Rus junto a Medina y Caturla en una imagen de archivo. Foto: EPVALÈNCIA (EP). El conocido como caso Imelsa, que se destapó hace ahora cinco años y que afecta, entre otros cargos públicos, al expresidente de la Diputación y del PP de Valencia, Alfonso Rus, y al subdelegado del Gobierno en Valencia, Rafa Rubio, ha pasado por varios altibajos judiciales y en los últimos meses está cogiendo carrerilla: se han dictado tres autos de procesamiento desde enero.
Fue en 2014 cuando Esquerra Unida llevó a la Fiscalía unas grabaciones efectuadas por el autodenominado 'yonki del dinero', Marcos Benavent, en las que se destapaban supuestas irregularidades en Imelsa, y en enero de 2016 cuando se practicaron las primeras detenciones.
En total, una decena de piezas en este procedimiento, una de ellas muy mediática que se llevó por delante a casi todos los concejales del PP en el Ayuntamiento de València por un presunto blanqueo de capitales de 50.000 euros, el llamado 'pitufeo'. Se trata de la pieza A, cuya instrucción está acabada.
Y desde enero de este año también se han dictado autos de procesamiento en tres piezas más: el primero, en enero, en relación con Thematica; el segundo y el tercero en esta misma semana y son los relativos a los 'zombies' de Imelsa y Ciegsa y al 'call center'.
Sobre Thematica, la pieza sobre la que se ha dictado el primer auto de procesamiento en esta causa, hay encausadas nueve personas, entre ellas, el exgerente de Imelsa Marcos Benavent y el exvicepresidente de la Diputación de Valencia y exalcalde de Moncada con el PP Juan José Medina.
Se ha investigado la posible existencia de un concierto entre determinados miembros de la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento --en manos entonces de la fallecida María José Alcón-- y el investigado Rafael García Barat, administrador único de Thematica, para adjudicar contratos de manera discrecional en 2008 y 2009, concretamente en relación con el servicio de Bibliobús a mercantiles relacionadas este último.
Aunque García Barat era el administrador, Benavent tenía participaciones (cerca de un 40%) en la empresa a través de un contrato privado que no llegó a formalizarse en el Registro Mercantil.
El presupuesto real para la ejecución del Bibliobús era de 89.431 euros, por lo que debía de haber sido sacado a oferta pública. Sin embargo, se fragmentó en importes inferiores a 18.000 euros, importe máximo para ser considerado contrato menor, que se adjudicaron a otra empresa de García Barat, Liberty Iceberg, y a Thematica. La jueza estima que en este caso el perjuicio económico ocasionado al Ayuntamiento de València ascendió a 53.364,18 euros, al ser el coste real de los servicios prestados para el Bibliobus de 35.955,38 euros.
La segunda pieza que cuenta con auto de procesamiento --se trata realmente de dos piezas, puesto que se aglutinaron, la B y la F-- está relacionado con los 'zombies' en Imelsa y Ciegsa y se dirige, entre otros, contra Rus y el actual subdelegado del Gobierno en Valencia, Rafael Rubio, entonces diputado provincial.
También está encausado el ex secretario autonómico Máximo Caturla; el exdiputado provincial Salvador Enguix (PP), dos exalcaldes y un exconcejal. Se estima que Rus, su entonces jefe de gabinete, Emilio Llopis, Benavent y Caturla utilizaron Imelsa "en beneficio propio" y contrataron a trabajadores "para responder a favores solicitados por terceras personas".
La tercera pieza que cuenta con auto de PA es la D, relativa a presuntas irregularidades detectadas en la adjudicación y prestación de un servicio de 'call center'.
En ella están procesados el propio Rus, Benavent y otras seis personas más. Los hechos se remontan a mayo de 2013, cuando Imelsa adjudicó a Servimun SL el contrato para la prestación de servicios a través de un centro de atención multicanal (telefónica y telemática) a los contribuyentes de los municipios que delegaban en la corporación provincial la gestión y recaudación tributaria. De acuerdo con la información recabada por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, la adjudicataria percibió de Imelsa entre agosto de 2013 y enero de 2016 un total de 930.000 euros por este contrato.
Tras este empujón, quedan pendientes de resolver otras piezas relacionadas con el supuesto blanqueo de 1,8 millones de euros que Rus pudo realizar a través de un entramado societario con sede en Brasil mediante la compraventa simulada de acciones; los contratos de la Concejalía de Cultura dirigida por María José Alcón para la rehabilitación de las Torres de Quart, los puentes de Serranos y ediciones de La Mostra; y la investigación abierta por presunto alzamiento de bienes y blanqueo de capitales de Máximo Caturla, entre otras.
