El Supremo evaluará los daños para Stadler por el contrato de 70 millones que anuló el Gobierno de Rajoy

VALÈNCIA. El Tribunal Supremo resolverá si el Gobierno de Mariano Rajoy ocasionó un perjuicio a la fábrica valenciana de trenes y locomotoras Stadler al anular un contrato de la etapa de José Luis Rodríguez Zapatero por 70 millones de euros. 

La historia que espera el pronunciamiento del alto tribunal comenzó en 2010, cuando la empresa pública Feve -actualmente integrada en Renfe- acordó adjudicar a Vossloh -ahora Stadler- un contrato para fabricar cuatro trenes-tram por 15,2 millones de euros mediante un procedimiento negociado sin publicidad. Pasado tan solo un mes de la firma, se incrementó el número de unidades encargadas hasta las 28, por lo que el contrato acabó siendo -junto con el suministro de piezas de repuesto- de unos 70 millones.  

Como consecuencia de la crisis económica, se paralizaron muchas de las obras previstas para la circulación de estos ferrocarriles de vía estrecha, por lo que en 2012 -con el PP en el poder- el Ministerio de Fomento acordó la suspensión del contrato. En ese momento, Stadler ya había ejecutado entre un 70 y un 95% del mismo y tenía algunas unidades preparadas para su recepción. En 2013, finalmente, se inició un procedimiento de revisión de oficio y se procedió a la nulidad del contrato. 

A partir de entonces, la planta valenciana recurrió a la vía contenciosa para reclamar que el ministerio le pagara los trenes encargados por Feve, y a lo cual la empresa pública se negó. Pese a que la Audiencia Nacional se pronunció en favor de la fábrica al principio, en última instancia acabó anulando el contrato y le dio la razón a Fomento. Así, reprochó que la adjudicación se realizó prescindiendo del procedimiento legalmente establecido, por lo que adoleció de "nulidad de pleno derecho". 

Finalizado este procedimiento, Stadler siguió adelante con el de la reclamación de responsabilidad patrimonial por los daños y perjuicios causados como consecuencia de la suspensión del contrato, que venían solicitando desde 2016 al ministerio. En la demanda destacaron que la Administración 'popular' fue arbitraria y que existió desviación de poder, por lo que solicitaban una indemnización de 5,67 millones de euros. 

En una sentencia del pasado enero, la Audiencia Nacional avaló de nuevo la anulación del contrato por parte de la Administración al considerar que estaba "plenamente justificada" y defendió que "no puede calificarse de abusiva o arbitraria, sino todo lo contrario, pues el tipo de prácticas descrito debe merecer y merece el más severo de los reproches". "El hecho de que en los dos primeros procedimientos de revisión de oficio la Administración suspendiera la ejecutividad de las prestaciones de un contrato nulo e incluso cometiera las irregularidades que se denunciaron no justifica, como sostiene el Abogado del Estado, que se haya causado perjuicio alguno a la recurrente", indica. 

La actuación del ministerio dirigido por Ana Pastor no fue, para la Sala, "arbitraria o fruto de un voluntarismo selectivo ideado con el ánimo de causar un perjuicio" a la fábrica valenciana. Motivos, todos ellos, por los que desestimaba el recurso contencioso de Stadler, que recurrió este pronunciamiento. Tras lo cual el Tribunal Supremo, en un reciente auto, lo ha admitido. En el escrito precisa que se trata de una cuestión que presenta interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia. Consiste en determinar, señala, la responsabilidad patrimonial del ministerio y el posible daño a la empresa como consecuencia de la tramitación de diversos expedientes de revisión de oficio ilegales respecto al contrato, que resultaron ser anulados judicialmente y finalmente la Administración lo declara nulo de pleno derecho.

A la espera de grandes contratos

Stadler Valencia es una fábrica de trenes y locomotoras ubicada en la localidad de Albuixech. Se trata de una de las industrias valencianas más importantes. Ha pasado por las manos de la francesa Alstom, la alemana Vossloh y en la actualidad es propiedad de la firma suiza que le da nombre. La filial cuenta con alrededor de mil trabajadores entre operarios e ingenieros, pues diseña la maquinaria en las propias dependencias del municipio. 

En este momento, en el que llega al Supremo el conflicto judicial arriba relatado de la etapa del PP, Stadler se encuentra en la pugna por los grandes contratos ferroviarios que está licitando Renfe y que supondrán un importante crecimiento para las empresas agraciadas. Sus rivales son otras grandes multinacionales del sector como la española CAF, la madrileña Talgo y la mencionada Alstom (con dependencias en Madrid y Barcelona).