Dice que Baldoví y tres diputados de su partido no tienen legitimidad para recurrir porque la autoría de la iniciativa es del grupo mixto.
CASTELLÓ. (EP). El Pleno del Tribunal Constitucional (TC) ha inadmitido el recurso de amparo presentado por Compromís contra la decisión de la Mesa del Congreso de los Diputados de no tramitar una proposición de ley suya para fiscalizar las cuentas de Zarzuela y que tanto el Jefe del Estado como los miembros de la Familia Real tuvieran una declaración de bienes y otra de actividades como se obliga a diputados y senadores.
El tribunal de garantías considera que Joan Baldoví y otros tres diputados de Compromís que recurrieron hace algo más de un año no están legitimados para impugnar los acuerdos de la Mesa de 4 y 28 de septiembre de 2018 por lo que se rechazó la tramitación de la propuesta del partido valenciano, denominada 'Ley para el fomento de la transparencia económico-presupuestaria del Rey y de la Casa Real'.
Los diputados de Compromís que acudieron al Constitucional entendía que la Mesa vulneró su derecho al ejercicio del cargo público representativo al ver que con su negativa a tramitar su iniciativa podría estar erigiendose como una "especie de Tribunal Constitucional ex ante que cercene la posibilidad de debate", cuya inconstitucionalidad del texto sólo podría pronunciarse dicha institución.
La sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado Pedro José González-Trevijano, recoge su doctrina y explica que los recurrente no pueden arrogarse la defensa de un facultad por ser miembros del grupo parlamentario mixto, al que exclusivamente le es atribuible la autoría de la proposición "y cuya representación ni han invocado ni han acreditado los demandantes.
En este sentido, el TC recuerda que el Reglamento del Congreso de los Diputados, las proposiciones de ley pueden ser adoptadas a iniciativa de un diputado, con la firma de otros catorce miembros de la Cámara, o de un grupo parlamentario, con la sola firma de su portavoz. En consecuencia, la Mesa de la Cámara atribuye al grupo parlamentario mixto la autoría de la iniciativa, no a los diputados ahora recurrentes en amparo, pese a que figurasen sus firmas en el escrito de presentación de la proposición de ley y es por eso por lo que comunica al grupo la inadmisión a trámite de la iniciativa.
Compromís decidió presentar la proposición de ley tras el "escándalo" que en su opinión supusieron las revelaciones de la consultora Corinna Zu Sayn Wittgenstein sobre lo que consideran "presuntas actividades de corrupción y blanqueo de capitales" del Rey emérito.
La proposición de ley de Compromís planteaba desarrollar el artículo 65.1 de la Constitución, que establece que el Rey "distribuye libremente" la asignación que todos los años recibe vía Presupuestos Generales del Estado para "el mantenimiento de su familia y casa".
Este artículo se esgrime habitualmente para defender que las cuentas de la Casa Real no pueden ser fiscalizadas, pero en Compromís refutan esa tesis alegando que, aunque el Rey distribuye esa cuantía total como considere, ello no implica que ese reparto no pueda ser objeto de análisis por parte del Congreso. Y, partiendo de esa base, su ley abre la puerta a esa fiscalización parlamentaria.
Sin embargo la Mesa del Congreso, con los votos de PP, PSOE y Ciudadanos, vetó su tramitación acogiéndose a su doctrina tradicional de que la Constitución, en sus artículos 56 y 65, protege la inviolabilidad del Rey y reconoce la autonomía del Monarca para gestionar el presupuesto, además de recordar que la Corona no es objeto de control parlamentario.
