La UCO interviene dos coches de la marca Audi en el garaje de la vivienda de Zaplana. FOTO: VPVALÈNCIA. La trama corrupta imputada por blanqueo de capitales en el caso Erial, que investiga el presunto amaño de los contratos de las ITV y del plan eólico mientras Eduardo Zaplana era presidente de la Generalitat, retornó a España a juicio de la Unidad Central Operativa cerca de tres millones de euros. Para evitar ser detectados, los investigados blanquearon el dinero con la compra de diversos inmuebles, entre ellos un piso en Madrid o dos en Altea, un yate y varios coches de alta gama.
En el auto de decomiso de la magistrada instructora del caso Erial que ofreció Valencia Plaza en exclusiva, la juez ya esbozaba que la trama había comprado con dinero ilícito varias propiedades y vehículos. Ahora, el sumario, remata aquellos indicios que llevaron a la investigadora a decomisar casi 7 millones de euros entre efectivo, pisos y coches de los imputados.
Los imputados adquirieron dos Audis -de Zaplana-, un Land Rover, un BMW, un Volvo, un Honda y un Smart y diversas propiedades que la juez dijo que habían sido obtenidas con dinero de procedencia ilícita en Alicante (6), Altea (2), Benidorm (12), Polop (1), Dénia (2), La Vila Joiosa (3), Águilas (1), Jumilla (2), Madrid (1) e Isla Cristina y la Redondela (1). La más cara es una manzana completa en La Vila con un valor catastral de 556.000 euros, y la más barata, una plaza de garaje en Benidorm valorada en 5.000 euros.
Además, el sumario también habla de dos yates, uno de los cuales habría sido comprado entre ocho personas, tres de las cuales: Zaplana y dos testaferros Juan Francisco García y Joaquín Barceló, están como investigados en el caso Erial. Los barcos son el Loix (16,3 metros) y el Ubi Bene (22,2 metros), que la Unidad Central Operativa cree que pertenecen al expresidente, pero están a nombre de sus testaferros.
Otra de las mecánicas utilizadas con asiduidad para lavar el dinero era la compraventa de inmuebles. Entre dichas operaciones destaca la compra de un piso en Madrid ubicada en la calle Núñez de Balboa que fue adquirida en 2010 por 1,5 millones de euros por parte de una de las sociedades bajo sospecha, Costera del Glorio, que recibía a su vez los fondos en B procedentes de Imison Internacional, la sociedad radicada en Luxemburgo que controlaba Beatriz García Paesa y que está vinculada a la familia Cotino.
Estos movimientos de dinero negro se habrían realizado, a juicio de la UCO, “con la intención de velar la identidad del beneficiario o beneficiarios de los fondos”, y añaden que “lo que se ha podido evidenciar a lo largo de la investigación es la posible participación velada de Eduardo Zaplana”.
Pero volviendo al piso de Madrid, los miembros de la UCO hicieron seguimientos físicos, pinchazos telefónicos y fotografías para conseguir acreditar la transacción. Es más, llegaron a solicitar autorización para poner un micro de ambiente en el despacho de Zaplana en Telefónica, algo a lo que la magistrada se negó. Tras los seguimientos, los policías acreditaron que la operación se había realizado con el fin de que el inmueble fuera vendido para que Zaplana dispusiera de dinero ‘retornado’. El piso se vendió por 1,2 millones a un familiar de uno de los testaferros.
Los agentes definen en el sumario la operación como: “una posible reinversión de los fondos de la venta mediante la compra de otros o mediante la realización de operativas fraudulentas (como facturación ficticia) que permitan su canalización hasta el verdadero titular de la vivienda (Zaplana)”.
El expresidente valenciano y exministro de Trabajo fue detenido el pasado 22 de mayo a la salida de su domicilio en València. Según sospechan los investigadores, Zaplana, y los que la Policía considera sus testaferros, Joaquín Barceló y Francisco Grau Jornet, así como el resto de investigados entre los que destacan el exconseller y ex director general de la Policía Juan Cotino; el ex jefe de gabinete de Zaplana Juan Francisco García; su secretaria, Mitsouko Henríquez, y su mujer, Rosa Barceló, están imputados en diferente medida por delitos como cohecho, prevaricación, malversación, blanqueo de capitales, tráfico de influencias, fraude en la contratación, delito fiscal, falsedad documental y de formar una asociación ilícita y un grupo criminal organizado para delinquir.
En el caso Erial se investiga, entre otras actuaciones, el presunto cobro de comisiones derivadas de la concesión de las Inspecciones Técnicas de Vehículos (ITV), realizadas en 1997 durante la gestión de Zaplana al frente de la Generalitat, y del Plan Eólico de la Comunitat Valenciana, puesto en marcha en 2003.
La Fiscalía Anticorrupción, la magistrada y la Guardia Civil rastreaban el supuesto blanqueo de casi once millones de euros en comisiones ilegales recibidas presuntamente por la adjudicación de los citados contratos públicos.
