Manuel Illueca, director general del IVF. Foto: KIKE TABERNERVALÈNCIA. El Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) cambia su reglamento para poder conceder créditos a la patronal autonómica CEV y los sindicatos mayoritarios en la Comunitat, CCOO-PV y UGT-PV. El organismo que preside Manuel Illueca responde de este modo a la petición de los propios agentes sociales, que habían solicitado tener acceso financiación de este ente público a modo de anticipo de las subvenciones que reciben de la propia Generalitat para sufragar sus gastos de funcionamiento.
La modificación está prevista en el Anteproyecto de la Ley de Acompañamiento a los presupuestos de la Generalitat para 2021 que esta semana ha salido a información pública. En concreto, el cambio habilita al IVF a conceder financiación a las organizaciones sindicales y empresariales representativas en la Comunitat Valenciana conforme a la Ley de Participación y Colaboración Institucional.
Esta ley regula las ayudas directas que la administración concede anualmente a patronal y sindicatos para compensarles por su participación en las comisiones, consejos u otros órganos colegiados parecidos de dirección, participación, consultivos o de asesoramiento.. Estas ayudas, que salen del presupuesto de la Conselleria de Economía, ascienden este año a 800.000 euros para la CEV y 400.000 para cada uno de los dos sindicatos mayoritarios.
De ese modo, cuando se haga efectivo el cambio previsto en la Ley de Acompañamiento de 2021, desde el próximo ejercicio el IVF estará habilitado para anticipar a estas organizaciones las subvenciones de la Generalitat por participación institucional.
La Generalitat, por sus tensiones de liquidez, suele retrasarse en el pago de estas subvenciones, por lo que el instituto que dirige Manuel Illueca financiará directamente el anticipo, que hasta ahora se canaliza a través de entidades financieras privadas mediante confirming.
Según explican fuentes este ente público, el IVF adelantará los fondos a precios de mercado "para evitar las rigideces de la normativa interna de la financiación bonificada", similar en ese sentido a la la ley de subvenciones.
No es la primera vez que el ente, que quedó desgajado de la Generalitat en la parte que concierne a los créditos al sector privado para operar fuera del perímetro SEC de la Generalitat, adopta una medida de este tipo.
Sin ir más lejos, el pasado año el IVF ya salió al rescate de los centros de menores tutelados asfixiados por el retraso de la Generalitat en el pago de sus servicios. Lo hizo con una línea de crédito para aliviar los problemas de caja de estas entidades sin ánimo de lucro por los que les cobra un interés del 2%. Hasta entonces, las entidades sin ánimo de lucro que gestionan los mismos acudían a préstamos o líneas de crédito de la banca privada para pagar las nóminas.
Por otro lado, el IVF aprovecha la Ley de Acompañamiento para modificar la regulación de sus órganos de gobierno para permitir que los consejeros independientes del Consejo General perciban las indemnizaciones que correspondan de acuerdo con lo que prevea el reglamento orgánico del ente, que se aprobará próximamente. Estas indemnizaciones o "cualquier otro concepto" que perciban en el ejercicio de sus funciones deberán ser de carácter público.
El organismo nombró a principios de marzo, apenas una semana antes de que se declarase el estado de alarma por la crisis del coronavirus, a sus cinco consejeros independientes: Santiago Carbó, Mónica Quesada, Rosa María Yagüe, Rafa Marimón y Elíes Seguí. Con ello, el IVF cuenta por primera vez con mayoría de independientes en su máximo órgano de decisión, tanto de la política de créditos y recuperaciones como de las diferentes comisiones.
Desde su constitución, este órgano se ha reunido varias veces de forma telemática, entre otras cosas para la aprobación de cuentas del instituto el pasado mes de julio, al margen de las reuniones de las cuatro subcomisiones que se han constituido (Riesgos, Nombramientos y Retribuciones, la de Auditoría y la de Transparencia), donde también hay mayoría de vocales independientes.
Su nombre está asociado a la banca pública, donde lleva más de veinte años, y, desde hace unos meses, ostenta el cargo de director general del IVF, un puesto que conoce bien y desde el cual defiende las funciones del brazo financiero de la Generalitat
