El diputado del PPCV, Fernando Pastor. Foto: CORTSVALÈNCIA. Hace aproximadamente un mes los grupos parlamentarios que integran el Gobierno del Botanic II -PSPV, Compromís y Unides Podem- presentaron una nueva Ley de Transparencia que modificaba sustancialmente la normativa en vigor. Uno de los cambios más significativos que introducía el nuevo texto legal afectaba a la composición, organización y dietas que perciben los miembros del Consejo de Transparencia.
La proposición de ley presentada por el tripartito y la consellera de Participación, Rosa Pérez, propone que este órgano se profesionalice y que sus integrantes pasen a tener rango de director general y dedicación exclusiva. Una circunstancia sobre la que los socialistas no estaban convencidos de aplicar, y que ahora también suma el rechazo de otro grupo parlamentario.
El PPCV cuestiona la modificación de este apartado de la ley principalmente porque "comportaría más gasto para las arcas públicas", critica el diputado Fernando Pastor. Actualmente el Consejo de Transparencia recibe una subvención anual de 100.000 euros anuales, que se destinan a pagar las dietas de los consejeros por las reuniones que celebran y material que necesitan para desempeñar sus funciones.
Las compensaciones que reciben los integrantes de este órgano por cada encuentro celebrado oscilan entre los 600 y 500 euros. El presidente del Consejo, Ricardo García Macho, cobra la cuantía más alta por cada reunión, mientras los cuatro vocales -Carlos Flores, Lorenzo Cotino, Sofía García Solís y Emilia Bolinches- reciben 500. Ahora, sin embargo, con el cambio propuesto para que tengan rango de director general pasarían a cobrar casi 60.000 euros al año. Si bien es cierto que el órgano se reduciría en 2 integrantes -ahora mismo son cinco-, aún así, supondría un gasto anual de en torno a 180.000 euros tan solo en sueldos.
Asimismo, los populares cuestionan que esta ley haya sido presentada como proposición de ley y no como proyecto de ley. Las dudas que mostraron los socialistas pocos días después de que el tripartito presentara la norma en Les Corts evidenciaron que el contenido no había sido elaborado realmente por los grupos parlamentarios, sino por la Conselleria de Participación y Transparencia, como admitieron más tarde fuentes del Parlamento a este diario.
Al presentarla los grupos parlamentarios y no la Conselleria de Transparencia, el texto por tanto se tramita como una proposición de ley. Un procedimiento más ágil, ya que de esta manera sortea todo un periplo burocrático y de mayor control: no pasa por el Consell Jurídic Consultiu, ni cuenta con el informe del Comité Económico y Social. Las consellerias no hacen alegaciones, no se elabora un informe de género, ni tampoco la Dirección General de Presupuestos determina si existen fondos para aplicarla. Una cuestión esencial en el caso de que los consejeros tengan rango de directores generales porque comportaría mayor gasto para la Administración.
Pocos días después de registrarse esta proposición de ley, los socialistas no escondían sus dudas respecto a algunos apartados del texto legal. En concreto, sobre el régimen de funcionamiento del Consejo de Transparencia. Desde el grupo parlamentario socialista tienen serias dudas de que esta modificación vaya a ser beneficiosa para el órgano y creen que con ella el tripartito tendrá mayor dificultad para encontrar candidatos que quieran ocupar estos puestos. ¿Los motivos? Actualmente los miembros del Consejo de Transparencia perciben indemnizaciones por cada reunión que celebran y pueden compatibilizar el cargo de consejeros con su profesión -la mayoría ejercen de profesores universitarios-.
Sin embargo, con el cambio propuesto, pasarían a estar bajo el régimen de incompatibilidades de los altos cargos del Consell y no podrían cobrar un sueldo universitario ni tampoco indemnizaciones por cada reunión porque ya tendrían dedicación exclusiva, por lo que a muchos de ellos no les compensaría económicamente el cambio. Por ello, el PSPV duda que con las incompatibilidades y las retribuciones que recibirían si tuvieran rango de directores generales, el Botànic II pudiera encontrar en un futuro aspirantes para ocupar el cargo de consejeros, ya que muchos preferirían mantenerse en sus profesiones para no perder poder adquisitivo.
Un factor que los socialistas creen que debería tenerse en cuenta y analizarse en la fase de participación ciudadana que se abrirá en los próximos meses en la comisión que estudie la citada ley. Aseguran que, si en ella, los expertos a los que inviten los partidos a comparecer les trasladan que con este cambio podría bajar el nivel o la calidad de este organismo, se plantearán enmendar este apartado de la ley. No en vano, la norma plantea que los consejeros serán personas de reconocido prestigio con una experiencia de al menos 10 años. Pero en el PSPV consideran que con el régimen de incompatibilidades que se les aplicaría y la merma económica que sufrirían sus bolsillos, los candidatos a los que se podría proponer para acceder al puesto podrían gozar de un prestigio menor del que gozan actualmente sus integrantes. Por lo que se muestran partidarios de reforzar el apoyo a los consejeros con un pequeño equipo técnico que les apoye en las tareas más procedimentales.
