Mónica Oltra. Foto: GVAVALÈNCIA. La semana pasada Compromís denunció un presunto pelotazo de 48 millones de euros por la privatización de la Inspección Técnica del Vehículo (ITV) y la inclusión de la prueba de ruido en este examen. Un test que se convirtió en obligatorio en febrero de 2004 en la Comunidad Valenciana cuando el exconseller de Territorio Rafa Blasco lo impulsó mediante decreto para controlar el sonido provocado por vehículos a motor. A juicio de la coalición valencianista, la prueba habría sido creado para enriquecer a familiares del exconseller popular.
El cuestionamiento de la coalición formada por Bloc, Iniciativa y VerdsEquo -que ha llevado a Fiscalía diversa documentación sobre esta presunta trama- no es nuevo. En 2013 el diputado Fran Ferri censuró que esta prueba era "inútil" por impedir la liberalización del sector y criticó que era un invento de Blasco para crear un gran negocio relacionado con "nombres de amigos personales o empresas como Sedesa, vinculada a la familia Cotino".
A pesar de las críticas, el actual Ejecutivo formado por PSPV y Compromís no han derogado la sonometría, que solo resulta obligatoria en la Comunitat Valenciana y no en el resto de España. Así, la portavoz del Consell, Mónica Oltra, aseguró este viernes en la rueda de prensa tras el pleno del Consell que el Gobierno valenciano analiza la forma de eliminar este elemento de las ITV, pero que lo hace con pies de plomo para no ocasionarle un quebranto económico a la Generalitat.
Según Oltra, después de que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) estimara parcialmente el recurso de una concesionaria contra la decisión del Consell de Alberto Fabra de rebajar en un 17% las tarifas de este servicio, el Ejecutivo valenciano dejó "en standby cualquier tipo de modificación de la normativa que a la luz de la sentencia pudiera generar más quebranto a la Generalitat en forma de indemnizaciones".
Desde entonces, –la sentencia fue publicada en junio de 2017–, aseguró Oltra que Industria y Medio Ambiente analizan la forma de hacerlo. Un año y medio de reflexiones para hallar una fórmula sin que, de momento, haya dado ningún fruto. En realidad, el TSJ reconoció la legitimidad del Consell para revisar los precios del contrato, pero estimó el recurso por falta de un estudio económico obligatorio para justificar la medida.
Según Oltra, eliminar ahora la prueba de sonometría podría generar un quebranto económico a la Generalitat porque "a mitad de la concesión no se pueden cambiar las reglas del juego". Sin embargo, tal y como denunció Compromís, la prueba de sonometría no estaba en el contrato original con las concesionarias, redactado en 1998, sino que fue añadida seis años después por el conseller Rafael Blasco con el consiguiente incremento del coste de la revisión y de los beneficios de las concesionarias.
Ahora bien, en este punto conviene recordar que la dirección general de Industria -que ocupa el PSPV- remitió en mayo de 2016 un comunicado a la dirección general de Cambio Climático y Calidad Ambiental que ocupa Joan Piquer (Compromís) para requerirle la supresión del test de ruido en las ITV valencianas como inspección técnica obligatoria. Entre otros motivos, por contravenir la normativa estatal.
Si bien es cierto que la sentencia fue publicada después de esta petición, también lo es que en mayo de 2018 -dos años después de la primera toma de contacto entre ambas áreas del Ejecutivo y uno desde el fallo del tribunal-, Industria realizó la misma petición que había hecho la primera vez: que Medio Ambiente derogara este decreto, ya que era competencia suya.
Es decir, trató de retomar el tema que había quedado en el aire desde que se publicara la sentencia, pero no obtuvo respuesta por parte del departamento que dirige Elena Cebrián, según trasladan a Castellón Plaza. Una falta de comunicación que pone en cuestión que realmente ambas áreas del Ejecutivo lleven desde junio de 2017 analizando la manera de suprimirlo.
A colación de la rueda de prensa que ofreció la semana pasada Fran Ferri, el departamento que ahora dirige Empar Martínez lo intentó por tercera vez, pero hasta este viernes había obtenido el mismo desenlace que las veces anteriores: silencio por respuesta. La misma falta de respuesta con la que se ha topado Castellón Plaza en la Conselleria, a pesar de las reiteradas preguntas.
Por otra parte, cabe recordar que la Conselleria de Medio Ambiente que dirige Elena Cebrián respondió a través de una pregunta parlamentaria al diputado no adscrito David de Miguel en noviembre 2018 -seis meses después de la segunda petición de Industria- que la valoración del Consell de la prueba de sonometría era "positiva", por lo que quedó en entredicho la intención real de suprimir el decreto de 2004.
La introducción de la prueba de ruido en la ITV valenciana supuso un aumento de las tarifas considerable -ocho euros de inicio, que fue incrementándose cada año hasta alcanzar 9,3 en 2012-, lo que situó la inspección en la Comunitat Valenciana como la más cara de España, por encima de los 63 euros para un turismo.
En su rueda de prensa de la semana pasada, el portavoz de Compromís en el Parlamento valenciano denunció el presunto "pelotazo" de casi 48 millones de euros en la privatización del servicio de ITV, el posterior "tarifazo" que supuso la inclusión de la sonometría en este examen y la reventa de la concesionaria con la que se habría beneficiado la empresa participada por la hijastra Blasco, María Consuelo Salom Císcar.
Una operación que habría comenzado en 1998, según Ferri, cuando el Consell de Eduardo Zaplana decidió privatizar el servicio de Inspección Técnica de Vehículos y dividirlo en cinco lotes. Resolución que la Sindicatura de Comptes contempló en su informe de 2017 que se había adoptado sin los informes pertinentes para ello.
Según Compromís, el primero de estos lotes fue adjudicado a Sedesa (grupo vinculado a la familia Cotino); el segundo a Lubasa y Bancaja; el tercero a Aguas de Valencia; el cuarto a Atecsa, y el quinto a Pavasal y Mayve. En aquel momento, Salom Císcar contaba con participaciones en la firma Grupo Tempero 9000, que en 1999 -un año después de la privatización- se hizo con el 99,96% del capital social de Atecsa al comprar las acciones de Textiles Prieto, Jucoba y Tras Internacional.
Junto a Salom Císcar, formaban parte de ese grupo empresarial otros accionistas como Juan Ramón Ferris Tortajada, vinculado con Blasco; Gregorio Martínez Tolosa (de Sepiva), y Luís Juárez Argente (de Ruralcaja).
Así, la sociedad participada por la hijastra del exdirigente popular se habría beneficiado, como el resto de adjudicatarios, de la decisión adoptada por el propio Blasco en 2004, pues la prueba de sonometría derivó en un incremento de las tarifas que no estaba contemplada en el pliego de condiciones.
