Ximo Puig. Foto: EFE/DOMENECH CASTELLÓVALÈNCIA. El Gobierno valenciano deberá culminar el proceso de adjudicación de las 31 licencias de radio FM iniciado en 2011 por el Ejecutivo de Alberto Fabra e interrumpido en 2016 por el de Ximo Puig. Además, no podrá continuar con el concurso convocado en 2018 para adjudicar esas misas 31 licencias, que quedó paralizado por Presidencia de la Generalitat hace un año, después de que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) sentenciara que el concurso de 2011 debía continuar, fallo que fue recurrido por la Generalitat.
La suspensión del concurso de 2018 se decidió por "razones de orden público, de eficacia, de economía de medios y de seguridad jurídica", ya que, si la sentencia del TSJCV adquiría firmeza habría dos concursos vivos sobre la misma materia y "podrían crearse expectativas de derecho de los solicitantes adjudicatarios que se verían truncadas con posterioridad, lo cual produciría eventuales responsabilidades".
Y así habría ocurrido, ya que el Tribunal Supremo ha inadmitido, por falta de fundamentación, el recurso de la Generalitat y la sentencia del TSJCV es firme. Una sentencia que respondía a un recurso de Radio Amanecer, filial de Radio María, y que ordenaba "la retroacción de las actuaciones administrativas al momento previo a la resolución impugnada", que se emitieran por la Mesa de licitación el informe de valoración de las ofertas presentadas y se elevara al órgano de adjudicación propuesta de reparto de las 31 emisoras FM.
En realidad, las 31 licencias están pendientes de repartir desde que en febrero de 2007 el Gobierno de Francisco Camps convocó un primer concurso que no adjudicó en cuatro años y medio. Tras su dimisión, el Consell del nuevo presidente, Alberto Fabra, declaró desierta aquella licitación y convocó un nuevo concurso en noviembre de 2011, al que se presentaron 462 ofertas de 115 empresas. Las bases preveían la adjudicación en seis meses, pero, al igual que su predecesor, Fabra no firmó en cuatro años el reparto a pesar de que se habían cumplido prácticamente toda la tramitación.
El nuevo Ejecutivo de Puig se estrenó en junio de 2015 y se encontró el expediente sobre la mesa, sin firmar. Según pudo saber este periódico, el motivo de que se dejase sin firmar es que el informe técnico dejaba fuera del reparto a una de las grandes emisoras nacionales. El Consell del Botànic tampoco lo quiso adjudicar y un año después encontró un resquicio supuestamente legal para renunciar a la adjudicación y iniciar la tramitación de un nuevo concurso.
Un resquicio supuestamente legal que no lo era, porque Radio Amanecer recurrió, el TJSCV le dio la razón y el Tribunal Supremo lo ha ratificado, condenando en costas a la Generalitat. El concurso convocado en 2011 debe adjudicarse, lo que obliga a anular el convocado en 2018 con el mismo objeto.
La adjudicación ya no corresponderá al área de Presidencia de la Generalitat sino a la Conselleria de Hacienda, concretamente a la Dirección General de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (DGTIC), a la que a finales de 2020 se transfirieron las competencias sobre licencias de radio y televisión.
