VALÈNCIA. (EP). Un informe de los letrados del Congreso ha certificado que la Diputación Permanente de la Cámara puede convalidar los decretos leyes aprobados por el Gobierno de Pedro Sánchez, pero también ha abierto la puerta a modificarlos en plena campaña electoral, algo de lo que hasta ahora no había precedentes.
Según los servicios jurídicos, la Diputación Permanente no sólo está capacitada para convalidar los decretos leyes sino que también podrá tramitarlos como proyectos de ley, permitiendo que puedan ser modificados en el Congreso o en el Senado antes del 21 de mayo, que es cuando se constituyen las nuevas Cortes.
Esa tramitación la puede pedir cualquier grupo y debe ser aprobada por mayoría en la Diputación Permanente, el único órgano parlamentario que permanece en funcionamiento y que asumiría todos los trámites posteriores en lectura única.
El dictamen, que había sido solicitado por la Mesa que preside Ana Pastor ante la disolución de las Cortes, se ha examinado este miércoles y ya hay un grupo parlamentario, el de Ciudadanos, que ha anunciado que pedirá que todos los decretos leyes del Gobierno sean tramitados como proyectos de ley.
Según ha explicado el representante de Ciudadanos en la Mesa de la Diputación Permanente, Nacho Prendes, "ni siquiera" el Gobierno de Pedro Sánchez puede hurtar al Congreso su facultad para modificar los decretos leyes. A su juicio, con ese "atropello" el PSOE sólo busca un uso "electoralista" de los decretos.
Hasta ahora, el Gobierno ha remitido a la Cámara cuatro decretos leyes que están pendientes de convalidación: las medidas para preparar el Brexit, la regulación del mercado de la vivienda, los cambios en igualdad entre los que se incluye la ampliación del permiso de paternidad, y un paquete de medidas de protección social como la regulación del subsidio de desempleo para mayores de 52 años.
Conforme al artículo 57.1 del Reglamento del Congreso, en casos de disolución de las Cortes, la Diputación Permanente asume "todas las facultades" que la Constitución atribuye a la Cámara en relación con los decretos ley. Ello garantiza que no hay ningún momento de vacío de poder en el Poder Legislativo.
Por tanto, estos cuatro decretos leyes y los nuevos que pueda aprobar el Gobierno se debatirán en próximas semanas, presumiblemente a finales de mes, en la Diputación Permanente del Congreso, que decidirá si los convalida o, si el Ejecutivo pierde la votación, los deroga.
El Congreso ha pedido un informe jurídico sobre el decreto ley que amplía los permisos de paternidad ante las dudas de constitucionalidad planteadas por Ciudadanos. La norma, cuya entrada en vigor está programada para el 1 de abril, no ha podido ser calificada por la Mesa de la Cámara, que este jueves volverá a reunirse para examinar el dictamen de los letrados.
Según ha explicado el representante de Ciudadanos en la Mesa del Congreso, Nacho Prendes, el decreto ley del Gobierno alega que modifica la Ley Orgánica de Igualdad de 2007 y la legislación prohíbe que las leyes de rango orgánico puedan ser modificadas por una norma extraordinaria como el decreto ley.
En concreto, el artículo uno del decreto ley recoge la modificación de dos artículos de esta norma en lo referente a la elaboración de planes de igualdad por parte de las empresas.
El Gobierno cambia el artículo 45 para extender hasta las empresas de cincuenta trabajadores o más la obligatoriedad de negociar y aplicar estos planes. Hasta ahora, sólo era imperativo para las compañías de más de 250 empleados, mientras que en el caso del resto era una iniciativa opcional.
Además, hay modificaciones en el artículo 46 para la creación de un Registro de Planes de Igualdad de las Empresas, dependiente de la Dirección General de Trabajo, en el que deben quedar registradas todas las compañías con este programa. Y se recoge el desarrollo de un reglamento que servirá para determinar las materias, las auditorías salariales y los sistemas de evaluación y seguimiento de los planes de empresas, así como lo relativo a la constitución, características y condiciones, inscripción y acceso al nuevo registro.
Y, de acuerdo con el informe de los letrados, podrá haber una segunda votación en cada uno de ellos para decidir si, además, son tramitados como proyectos de ley para abrir la puerta a introducir cambios. Los grupos parlamentarios podrán presentar una enmienda de totalidad con un texto completo alternativo o bien enmiendas parciales para modificar cuestiones puntuales.
En todo caso, esa tramitación deberá ser rápida y completarse antes de que el 21 de mayo se constituyan las nuevas Cámaras, pues en caso contrario ese proyecto de ley decaerá y sólo quedará en pie el decreto ley original que fue convalidado por el Congreso.
Será por tanto, una tramitación por la vía de urgencia, lo que supone acortar los plazos de enmiendas a la mitad (se habla de una semana), y en lectura única, concentrando todos los debates y votaciones en la Diputación Permanente, fundamentalmente porque ya no existen ni ponencias ni comisiones parlamentarias.
Y la tramitación no acabará en el Congreso, sino que después el proyecto de ley se enviará al Senado, donde se reproducirá el mismo esquema y, si hay nuevos cambios, deberá volver al Congreso para votarlos.