VALÈNCIA. Son chicos acostumbrados a la adversidad, pero el golpe les ha pillado de imprevisto y les ha sacado del combate. El virus del COVID-19 ha impactado con fuerza en toda la sociedad, pero como siempre, la herida se abre con más facilidad en los estratos que ya tienen costra. De repente, esos menores que viven en centros de acogida sin familia en la que refugiarse. O los jóvenes que comparten piso con otros compañeros en situación de exclusión social. Entre ellos, extranjeros, cuyos plazos de regularización se ven amenazados por la parálisis burocrática. Y a su lado, las educadoras sociales que les cuidan. Heroínas (son mujeres en un 70%) poco aplaudidas en tiempos de solidaridad ciudadana.
Mucho se ha hablado de la alerta sanitaria en las residencias de mayores, ¿pero qué pasa con los centros de menores? En esta categoría se incluyen tanto unidades de recepción y acogida, como hogares de emancipación o centros de reforma para problemas de conducta, que permanecen en activo y con trabajadores en funciones. En toda la Comunitat hay 80 recintos (10 públicos de gestión pública, 15 públicos de gestión privada y 55 concertados), donde residen 1.000 menores. Y aunque en ninguno de ellos se han registrado casos de coronavirus hasta el momento, nada impide que suceda lo mismo que en Badalona, donde la Unidad Militar de Emergencias (UME) tuvo que desinfectar uno de estos espacios, con al menos cuatro contagiados, atendiendo a un requerimiento de la propia Generalitat.
“Hablamos de chavales en situaciones complicadas, confinados en lugares reducidos, que tienen que estar prácticamente todo el día en la habitación para cumplir con las medidas de seguridad”, explica Norma Gozálvez, la presidenta del Col·legi d´Educadores i Educadors Socials (COEES-CV). A ello se suma que pertenecen a colectivos sensibles, desde niños con necesidades educativas especiales y trastornos mentales, a jóvenes con adicciones por tratar. “El escenario dificulta bastante la intervención en todos estos casos y obliga a reinventar el día a día en los centros, porque como el resto de ciudadanos, no pueden salir a la calle, ni realizar deporte al aire libre, ni socializar con otras personas, como se haría en un proceso de intervención al uso”, señala. La paradoja de integrar, cuando a la vez toca aislar.
