VALÈNCIA. El desequilibrio en las cuentas de la Generalitat se agudiza. Así lo pone de manifiesto la Sindicatura de Comptes en su fiscalización de la cuenta general de 2019, donde llama la atención sobre el aumento del 34,7% en el déficit autonómico en un solo ejercicio por la política de incremento del gasto del Consell no acompañado por la llegada de mayores recursos.
De este modo se intensifica la tendencia de incremento del desequilibrio en las cuentas autonómicas que se inició en 2018 después de tres ejercicios consecutivos de reducción del déficit, de 2015 a 2017.
A juicio del Síndic, "será difícil equilibrar" esa situación mientras no se reforme el actual sistema de financiación autonómica. Por ello, el Informe destaca que urge más que nunca resolver la situación de la infrafinanciación autonómica que sufre la Generalitat Valenciana desde hace muchos años, con la negociación de un nuevo modelo de financiación que se ha visto aplazada de nuevo con el pretexto de la pandemia de 2020.
En opinión del ente fiscalizador, la inadecuada financiación no solo está ahora perjudicando la acción del sector público en momentos difíciles, sino que eleva la deuda pública valenciana y condicionará negativamente el desarrollo futuro de los servicios públicos valencianos, explica la entidad en un comunicado.
El síndic major, Vicent Cucarella, ha entregado el Informe de fiscalización de la cuenta general de la Generalitat este jueves en Les Corts y posteriormente ha comunicado los resultados de la fiscalización al presidente de la Generalitat, Ximo Puig, y al conseller de Hacienda y Modelo Económico, Vicent Soler, en el Palau de la Generalitat.
Otro resultado destacado del informe es el aumento de los gastos contraídos sin cobertura presupuestaria, que alcanzan los 945,2 millones de euros. Se trata de gastos recogidos en la cuenta 4131 del balance, donde se reflejan gastos que se arrastran de ejercicios anteriores, especialmente sanitarios, que no están presupuestados en el ejercicio en el que se pagan. Esta situación sobre la que el Síndica lerta año tras año vulnera las disposiciones legales, aunque el Consell podría convalidar las obligaciones de ejercicios anteriores mediante autorización expresa.
Para analizar la evolución del gasto real, el informe refleja los gastos sanitarios que se han realizado efectivamente pero que se trasladan contablemente a ejercicios presupuestarios posteriores por carecer de crédito. Así, las obligaciones no reconocidas en Sanidad de 2019 fueron de 760,3 millones de euros (733,4 millones en 2018). Con ello, el gasto real estimado de la Generalitat se elevó a 16.709,4 millones de euros, 1.302 más que un año antes.
Además, el informe destaca que en el ejercicio 2019 se han tramitado expedientes de resarcimiento por enriquecimiento injusto, por un importe conjunto de 1.443 millones de euros, de los cuales 490,4 millones de euros corresponden a gastos de ejercicios anteriores. Se trata de pagos que la Generalitat efectúa por servicios recibidos sin cobertura contractual.
La situación patrimonial de la Generalitat Valenciana, como en ejercicios anteriores, refleja un grave desequilibrio a 31 de diciembre de 2019. El patrimonio neto es negativo, por 34.81 millones de euros y la deuda financiera asciende a 49.784,3 millones de euros, aunque durante los tres últimos ejercicios se percibe una ligera disminución en términos relativos respecto al PIB, según el Banco de España.
La auditoría financiera de la Generalitat contiene algunas salvedades, como la existencia de 37 liquidaciones anuales por las concesiones sanitarias pendientes de aprobación o en trámite de elaboración, lo que impide estimar el efecto que tendría el adecuado reflejo contable sobre la Cuenta de la Administración.
También llama la atención sobre la existencia de un gran número de procedimientos judiciales en curso de los cuales podrían derivarse responsabilidades a cargo de la Generalitat, la estimación de las cuales no ha sido posible efectuar. Sin perjuicio de esto, el informe observa un defecto de provisión para la cobertura de los pasivos contingentes por un importe de 251,6 millones de euros.
Además, el informe subraya que desde la reversión del Hospital de Alzira en mayo de 2018, la Intervención General no ha fiscalizado la comprobación material de esa reversión, ni consta en el acta de reversión el detalle valorado de cada uno de los elementos que pasaron a la Generalitat. Por ello, "no consta que la reversión haya sido realizada de conformidad y a satisfacción de la Administración de la Generalitat".
· También se ha observado que las consignaciones definitivas del presupuesto de la Generalitat de 2019 se han mostrado insuficientes para atender las transferencias y subvenciones que se tienen que conceder en el ejercicio. Además, se mantienen unos niveles de pago muy bajos, o incluso nulos, en algunas líneas de subvenciones. En este sentido, las fichas presupuestarias no recogen la forma de concesión en 60 líneas de subvenciones, por un importe conjunto de 2.469,1 millones de euros.
A su vez, la Sindicatura recuerda que la Generalitat tiene que incluir en sus presupuestos iniciales de transferencias a recibir del Estado, derivadas del sistema de financiación autonómica, únicamente las previsiones de ingresos que de manera razonable se espera obtener, teniendo en cuenta que su determinación se encuentra reglada en el marco normativo de aplicación. Sin embargo, la falta de financiación somete ala Generalitat a la dificultad de conciliar simultáneamente el presupuesto adecuado de los gastos del estado del bienestar, el respecto a la estabilidad presupuestaria y un tratamiento ortodoxo de las previsiones de ingresos.