreto-Ley, debían suscribirse un mes después de su entrada en vigor, pero el plazo venció el pasado 13 de abril y Hacienda aún no tiene fecha para la firma.
Al respecto, fuentes del Ministerio de Hacienda aclararon a este medio que, en lugar de facilitar previamente a las CCAA un listado de todas las empresas potencialmente elegibles por cumplir los requisitos, la AEAT se imitará a verificar con posterioridad qué solicitudes de entre todas las que reciban las Comunidades pueden beneficiarse de la ayuda. Esto es, además de añadir burocracia innecesaria, el Gobierno descarga sobre las respectivas consejerías de Hacienda el grueso de la tramitación.
Varias regiones, entre ellas la Comunitat Valenciana, habían pedido al Ministerio de Hacienda que la Agencia Tributaria les facilitase por adelantado la información que ella misma posee de los beneficiarios, como el CNAE al que pertenecen, el número de trabajadores o el domicilio fiscal.
Sin embargo, serán las regiones las que cada lunes tendrán que enviar a la AEAT un fichero con la relación de todas las solicitudes recibidas durante la semana anterior y una semana después la correspondiente la Delegación Especial precisará a la comunidad autónoma si la empresa cumple o no con el requisito de haber reducido su facturación al menos un 30%.
Además, las comunidades autónomas tendrán que rendir cuentas ante el Ministerio de Hacienda el primer trimestre de 2022 sobre la gestión y ejecución de las ayudas que gestionarán. El saldo que no sean capaces de ejecutar o comprometer antes del 31 de diciembre de este año deberán devolverlo al Ministerio de Hacienda.
Este complicado mecanismo de intercambio de información con la Agencia Tributaria figuraba ya en un borrador de decreto que el Ministerio de Hacienda remitió a las CCAA el pasado jueves, a apenas dos días hábiles del vencimiento del plazo para su firma.
El departamento de María Jesús Montero les dio de plazo hasta el pasado lunes para plantear alegaciones, pero según fuentes de su Ministerio aún no hay una fecha prevista para aprobar esos convenios, con lo que las posibilidades de que se cumpla el compromiso de Pedro Sánchez de transferir el dinero a las CCAA a los cuarenta días de la aprobación del Real Decreto-Ley son cada vez mayores.
El propio Sánchez tuvo un desliz al respecto durante su intervención en el Congreso de este miércoles cuando aseguró que los 7.000 millones en ayudas directas ya habían sido transferidos a las comunidades. Fuentes de Hacienda aclararon posteriormente a Europa Press que esos fondos aún no están transferidos.
Ademés de contar con la información filtrada previamente por la Agencia Tributaria, la Conselleria de Hacienda solicitado al Ministerio que no sea necesario comprobar factura a factura que las beneficiarias cumplen los compromisos del Fondo Covid, sino que baste con que la empresa continue su actividad a 30 de junio de 2022 para dar el objetivo por cumplido. De lo contrario, las comunidades podrían necesitar meses para comprobar las facturas.
