Vicent Soler. Foto: KIKE TABERNERVALÈNCIA. La Conselleria de Hacienda ha pedido por escrito al Ministerio de Hacienda que aclare los criterios para el reparto del último paquete de ayudas directas aprobado por el Gobierno, de los cuales la Comunitat va a recibir 647 millones de euros en total, porque el Real Decreto que regula estas ayudas no concreta cuestiones clave para determinar el número de empresas beneficiadas o si las comunidades autónomas pueden incluir más sectores industriales de los señalados inicialmente por el Ejecutivo, como el calzado y el cuero, uno de los que mayor descenso de facturación ha sufrido.
Desde que el Gobierno aprobó hace dos semanas destinar 7.000 millones en ayudas directas no reembolsables para cubrir los gastos fijos y deudas de las empresas y autónomos de los sectores más perjudicados por la pandemia, la Conselleria de Hacienda ha mantenido contactos técnicos con sus homólogos de regiones como Asturias, Aragón, Andalucía, Cataluña o Madrid para poner en común las dudas sobre la gestión de las ayudas que no quedaron aclaradas en el Real Decreto del Gobierno.
El resultado de estos contactos técnicos se ha plasmado en un documento que recoge las inquietudes de la Comunitat Valenciana y el resto de regiones que tendrán que gestionar directamente estas ayudas, que ya ha sido trasladado al departamento que dirige María Jesús Montero.
Junto a ello, estas comunidades han pedido al Ministerio de Hacienda que constituya un foro para debatir los criterios concretos de asignación de los fondos a empresas y autónomos. Esta petición se desmarca de la que han realizado varias regiones gobernadas por el PP, que han exigido a Montero la convocatoria extraordinaria de un Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) para fijar esos criterios.
Según fuentes de la Conselleria de Hacienda, el objetivo de esta movilización es que exista una norma ágil de ejecutar, tanto en la concesión, para que llegue cuanto antes a las empresas, como en el control posterior, para que no colapse la gestión.
Las Comunidades conocieron este viernes la cantidad concreta que recibirán del fondo. Canarias y Andalucía, con 1.144 millones y 1.109 millones de euros, respectivamente, reciben las mayores partidas. Según la orden del Ministerio de Hacienda con la que se concretan esas cantidades y los criterios para repartirlas a continuación están Cataluña, con 993,2 millones asignados; Baleares, con 855,7 millones; Madrid con 679,2 millones y la Comunitat, con 647 millones (el 12.94% del total).
Hacienda ha realizado ese cálculo en función de indicadores de renta, desempleo y paro juvenil de las Comunidades Autónomas, los mismos criterios que los utilizados para el React-EU.
Ahora que ya saben la cantidad que les corresponde, los gobiernos regionales podrían comenzar calcular la cuantía de las ayudas, que están reservadas a las empresas pertenecientes a 95 sectores de actividad definidos por el Gobierno central. Pero para ello la Agencia Tributaria (AEAT) debe proporcionarles la información de las empresas que cumplen el requisito marcado por el Ejecutivo para recibir la Linea Covid: acreditar una merma en sus ingresos de como mínimo el 30% respecto a 2019.
El Real-Decreto con el que se aprueba esta línea Covid establece que los autónomos que tributan en módulos recibirán 3.000 euros, y las empresas y el resto de autónomos percibirán entre 4.000 y 200.000 euros.
A partir de ahí, dado que el Ministerio de Hacienda solo ha marcado los criterios generales para beneficiarse del fondo, corresponde a cada gobierno regional establecer los criterios concretos de reparto. Por ejemplo, queda en sus manos decidir si asigna la misma cantidad a todas las empresas, independientemente de sus pérdidas, o si las reparte en función del mayor o menor impacto de la crisis por sectores.
Para ello, el Gobierno firmará un convenio con cada comunidad en el plazo de aproximadamente un mes y, diez días después, liberará los fondos.
Ese amplio margen de maniobra, que va a acompañado de la obligación de devolver los fondos que no se ejecuten de aquí a final de año, ha generado inquietud en las comunidades autónomas, que quieren que el Gobierno defina claramente el margen de actuación y les exima de tener que comprobar factura a factura que las beneficiarias cumplen los compromisos.
Esta última es una de las cuestiones que la Conselleria de Hacienda ha incluido en el escrito con el que traslada al Gobierno sus inquietudes respecto a la gestión del fondo. Para evitar que el exceso de burocracia ralentice la comprobación de las ayudas, el departamento de Vicent Soler propone que una vez se compruebe que una empresa cumple los requisitos de entrada, el control posterior no sea para ver el destino de los fondos, sino que baste con que la empresa continue su actividad a 30 de junio de 2022 para dar el objetivo por cumplido. De lo contrario, las comunidades podrían necesitar meses para comprobar las facturas.
Además, las haciendas regionales necesitan que el Ministerio facilite toda la información de requisitos de entrada fijados en el Real-Decreto que no está a su disposición, como las operaciones de IVA, información sobre empresas que pertenecen a grupos con presencia en varias regiones o datos del número de trabajadores.
En este sentido, lo que proponen las comunidades es que sean las propias empresas y autónomos los que recaben la información previamente a presentar la solicitud, ya que así se evitaría un elevado número de resoluciones denegadas por no cumplir las resoluciones y la posterior reclamación a la comunidad autónoma, que no dispone de más información que la que le proporcione la AEAT.
A ello se suma, además, la necesidad de aclarar conceptos del Real-Decreto como el de costes fijos, que no está definido ni por la contabilidad financiera ni por la normativa tributarias y que es necesario conocer porque la ayuda va destinada a cubrir costes fijos de autónomos y empresas.
