El caos por el toque de queda asfixia a un Pedro Sánchez al que solo defiende Puig

VALÈNCIA. La disparidad de las decisiones en los tribunales autonómicos respecto a la posibilidad de implantar el toque de queda o incluso los cierres perimetrales han terminado por abocar a España a un caos jurídico que, este martes, no sólo denunciaban los partidos de la oposición, sino también las fuerzas políticas que han sido aliadas de Pedro Sánchez en el Congreso.

Una presión que ha agudizado la soledad del presidente del Gobierno que, incluso ha recogido silencios entre los máximos responsables autonómicos de su partido, salvo excepciones como la del jefe del Consell, Ximo Puig, que ayer rompía una lanza en favor del Ejecutivo central mostrándose crítico con las posiciones del PP.

Así, el Tribunal Superior de Justicia de Navarra decidía este martes no respaldar la propuesta del gobierno autonómico de instaurar el toque de queda ni el cierre de las terrazas a las 22 horas, una decisión que el Ejecutivo ha decidido asumir sin presentar recurso al Supremo. De esta manera, unificaba la postura con el tribunal vasco y canario, que días atrás también habían rechazado la medida, caso contrario a los tribunales de la Comunitat Valenciana y Baleares, que dieron el visto bueno a la propuesta de estos gobiernos autonómicos pese a situarse a la cola de incidencia del virus en toda España.

Al hilo de estas discrepancias, otra en Andalucía. Mientras una sala del TSJA 'tumbaba' el cierre perimetral de Montefrío (Granada), en una resolución en la que se introducía como elemento novedoso el derecho de los vacunados a la libertad de movimiento, otras salas del mismo tribunal aceptaban esta restricción para otras tres localidades andaluzas.

Un goteo de noticias que alimentaba la discordia en el Congreso. Socios de Sánchez en la investidura y en los Presupuestos, afeaban la manera de pilotar esta transición por parte del presidente del Gobierno. El portavoz del PNV, Aitor Esteban, criticaba el "caos jurídico innecesario" generado por el Ejecutivo; mientras Gabriel Rufián (ERC), tachaba de "irresponsabilidad" el anuncio del fin del toque de queda sin nuevas medidas. También mostraba su malestar el líder de Más País, Íñigo Errejón, quien lamentaba la "profunda descoodinación institucional", una opinión en la que coincidía el diputado de Compromís, Joan Baldoví, quien acusaba al Gobierno de la "confusión" creada.

"No todo el mundo puede estar equivocado", afirmaba la portavoz del PP, Cuca Gamarra, quien insistió en el "plan B jurídico" de esta formación basado en la reforma de leyes orgánicas y la reclamación de una convocatoria de la conferencia de presidentes autonómicos para abordar la cuestión.

Unas críticas sobre las que surfeó Sánchez en su comparecencia de este lunes, al asegurar que las Comunidades Autónomas disponen de "amplios instrumentos" para frenar la pandemia y zanjando la cuestión con una afirmación muy gráfica: "El estado de alarma es el pasado, hay que mirar al futuro".

Puig acusa al PP de "cinismo"

Una línea, la del presidente del Gobierno, que pocos se atrevieron a defender este martes. Uno de ellos, el jefe del Consell, Ximo Puig, quien criticó abiertamente al líder del PP, Pablo Casado, al que tachó de "cínico" por su propuesta de aprobar una ley de pandemias. "Debería tener un sentido de la lealtad institucional y la responsabilidad mucho mayor", afirmó, para criticar además los cambios de posición del PP sobre el estado de alarma. "No se puede hablar de una cosa y la contraria permanentemente en la gestión de una pandemia", remarcó.

No obstante, y pese a los buenos datos de la Comunitat Valenciana, que este martes se situaba en una incidencia de 34 casos por cada 100.000 habitantes, Puig podría tener otra preocupación a la vuelta de la esquina.

Esto se debe a que Vox presentó este martes dos recursos a las últimas restricciones del Consell: uno contra el auto del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) que permite que la Generalitat mantenga el toque de queda a pesar del fin del estado de alarma; y otro contencioso-administrativo contra el Gobierno autonómico por limitar derechos fundamentales como la libre circulación de personas. 

Unos recursos que, de prosperar, podrían propiciar la suspensión del toque de queda autorizado por el alto tribunal valenciano a las puertas del primer fin de semana sin cierre perimetral en seis meses, en el que se espera una alta afluencia de visitantes de otras CCAA.