MADRID/VALÈNCIA (EP). El Tribunal Supremo ha inadmitido una querella presentada contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por dar instrucciones, el pasado 11 de junio, para que España acogiese el barco Aquarius en el puerto de València. Los magistrados entienden que esta actuación no supuso la comisión de ningún delito.
El abogado Pedro Turuelo presentó el 4 de octubre de 2018 una querella contra el jefe del Ejecutivo por los presuntos delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, malversación de caudales públicos y omisión del deber de perseguir determinados delitos. El letrado denunció que los "629 extranjeros ilegales o inmigrantes" fueron recibidos en las costas españolas "por un gran despliegue de medios materiales y humanos".
Añadió que se les concedió el "estatuto de refugiado sin serlo y una ayuda económica de 532 euros mensuales, más la estancia en centros especiales" y consideró que "todo ello supone un gran coste para las arcas públicas".
Sin embargo, la Sala de lo Penal del alto tribunal ha dictado un auto, con fecha del pasado 16 de enero, en el que ha acordado archivar esta querella al entender que Sánchez no ha cometido ninguno de estos delitos.
Para ello ha sumido íntegramente el informe de la Fiscalía sobre este asunto, en el que destaca que la orden del presidente del Gobierno iba dirigida a "proporcionar un trato humanitario y hasta la posibilidad de su subsistencia a las personas embarcadas, muchos de ellos menores de edad a las que se negaban recibir otras naciones de la cuenca mediterránea.
"Poco esfuerzo exige alcanzar la conclusión de que los hechos que se imputan al denunciado en modo alguno tienen encaje en los tipos penales que sustentan la querella", afirma el Ministerio Público. Asimismo, el auto recuerda que la decisión que adoptó el Consejo de Ministros tenía la finalidad de "prestar la necesaria asistencia de los embarcados", posponiéndose la decisión "sobre el futuro de los mismos".
Para los magistrados y la Fiscalía es una "verdadera desmesura" y "carece de cualquier sentido" que la decisión de Sánchez esté relacionada con la "idea de una promoción ilegal o clandestina de la inmigración de ciudadanos extranjeros, la sustracción de los capitales públicos para atenderlos o la omisión de perseguir delitos cometidos por no se sabe quién y que en modo alguno se han acreditado", como pretende el abogado querellante.
