VALÈNCIA (EP) El Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana tramitó en 2018 un total de 12.202, 12.162 presentadas por la ciudadanía y 40 iniciadas de oficio, la mayoría de ellas, el 32,72 por ciento por temas relacionados con la educación; seguidos de los servicios sociales (17,23%), urbanismo, 16,88%, empleo público, 7,24%; medio ambiente, 6,82% y atención a la dependencia, que con un 6,64% reducen en casi un 14% la cifra de 2017.
Así lo refleja la Memoria de 2018 de la institución presidida por Ángel Luna, que ya la ha entregado en Les Corts. Tal y como recoge el informe, en 2018 el Síndic llevó a cabo 23.165 actuaciones en defensa de los derechos de la ciudadanía, de las que 3.165 corresponden a quejas tramitadas por la institución (12.162 presentadas por ciudadanos y 40 de oficio) y 10.963 consultas atendidas por su Oficina de Atención Ciudadana.
La memoria pone de relieve que en los últimos años se ha avanzado "mucho en el reconocimiento legal de derechos ciudadanos, pero sin acompañarlos de dotación económica para recursos materiales y humanos". De ahí las numerosas quejas derivadas de los retrasos en la resolución de expedientes administrativos en demanda de prestaciones o ayudas previstas por ley.
"Se trata, lisa y llanamente, de problemas derivados de la falta de adecuación de los recursos, humano o materiales, de las administraciones al nivel de los derechos subjetivos conferidos por las leyes a los ciudadanos", señala el defensor del pueblo valenciano
De hecho, las demoras en la tramitación de expedientes administrativos de dependencia, vivienda, servicios sanitarios o ayudas siguen siendo el principal motivo de queja de la ciudadana.
En dependencia, destaca que el dato de lista de espera de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas pasa de 27.995 en enero de 2018 a 22.053 en ese año, una reducción aunque se mantiene aún en términos "muy elevados". La institución deja constancia del descenso en las quejas, que han pasado de 937 en 2017 a 810 en el año pasado, un 14% menos.
Algunos problemas que constata se derivan de la aplicación del decreto del Consell que aprobó el nuevo procedimiento para el reconocimiento del grado de dependencia y acceso a las prestaciones del sistema y la forma en la que se han distribuido las diferentes fases entre los servicios sociales municipales y los órganos de la propia conselleria.
Por otra parte, el Síndic lamenta que en nada ha variado la "deplorable situación" de 2017 en relación con la tramitación de los procedimientos dirigidos a declarar el grado de discapacidad de las personas que lo solicitan. Este es uno de los casos en los que la institución ha abierto queda de oficio. Las quejas individuales por esta causa se han incrementado de 114 a 213 en 2018, lo que supone un aumento cercano al 90%.
El informe del Síndic también revela que han aumentado un 45% las quejas derivadas de la Ley de Transparencia, al pasar de 253 en 2017, a 369 el pasado año. La mayor parte de ellas corresponden a los apartados de participación pública y transparencia.
Según el Síndic, la entrada en vigor de la Ley de Transparencia estimuló la presentación de quejas de los ciudadanos por falta de respuesta de las administraciones a sus solicitudes de acceso a la información pública. Otra vertiente de las quejas relativas a esta materia son aquellas que radican en la "patrimonialización" de la información por parte de los equipos de gobierno en detrimento de la oposición.
En lo que respecta a la protección de los derechos de la Infancia y Adolescencia, el Síndic de Greuges señala como preocupaciones la falta general de recursos y los problemas en la gestión de los centros de menores; los niños y adolescentes en situación de guarda o tutela y, por tanto, separados de su familia biológica -4.123 niñosr-; la situación de los adolescentes que llegan a la mayoría de edad tutelados por la administración autonómica; y la atención a menores extranjeros no acompañados.
En este punto, destaca que a partir del verano de 2018, los centros de recepción, especialmente en Alicante y València, estaban "desbordados" por la llegada de menores extranjeros no
acompañados, que provocó un incremento de plazas residenciales "de forma apresurada e, incluso, se han producido actuaciones administrativas contrarias a la normativa vigente en materia de ordenación de centros residenciales".
Según el Síndic, "la incorporación al sistema de estos menores extranjeros no acompañados, tanto por su número como por las circunstancias que determinan el carácter precipitado y colectivo de las entradas, está tensionando el funcionamiento de los recursos residenciales, provocando situaciones tales como la sobreocupación de los centros de recepción o la distorsión de procesos de evaluación y derivación de casos".
También se constata la existencia de situaciones "poco aconsejables", como la presencia exclusiva de menores extranjeros en algunos centros, "lo que viene a postergar su necesaria integración con otros menores de nacionalidad española".
En materia de derechos lingüísticos, el Síndic de Greuges atendió en 2018 un total de 83 quejas, un 50% más en comparación a las 55 del año anterior y volver a los niveles de 2016 (82). Cabe recordar que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat (TSJCV) declaró la nulidad parcial del Decreto 61/2017 del Consell, por el que se regulan los usos de las lenguas en la administración.
La mayoría de las reclamaciones tenían que ver con la expresión en una sola lengua de topónimos, impresos, formularios, páginas web o aplicaciones para redes sociales. En todos los casos, el Síndic aconsejó garantizar el régimen de cooficialidad lingüística, tras lo que generalmente las instituciones afectadas manifestaron su voluntad de subsanar la omisión.
Como casos no atendidos figuran los de los ayuntamientos de Paiporta, Montroi (Valencia) o La Nucía (Alicante), el primero por el uso exclusivo del valenciano en las redes sociales y la revista municipal y los otros dos por utilizar solo el castellano. La Alcaldía de Paiporta "recriminó al defensor su uso del castellano" en la recomendación, cuando la queja fue iniciada en esta lengua, mientras que los otros dos ayuntamientos no respondieron al Síndic.
En Sanidad, el Síndic detalla que el número de quejas se han reducido cerca del 95% respecto al año 2017, pasando de 2.290 expedientes a 128, una bajada que se justifica por la ausencia de quejas colectivas.
Un motivo de queja recurrente es la demora en la aplicación de los cuidados sanitarios, la falta de asistencia pediátrica en algunos consultorios o las presentadas por profesionales médicos o de enfermería sobre el transporte sanitario.
Asimismo, alerta respecto al derecho a la salud para los extranjeros residentes que se han detectado de oficio dificultades a la hora de proporcionar tarjetas sanitarias o de aplicar correctamente los protocolos sanitarios.
En materia de urbanismo, el Síndic ha detectado un "muy notorio" incremento del número de quejas tramitadas, del 638%, superando la cifra de 2.000 quejas. Apunta, en todo caso, que en el informe anterior correspondiente al 2017 la cifra fue de 279, "inusualmente baja" en relación con el resto de ejercicios.
Dentro de esas 2.000 quejas se especifica que se presentó un grupo de 1.467 que se tramitaron de forma colectiva, suscritas todas ellas por vecinos de un barrio de València "alarmados por noticias referidas a la instalación de unos talleres de la línea T2 de Metrovalencia". Hubo también otras 394 quejas de residentes en Alcalá de Xivert oponiéndose a la instalación de un tanatorio en un paraje próximo a sus viviendas o 41 quejas por un PAI en Sagunto.
