CASTELLÓ (EP). La ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha aclarado este domingo que el Ejecutivo quiere mantener el estado de alarma vigente, aunque se hagan variaciones, hasta "la vuelta a la nueva normalidad" o hasta que deje ser necesario limitar la movilidad de los ciudadanos, ya que es el instrumento legal "más garantistas" que tiene la Constitución para restringir derechos fundamentales de los ciudadanos.
Así lo ha asegurado en la rueda de prensa que ha ofrecido en Moncloa junto al ministro de Sanidad, Salvador Illa, tras la novena reunión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con los presidentes autonómicos desde que se decretó el estado de alarma, en la que se han centrado en analizar el proceso de desescalada.
"El estado de alarma es un mecanismo que es necesario para hacer el ejercicio de la restricción de los derechos de los ciudadanos, por eso no es un instrumento caprichoso y no es vocación del Gobierno mantenerlo más allá del tiempo que sea preciso para que todo el trabajo realizado previamente no se tire por tierra", ha explicado.
En este sentido, ha recalcado que las razones para mantener este instrumento no son "políticas", sino "fundamentalmente técnicas" y "sanitarias" por la "necesidad de ordenar la movilidad de la población y la "necesidad jurídica", teniendo en cuenta que es "el elemento más garantista".
Además, ha matizado que el Gobierno cree que el "tiempo necesario" que debe estar vigente alcanza "hasta esa vuelta a la normalidad o al menos hasta que las fases de la desescalada no obliguen a que haya movilidad restringida por parte de los ciudadanos".
Según el plan aprobado por el Gobierno, la libre movilidad no será total hasta que todas las áreas territoriales alcancen esa última fase de "nueva movilidad", ya que hasta ese momento seguirá estando prohibido desplazarse entre áreas que no haya llegado hasta esa última etapa. Y esa "nueva normalidad" podría no ser efectiva en todas las regiones hasta finales de junio según las previsiones anunciadas por el Gobierno cuando explicó la aplicación de las cuatro fases de desescalada.
Preguntada en concreto sobre si esto llevará al Gobierno a pedir la prórroga del estado de alarma hasta que todas las Comunidades lleguen a la "nueva normalidad", Montero ha defendido que este instrumento "tendrá que estar vigente mientras sea necesario que la movilidad de los ciudadanos esté restringida o que la salida de ese confinamiento se produzca de una forma ordenada".
"El decreto de estado de alarma es el único instrumento constitucional que garantiza y tiene todas las garantías cuando se trata de restringir derechos fundamentales como la movilidad de todos los ciudadanos. Y es una medida que obliga a que sea el Congreso el que dé el visto bueno, nada comparable con ningún tipo de ley orgánica u ordinaria, por muchas modificaciones que se produjeran", ha afirmado en varias ocasiones.
Montero no ha hecho referencia a las dificultades que ya ha tenido el Gobierno, y que previsiblemente tendrá en el futuro para seguir aprobando prórrogas del estado de alarma, ni a la posibilidad de desarrollar alternativas en el caso de que no consigan mantenerlo, por las que le han preguntado varios medios de comunicación.
"El decreto de estado de alarma no es ningún tipo de programa político. Es un instrumento, el más garantista que tiene la Constitución para que se pueda, en una situación extraordinaria, restringir algunos de los derechos fundamentales de los ciudadanos, como la movilidad, que hay que contraponer al derecho a la salud colectiva", ha recalcado.
En todo caso, ha recordado que los decretos de alarma que se vayan aprobado "no tienen que ser iguales", sino que se pueden ir incluyendo nuevos elementos, como la cogobernanza que se ha introducido en el último.
A este respecto, ha señalado que tampoco la movilidad funcional igual que cuando se decretó por primera vez el estado de alarma. "Ahora las personas pueden salir de manera ordenada pero requiere todavía tener esta herramienta legal plenamente constitucional y más garantista que cualquiera de las leyes ordinarias", ha insistido.
Declara inconstitucional tanto esa prórroga como el nombramiento de autoridades competentes delegadas
