VALÈNCIA (EP) El Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana ha abierto una queja de oficio para supervisar "cómo se garantiza el acceso universal a la educación virtual y se cumple con las medidas de accesibilidad, de modo que todo el alumnado pueda acceder a los contenidos lectivos y realizar las actividades propuestas, a fin de que nadie se quede atrás por el efecto del Covid-19; es decir, un aprendizaje en línea no mayoritario, sino universal".
Así lo ha anunciado el defensor del pueblo valenciano, que teme que a, raíz del cierre de los centros docentes por la emergencia sanitaria del Covid-19, se produzca un impacto negativo del aprendizaje de todo el alumnado, muy superior para los estudiantes de entornos desfavorecidos vulnerables.
Esto "sugiere un importante aumento de la brecha educativa, que se verá agravada porque el confinamiento perjudica más a los menores de
familias humildes sin internet, con escasos o ningún dispositivo digital en sus casas", advierte la institución a través de un comunicado.
El síndic asegura que es consciente de que la Conselleria de Educación ya ha tomado medidas al respecto, pero "para tener un conocimiento exhaustivo de las actuaciones adoptadas y previstas", decidió abrir un expediente de oficio el 28 de abril con una petición inicial de información a ese departamento solicitando la cuantificación
del alumnado que carece de medios de conexión digital y que han quedado
desconectados del sistema educativo durante este periodo de docencia en línea (dificultades de conexión a internet o falta de disponibilidad de los dispositivos adecuados).
También solicita programas y medidas de accesibilidad adoptadas o que se prevén adoptar, de modo que todo el alumnado pueda acceder a los contenidos lectivos y realizar las actividades propuestas; provisión de recursos materiales y tecnológicos necesarios a las familias para avanzar con el curso escolar, así como la priorización en la asignación de estos, en su caso, su distribución, tiempos de la prestación, etc.; y las estrategias de atención, tutorías y acompañamiento de este alumnado y sus familias.
En esta línea, el defensor del pueblo valenciano quiere conocer las medidas específicas que se prevean para este alumnado a la hora de flexibilización, adaptación de las evaluaciones, y sobre la promoción y la titulación en los diferentes niveles y etapas educativas en las que se encuentran; los protocolos de seguimiento para el alumnado desconectado o que no tenga acceso a las TIC desde sus domicilios; el diseño de estrategias para la educación virtual; y la planificación universal en el sistema educativo valenciano, en los supuestos de una demora en el inicio o un eventual nuevo cierre de los centros docentes en el próximo curso escolar.
Declara inconstitucional tanto esa prórroga como el nombramiento de autoridades competentes delegadas
