CASTELLÓ. La portavoz del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Castelló, Begoña Carrasco, advierte del colapso en el Ayuntamiento por el aluvión de solicitudes de vecinos y autónomos para obtener las pertinentes autorizaciones de acceso al centro sin ser multados por las cámaras. "Están siendo muchísimas las quejas de vecinos y empresas de servicios que no encuentran soluciones al problema que les ha generado la instalación de las cámaras en el centro para controlar el tráfico y que sancionan con 200 euros a los vehículos no autorizados. Esto es lo que pasa cuando se gestiona de espaldas a los castellonenses, no se informa, no se consensúa y se imponen decisiones como ésta que tanto malestar ha causado", explica.
"Existe una deficiente atención ciudadana por parte del gobierno municipal que, ahora más que nunca, debería facilitar los trámites a los castellonenses y mientras las autorizaciones para circular por la zona acotada por cámaras no llegan, muchos proveedores, fontaneros y electricistas se ven obligados a pasar por caja". "Este mismo lunes mismo hemos preguntado en Comisión Informativa al gobierno municipal socialista cuántas multas de 200 euros se han puesto desde que el sistema de videovigilancia de acceso al centro entró en funcionamiento el pasado 16 de febrero. Desde el PP nos hemos sumado a la petición de los comerciantes de desactivar de inmediato las cámaras", añade Carrasco.
En el caso concreto de las empresas de servicios, "necesitan urgentemente esta autorización para poder trabajar, sin tener que pagar muy caro el tener que atender a clientes del centro. Pese a múltiples intentos no consiguen contactar con el Ayuntamiento porque el teléfono de atención ciudadana, el 010, está colapsado", lamenta Carrasco.
Para los populares, la implantación del sistema de vigilancia mediante cámaras en el centro es "inadecuado en estos momentos de pandemia que tan mal lo está pasando el comercio y la hostelería con pérdidas económicas muy elevadas, más de 60% y en el caso de establecimientos muy especializados llegando incluso al 95% sus pérdidas", recuerda la munícipe. "No es el momento para un sistema con afán recaudatorio, que no contenta a nadie y que supone una sobrecarga de trabajo para los técnicos municipales", señala.
En este sentido, Carrasco se pregunta: "¿Cuántos cierres de negocios más necesita Amparo Marco para atender la petición del comercio local de desactivar las cámaras del centro? La situación del comercio y de la hostelería ya es lo suficientemente agonizante como para seguir poniéndoles más palos en la rueda". "La alcaldesa, que sigue escondida durante la pandemia, por no atender no atiende ni la petición de reunión de los representantes de los comerciantes, que llevan insistiendo mucho tiempo y todavía hoy siguen esperando", agrega Carrasco.
Fuentes municipales aclaran que "el sistema de cámaras (de reconocimiento exclusivo de matrículas) sustituye a los bolardos. Es decir, no se trata de una medida nueva. Ni antes ni ahora se podía circular por esas calles si no se tiene autorización para ello. Antes se controlaba con bolardos y ahora con cámaras. No es ningún cerco al centro o que hemos restringido el acceso al centro, porque el acceso es el mismo antes con los bolardos que ahora con cámaras. De hecho, el horario de reparto y cargas y descargas no solo se ha mantenido sino que se ha creado una nueva franja (15-17 horas) que facilita previo aviso la labor de los repartidores. La única diferencia es la forma de fiscalizar el cumplimiento de dichas medidas.
Respecto a la solicitud de autorizaciones, el Ayuntamiento recuerda que "se informó de la medida con antelación y hubo un periodo informativo de un mes, aunque, coincidiendo con el inicio del periodo sancionador se recibieron más solicitudes, que se están tramitando".
