El accidente de metro de Valencia no irá a juicio al aceptar cuatro acusados la condena

VALÈNCIA (EFE). Cuatro exdirectivos de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) acusados en la causa del accidente de metro de València que costó la vida a 43 personas y provocó heridas a otras 47 han reconocido los hechos que se les atribuyen, según el acuerdo inicial alcanzado entre Fiscalía, la Asociación de Víctimas del Metro 3 de Julio (AVM3J) y defensas, que supone la retirada de la acusación a los otros cuatro encausados, entre ellos, la exgerente de FGV, Marisa Gracia.

De esta manera, se evita la celebración de juicio que estaba previsto que arrancase este lunes en la Audiencia de Valencia, casi 14 años después desde que ocurrió el siniestro y tras una larga instrucción judicial que ha incluido tres archivos de la magistrada instructora y la orden de la Audiencia para reabrir el caso.

El acuerdo inicial, adelantado este viernes por Las Provincias, tendrá que ser ratificado el lunes en el comienzo de la vista. En total, en este procedimiento había ocho acusados. Los que asumirían su responsabilidad serían: el exjefe de la Línea 1, Sebastián Argente; el exresponsable de Auditoría para la Seguridad y Circulación, Juan José Gimeno; el ex director adjunto de Explotación, Vicente Contreras; y el ex director técnico, Francisco García. Todos ellos han aceptado una pena de 22 meses de prisión.

De esta forma, se retiraría la acusación a Marisa Gracia; el que fuera director de Operaciones, Manuel Sansano; el exjefe de Talleres de Valencia Sud, Luis Miguel Domingo Alepuz; y el exresponsable de estudios y proyectos, Francisco Orts.

Para los ocho acusados Fiscalía pedía una pena de tres años y siete meses de cárcel por un delito contra los derechos de los trabajadores en su modalidad de seguridad e higiene en el trabajo; 43 homicidios por imprudencia grave profesional y 37 delitos de lesiones por imprudencia grave profesional. Por su parte, las víctimas del metro --acusación particular-- elevaban la pena a cuatro años.

Las conversaciones entre las partes para llegar a un pacto se iniciaron hace meses y se han intensificado en las últimas semanas. El objetivo era que se asumieran responsabilidades y evitar posibles absoluciones.

La presidenta de la Asociación de Víctimas del Metro 3 de Julio (AVM3J), Rosa Garrote, se ha mostrado "contenta" con el acuerdo alcanzado: "Me quedo con que la dirección de la empresa ha reconocido que lo ha hecho mal". "Al final se hace justicia y la empresa reconoce que la culpa no fue del conductor, sino de las personas que deciden", ha agregado en declaraciones a Europa Press.

Garrote ha recordado la lucha que han llevado durante casi 14 años para que este caso no cayera en el olvido y se asumieran las correspondientes responsabilidades. "Ha valido la pena", ha dicho. Esta asociación ha estado manifestándose en la Plaza de la Virgen de València y ha insistido, en contra del criterio de la instructora que siempre mantuvo que la causa del accidente fue el exceso de velocidad del convoy, que también había responsabilidades por falta de seguridad en la línea.

Las responsabilidades políticas nunca se materializaron ya que no hubo dimisiones ni las víctimas, pese a sus intentos, llegaron a ser recibidas por el entonces presidente de la Generalitat, Francisco Camps.

Sobre la retirada de cargos a Marisa Gracia, Garrote ha manifestado que se les queda "una espinita" porque ella era la máxima responsable de la empresa pública, pero entiende que penalmente "puede que fuera difícil condenarle", ha afirmado. "Con esta asunción de culpa por parte de cuatro acusados ya vemos que hay un triunfo total", ha agregado.

Causa llena de vaivenes

A los diez días de descarrilar el convoy UTA 3736 del metro de la Línea 1 en la curva anterior a la estación de 'Jesús', se abrió en Les Corts Valencianes una comisión de investigación y se concentraron en cuatro días un total de 32 comparecencias.

El dictamen, aprobado únicamente con los votos del PP y sin contemplar responsabilidades políticas, afirmó que la línea de metro era segura y apuntaba a que la única causa del siniestro era el exceso de velocidad del maquinista que falleció. La oposición se quejó de esta comisión y mantuvo que una baliza de frenado en la curva habría evitado la tragedia.

En septiembre de 2015, con el gobierno del Botànic hubo una segunda comisión en Les Corts con 20 sesiones, 150 horas de comparecencias y más de 70 testimonios. Según el nuevo dictamen, el siniestro era "previsible y evitable" ya que la línea 1 "no era segura".

También veían responsables políticos a Camps; al exvicepresidente Víctor Campos; a los exconsellers Juan Cotino y Serafín Castellano; y al ex director general de Transporte José Vicente Dómine.

A nivel judicial, el Juzgado de Instrucción número 21 fue el encargado de asumir un procedimiento que se ha llegado a archivar hasta en tres ocasiones por parte de la instructora. La primera, en marzo de 2007, medio año después de que ocurriera el siniestro. Se estimó ya en ese momento que la posible responsabilidad penal había quedado extinguida con la muerte del conductor del convoy.

Tras varios recursos, el órgano judicial reabrió el caso y lo cerró unos meses después, en diciembre del mismo ejercicio reiterando los mismos argumentos. Tuvieron que pasar siete años y muchas manifestaciones de la asociación de víctimas para que el juzgado, en enero de 2014, reabriera el procedimiento tras ordenárselo la Audiencia Provincial.

En esa fecha la jueza ordenó varias diligencias, informes, y tomó declaración a decenas de testigos, y en mayo de 2017 volvió a archivar la causa. De nuevo fue la Audiencia en febrero de 2018 la que ordenó a la magistrada reabrir y mandar el caso a juicio al entender que había indicios de delito.

A lo largo de estos años la tesis de la magistrada instructora no ha variado: el accidente ocurrió como consecuencia de un exceso de velocidad y todos los parámetros de seguridad eran correctos. De hecho, aludía a informes periciales periciales para indicar que, cualquier tren de las características del accidentado, a 80 kilómetros por hora, en el tramo en el que aconteció el accidente, volcaría cualquiera que fuese el estado de la vía. La Audiencia, en contra de su criterio, sostenía que sí había indicios de delito y ordenó seguir con la investigación.

El siniestro ocurrió pasadas las 13.10 horas del 3 de julio de 2006 en la Línea 1 de Metrovalencia, en el tramo entre Plaza de España y Jesús, en una curva del trayecto en el que descarriló una de las dos unidades, la UTA 3736, que fue arrastrándose por las vías. Las lunas del convoy se desprendieron y los pasajeros salieron despedidos por los huecos abiertos.

Como consecuencia, fallecieron 43 personas, incluidos el maquinista y la interventora, y resultaron heridos 47 pasajeros, 38 con necesidad de tratamiento médico o quirúrgico. La velocidad en ese tramo no debía exceder de los 40 km/h, aunque el tren circulaba a 80, sin que el conductor activara el freno de emergencia en la unidad.

El nombre de la estación, en época del PP, se cambió por el de 'Joaquín Sorolla', aunque con la llegada del Botànic al Consell se recuperó la denominación original.