VALÈNCIA. (EP). El bloqueo político en España, con un gobierno en funciones tras la investidura fallida de Pedro Sánchez y con presupuestos prorrogados, tiene un coste para la Comunitat Valenciana que ronda los 1.800 millones de euros, sumando las entregas a cuenta no recibidas, por la liquidación del IVA, la financiación de la dependencia, la condonación de la deuda de la Marina de València, así como por las inversiones que contemplaba el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) que fue tumbado en el Congreso y que condujo al adelanto electoral.
En lo que respecta a la financiación, los datos consultados por Europa Press reflejan que al no haber PGE no se pueden actualizar ahora las entregas a cuenta, lo que le supone a la Comunitat Valenciana 450 millones de euros. En el conjunto del país, esta cifra llega a los 4.739 millones. Este dinero no se perderá, porque se cobraría dentro de dos años con la liquidación.
Sobre esta cuestión, la Generalitat de Catalunya abría este miércoles el debate al anunciar medidas legales contra el Gobierno central para reclamar el pago de esas entregas a cuenta. Preguntado al respecto, el presidente valenciano, Ximo Puig, indicó que no sabe si la vía judicial "es la correcta" para abordar la financiación de las comunidades y apuntó que la Comunitat Valenciana está "por el diálogo y por la solución más que hacer partidismo y confrontación" sobre este tema.
"Yo creo que tenemos que ir al fondo de la cuestión y es que debe haber un gobierno que tenga competencias y capacidad para poder sustentar una financiación justa. Y para eso es bastante importante que haya un gobierno, no un gobierno en funciones", añadió Puig, que agregó que "hubo una voluntad" por parte de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, para que las comunidades pudieran contar con esa actualización, pero "parece ser que la Abogacía del Estado no lo permite".
Además, al no haber salido adelante los PGE que planteó el Ejecutivo socialista para el presente ejercicio, la Comunitat Valenciana no puede disponer de las medidas que incorporaba el proyecto económico, que incluían 281 millones de la mensualidad del IVA de diciembre de 2017 que no recibió, como el resto de autonomías, otros 237 millones por las dos décimas del déficit pactado con Bruselas, 450 millones por el incremento de las inversiones, 373 millones por la condonación de la deuda de La Marina de València y otros 50 millones por la financiación del sistema de dependencia.
Antes del debate de los PGE el 'president' Puig ya advertía de la importancia de que las cuentas recibieran luz verde en la Cámara Baja, señalando entonces que un 'no' tendría "tendría un coste económico grave de más de 1.000 millones de euros" para los valencianos.
Una vez se consumó el rechazo, criticó que "la triple alianza entre la derecha y los independentistas" hubiera "robado a los valencianos 1.400 millones de euros". "Eran los mejores presupuestos de la historia, unas cuentas que "mostraban hechos, realidades con la Comunitat Valenciana", dijo un par de meses después, destacando la necesidad de certezas: "Necesitamos un gobierno, necesitamos un Presupuesto y desde luego necesitamos que haya certidumbre, confianza".
El pasado viernes, Puig incidió en que la ausencia de gobierno y de PGE le está costando a la Comunitat Valenciana dinero y no quiere que se traduzca en "ningún recorte" en el estado de bienestar aunque "en las próximas semanas" se tendrá que adoptar "algún tipo de decisión".
"Necesitamos un Gobierno, obviamente, y necesitamos que se salga de este impasse, que es muy negativo para los ciudadanos. Esto no es un juego de tronos, esto es una realidad cotidiana, el Estado social está asociado a las comunidades. Por tanto, si se genera inestabilidad y falta de respuesta económica al final quien lo paga son los ciudadanos", advertía.
Sobre esos ajustes a realizar ha sido preguntado esta misma semana y el jefe del Consell ha indicado que se está trabajando a nivel técnico desde la Conselleria de Hacienda que dirige el socialista Vicent Soler, y quiso dejar claro que ningún ajuste va a afectar al Estado del Bienestar, a ámbitos como la dependencia, la sanidad o la educación.
Se trata, apuntó, de dar respuesta a un problema de base, "que España no tiene presupuestos". "Tenemos que tomar decisiones, a cualquier gobierno se le debe exigir siempre responsabilidad y el valenciano va a actuar con responsabilidad y para intentar garantizar los mejores servicios públicos", aseveró.
Así, se verá si hay algunas partidas determinadas cuyo gasto se puede trasladar al año que viene y con los "escasos" recursos disponibles "intentar priorizar las cuestiones fundamentales, que tienen que ver con la sanidad, la educación y la protección social". Según indicó, no hay aún una cifra cerrada.
