Con la frase que puede leer por título comienza el Título II de la Constitución española dedicado a la Corona, su legitimidad y funciones son descritas y detalladas. Como jefe del Estado merece el respeto institucional que un grupo de indignos diputados se negaron a darle y además de manera patética
El campo de la política ocupa el día a día de la actividad en las Cortes Generales, especialmente en el Congreso de los Diputados y por supuesto la información de los medios de comunicación se nutre del debate y la discusión política en su inmensa mayoría. Existen muy pocos días donde la actividad institucional con una fuerte carga de simbolismo y protocolo sustituye al rifirrafe de los políticos, y justamente el día de inicio de la legislatura es uno de ellos. El acto solemne de apertura de cada nuevo curso político esta presidido por el Rey de España que dirige un discurso a los representantes de la soberanía popular reunidos en el Congreso de los Diputados.
Esta semana vivimos el inicio de la XIV legislatura, que por todo lo visto, oído y leído no parece que vaya a ser una legislatura más dentro de la esperable normalidad democrática de la que goza España desde 1978. Y me atrevo a aventurar esta afirmación porque pese a que muchos quieran negar un día sí y otro también todos los hechos y manifestaciones que se producen, flaco favor hacemos a la verdad y a la democracia si negamos la gravedad de estos. Quienes pretenden ver una total normalidad en todo lo sucedido, si sus protagonistas fueran partidos de extrema derecha, habría puesto el grito en el cielo y convocado múltiples manifestaciones. Más de un líder habría declarado: “es un ataque a nuestra democracia que nieguen la legitimidad del jefe del estado que reconoce nuestra Carta Magna”, y tendría más razón que un santo, que diría el castizo.
El problema en España es que, si los políticos de extrema izquierda, los de izquierda o los nacionalistas/independentistas mienten, perjuran, insultan y manifiestan que pretenden destruir las bases y las instituciones que conforman nuestra nación y que nos convierten en un estado democrático y de derecho de los más avanzados del mundo, asumimos que son gajes el oficio, que hay que aguantar todos los exabruptos presentes y futuros, porque “ya sabemos como son”. Y el problema de España no estriba ni en los diputados díscolos que proclamaron “no tenemos Rey” (quieran o no son ciudadanos del Reino de España que tiene como Jefe del Estado a Su Majestad Felipe VI) ni en los medios o redes sociales que crean y airean debates que no están en la real preocupación de la inmensa mayoría de españoles, sino en todos los tibios y timoratos que niegan que la situación política actual sea preocupante y que la falta de respeto a la norma suprema, así como al fundamento democrático de la separación de poderes empieza a ser una tónica habitual entre los miembros del gobierno de España y sus apoyos en el parlamento nacional, lo cual supone un insulto a todos los españoles que debería molestarnos, incomodarnos y de manera razonable y sensata rebelarnos.
Cada semana tenemos pruebas evidentes de la zafiedad, el mal gusto y la actitud subversiva de los políticos nacionalistas y de formaciones de extrema izquierda, cuando no de los propios socialistas/sanchistas (porque es una nueva ideología alejada de la social democracia europea) y el virus ataca con una frecuencia y normalidad que empieza a convertirse en algo habitual, anulando el necesario espíritu crítico de una sana democracia. El desplante que pretendieron hacer a Felipe VI tuvo una grata compensación con los más de cuatro minutos de aplausos con los que sus señorías respondieron al discurso del monarca, incluidos los ministros podemitas, pero no creo que sea un motivo de gran júbilo, más bien de normalidad. El estudio detallado y el conocimiento del texto constitucional debería ser la primera asignatura de los diputados y senadores, a poder ser explicada por veteranos y eruditos constitucionalistas que no retorcieran el texto constituyente hasta hacerle perder su verdadera esencia y grabarse en la cabeza el artículo 1.3 que dice: “La forma política del Estado español es la monarquía parlamentaria.” En la política española sobran malas personas y faltan buenos profesionales.