El PP pide sancionar a Puig por no abstenerse en la votación del decreto del IVF

VALÈNCIA. (EFE). El PP ha pedido en Les Corts que se inicie un expediente sancionador contra el president de la Generalitat, Ximo Puig, por no abstenerse en la "votación del decreto del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) sobre la quita de la deuda al grupo Zeta", del que Puig es accionista.

La secretaria general del PPCV, Eva Ortiz, ha manifestado en rueda de prensa que Puig ha incumplido el Código de buen gobierno y la ley de Incompatibilidades, y "ha incurrido en infracciones muy graves".

Según Ortiz, la adhesión de Puig al Código de buen gobierno le obliga a presentar una declaración de bienes e intereses y a mantenerla actualizada en caso de que se produzcan variaciones en las acciones o participaciones que posea, "algo que aún no ha hecho".

Ortiz ha explicado que en la declaración pública de Puig "aparecen aún las acciones de Pecsa, sin reflejar el cambio societario del que se ha beneficiado".

Por tanto, la dirigente popular ha considerado que el president "miente en esa declaración e incumple el Código de Buen Gobierno al que se adhirió, sin que haya dado explicaciones todavía".

Según ha explicado, la Ley de Incompatibilidades y Conflicto de Intereses que aprobó el Botànic señala que el president de la Generalitat "deberá inhibirse del conocimiento de asuntos que interesen a empresas o sociedades en las que hayan realizado funciones de dirección, asesoramiento o administración".

Además, ha añadido, señala que deberá abstenerse cuando tenga interés personal en el asunto que se vaya a aprobar o en otro en cuya resolución pudiera influir la de aquel. 

Ortiz se ha preguntado "cómo se puede defender que el president de la Generalitat no tenía interés personal en el asunto cuando llamó personalmente al director del IVF interesándose" por él.

"Es evidente que el señor Puig, tenía interés en la aprobación del decreto a medida y, por tanto, tenía que haberse abstenido, máxime cuando ese decreto incluye una cláusula de retroactividad a medida para esa empresa", ha manifestado.

La secretaria general del PPCV ha pedido saber "qué día, cómo y por qué" habla Puig con el director del IVF, Manuel Illueca, "para interesarse por esta operación en la que sus acciones cambian de valor de forma importante", pues las acciones de Puig "no valen lo mismo antes que después de esta operación".

Ortiz ha destacado que, según la ley, la abstención es "preceptiva "y deberá efectuarse por escrito y ser notificada a la Oficina de Control de Conflictos de Intereses, pero "es evidente que el señor Puig no se abstuvo de la votación que aprobó el decreto del que tanto se ha beneficiado".

Según ha explicado, la misma ley tipifica en el artículo 15 como infracción muy grave el incumplimiento del deber de abstención o inhibición cuando corresponda, y prevé sanciones como el cese o la prohibición de ser alto cargo entre cinco y diez años.

"Las leyes y los decretos están para cumplirse y si el president no lo hace deberá asumir responsabilidades", ha firmado Ortiz, quien ha destacado que, mientras el IVF "hace quitas a empresas en la que Puig tiene intereses, le cobra un 2 % de intereses a las entidades sin ánimo de lucro por los impagos de Mónica Oltra".

La dirigente popular ha recordado finalmente que el PSPV modificó la ley que permitió a Puig "mantener su porcentaje de participación en la empresa que ha sido absorbida, al elevar el porcentaje máximo de acciones de los altos cargos del 0'5 % al 10 %".