VALÈNCIA. El PPCV celebra este sábado su XV autonómico, que proclamará a Carlos Mazón como nuevo líder del partido y definirá las líneas programáticas que lo conducirán a las próximas elecciones autonómicas. Una cita exprés en el Palau de Les Arts–sólo se alargará hasta el mediodía– en la que se escenificará el cierre de filas del partido con la presencia de diversos dirigentes nacionales y territoriales.
El cónclave supone el relevo de Isabel Bonig en la presidencia regional de los populares valencianos tras seis años. Después de que el pasado mayo diera un paso al lado ante el posicionamiento claro de Génova con Mazón, se ha mantenido en un total segundo plano sin apariciones públicas ni intención de volver a la primera línea política. La previsión es que acuda al congreso, que servirá para realizarle un reconocimiento público de su labor al frente del PPCV durante los años más complicados para la formación. Sin embargo, poco lugar habrá para la mínima discrepancia interna. Bonig, que siempre mostró su deseo de intentar revalidar el cargo, no pronunciará ningún discurso y se limitará a escuchar los elogios de todos.
Tampoco está previsto que asistan el alcalde de Ayora, José Vicente Anaya, ni el expresidente de la Generalitat Francisco Camps. El primero se presentó contra Mazón auspiciado por miembros del Foro 2020, al que pertenece el segundo, aunque obtuvo escasos apoyos en la votación.
Entre el listado de cargos que arroparán al nuevo líder se encuentran el presidente nacional, Pablo Casado; su número dos, Teodoro García Egea; el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida; el presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras; la futura presidente del PP de Baleares, Marga Prohens; los eurodiputados Esteban González Pons y José Manuel García-Margallo; la vicepresidenta segunda del Congreso, Ana Pastor; el alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón; la presidenta de Nuevas Generaciones, Bea Fanjul; y otros cargos nacionales del partido como Antonio González Terol o Ana Beltrán.
Una de las claves del cónclave será el anuncio de la Ejecutiva de Mazón. Hasta el momento, son pocos los nombres concretos han trascendido: la que será número dos (secretaria general), María José Catalá, quien además podría también asumir la portavocía del grupo de Les Corts; y el que será el encargado de Organización, Juanfran Pérez Llorca. El alcalde de Finestrat es mano derecha del líder del PPCV en Alicante y una persona de su máxima confianza pese a que inicialmente perteneciera a la corriente de José Císcar. En las últimas horas también han sonado la senadora Salomé Pradas o el alcalde de Torrevieja, Eduardo Dolón, como otras de las personas que podrían ocupar puestos relevantes.
El listado completo de vicesecretarios y vocales se anunciará esta mañana, aunque lo que parece claro es que reflejará el equilibrio provincial y estará compuesto de perfiles cercanos a los tres presidentes en este ámbito –Vicente Mompó (Valencia), Toni Pérez (Alicante) y Marta Barrachina (Castellón)– y a Catalá. Un hecho con el que Mazón pretende lanzar el mensaje de que se apoya en las direcciones provinciales para fortalecer su proyecto.
Al margen de los nombres, resultará igualmente de importancia la línea ideológica en la que se moverá a partir de ahora el partido y que se quedará reflejada en la ponencia política. Un anticipo de lo que será su programa electoral. No existen grandes cambios con la anterior, aunque sí matices de adaptación al nuevo contexto en el que se tiene que mover el PPCV. En el texto que saldrá adelante y que será presentado por el alcalde de Alicante, Luis Barcala, y la portavoz en Castelló de la Plana, Begoña Carrasco, existe dos ideas generales: centro político y libertad. Palabras que se repiten en numerosas ocasiones a lo largo del documento.
Ninguna de las dos son, por supuesto, casuales. Mientras la de libertad supone una clara alusión a la campaña de Isabel Díaz Ayuso en Madrid, cuyo efecto los populares valencianos quieren aprovechar tras su triunfo, el centro político va encaminado a la diferenciación respecto a Vox y la aceptación de pactos para gobernar. La ponencia recoge, de este modo, apartados sobre temas sociales en contraposición a la gestión del Botànic, como el impulso a la tramitación de líneas de apoyo al Ingreso Mínimo Vital, la Renta Mínima de Inserción o la Ley de Dependencia.
También medioambientales en confrontación a las opiniones de Vox sobre el cambio climático. Entre ellas, mencionan medidas para la reducción de emisión de Gases de Efecto Invernadero. O de feminismo, abogando por un movimiento que reivindique la igualdad "sin ser excluyente".
Protección del estado de las autonomías sin apostar por la recentralización y refuerzo del autogobierno son otras de las claves con las que se pretenden diferenciar de Vox, con una política fiscal propia, la reclamación de la reforma del sistema de financiación para tener más recursos propios y la recuperación del derecho foral valenciano.
A la ponencia política se han presentado 30 enmiendas, la mayoría de las cuales está previsto que se aprueben. Algunas de las que más polémica han generado son las relacionadas con el valenciano y las señas de identidad. Inicialmente, se difundió un texto que defendía la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL) por su utilidad para profundizar en la lengua valenciana, pero se retiró. Una de las enmiendas pide incorporar ahora lo siguiente: "Defenderemos y apoyaremos a las instituciones culturales valencianas centenarias y de reconocido prestigio, como Lo Rat Penat (LRP) y la Real Academia de Cultura Valenciana (RACV), defensoras de la lengua y cultura valencianas, ahora perseguidas, silenciadas y sin subvenciones por las políticas sectarias y pancatalanistas del Botánico. Exigiremos a la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL) que cumpla las funciones encomendadas develar por el valenciano y defender su denominación y entidad".
En la ponencia consta también que el valenciano "ni es un dialecto, ni nuestra comunidad una sucursal de nadie", pero una de las enmiendas pide reconocer explícitamente la singularidad "propia y diferenciada", tal como recoge el Estatut, y "no permitir que los intereses del nacionalismo catalán cuestionen su identidad y denominación". Otra de ellas pide también recuperar la ley de señas de identidad impulsada por el PP y derogada por el Botànic.